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- 22/01/2015 01:00
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¿ Por qué un inversionista extranjero, sin experiencia en valores, consideraría atractiva la compra de una empresa investigada por el ente regente, envuelta en un fraude millonario y un escándalo financiero que le había dado la vuelta al mundo en el que se vinculaba al mandatario de turno, Ricardo Martinelli?
El 30 de mayo de 2013 se cerraba un capítulo para la casa de valores Financial Pacific. Desde ese momento, los nuevos directivos de la empresa —Ricardo Sampaio, Joao Santana, Josué Absalón Chávez, Octavio Souto y Rogero Pereira, del grupo Mendo Sampaio— tenían por delante uno de los retos profesionales más interesantes de sus carreras: administrar Financial Pacific.
Para esa fecha, esta empresa enfrentaba tres procesos penales, uno de ellos por fraude, iniciado por los mismos exdirectivos en contra de una de sus colaboradoras.
En aquel momento, los nuevos dueños aseguraron a la prensa que habían optado por comprar un negocio en funcionamiento pensando que ello los libraría de muchos sinsabores.
Es posible que Sampiao se dejara llevar por la idea de que adquirir una compañía en operaciones sería más rentable que empezar una nueva, aunque para este último caso solo se habría requerido de $400 mil, de acuerdo con la ley panameña de valores.
‘Pagaron un precio irrisorio por Financial Pacific; fueron como $200 mil o $300 mil’, reveló Jorge Hernán Rubio, abogado del grupo brasileño.
Los nuevos propietarios concibieron un horizonte prometedor para una casa de valores a la que solo cuatro meses atrás la Superintendencia de Mercado de Valores había cancelado indefinidamente la licencia de operaciones. La empresa se había salvado de ser liquidada mediante un depósito millonario que logró tapar el hueco financiero que la ahogaba y permitió proceder con la venta del negocio.
¿Qué movió a los brasileños a adquirir Financial Pacific? ¿Por qué no hubo un éxodo masivo de cuentas?
Rubio asegura que ‘los brasileños pensaban hacer un gran negocio con los valores producto de las exportaciones de azúcar que realiza el consorcio en Brasil’.
Lo curioso es que la ley de valores en Panamá restringe la compra y venta de azúcar física. Podrían, en su lugar, trabajar con contratos a futuro.
Desde que Financial Pacific inició operaciones hasta su liquidación, en julio de 2014, no había efectuado una sola transacción de este tipo, informó una fuente ligada al ramo.
Rubio aseguró que la intención era ‘manejar sus propios valores a través de su propia casa’.
Pero no eran expertos en el negocio, reconoció el abogado, agregando que el papá del inversionista, Sampaio, tenía un banco en Brasil, además de ingenios y sembradíos de caña de azúcar y derivados de la caña.
Pero, ¿qué habría impedido al grupo hacer este tipo de transacciones en Brasil? ¿Por qué buscar un negocio, víctima de un fraude, en Panamá para este propósito?
A Juan Manuel Martans, director de la SMV, le llama la atención, por ejemplo, que Financial Pacific tuviera cuentas jugosas que nadie ha salido a reclamar, y para las que no figura un responsable. ‘Una cuenta siempre debe tener una persona responsable, por lo menos el que abrió la cuenta. Puede ser también una sociedad anónima’, dijo Martans.
El que haya cuentas sin persona responsable es, para Martans, indicio de que podría haber algo más que el fraude que pende en el sistema judicial desde mediados de octubre de 2012.
‘Nuestra obligación es asegurarnos de que la gente que está al frente de la casa llame a los inversionistas y los ponga al tanto del proceso; que estos conozcan el saldo registrado y retiren su dinero. Si no acuden, ese dinero seguirá un proceso establecido’, indicó Martans.
Rubio tiene una explicación para esto: ‘Parte del reclamo que hace la SMV se relaciona con los clientes incompletos. Estábamos en proceso de cerrarlos; incluso íbamos a depositar (el dinero) en un Tribunal porque no hubo forma de completar los expedientes. Hay aproximadamente $9 millones registrados en sociedades con la documentación incompleta’.
Hasta el momento, solo han presentado sus acreencias 75 de los 185 inversionistas —personas naturales y jurídicas—, que mantenían cuentas abiertas. Es decir, solo un 40% de los inversionistas están anuentes a los dineros que les pertenecen y al proceso de liquidación. Esto último, según publicaciones producto de la liquidación.
En comparación con otros casos similares de otras partes del mundo donde las filas de clientes dan vueltas a la manzana, en Panamá pocos asomaron la cara.
¿Por qué la mayoría de los clientes se han negado a conocer el destino de sus dineros?
Si la SMV hubiera procedido a liquidar Financial Pacific en el 2012, y una instancia judicial hubiera tomado control de la casa de valores, se hubiera podido rastrear a los propietarios de las cuentas y ponerles un rostro. Pero los $12.2 millones depositados por West Valdés a la cuenta de Financial Pacific en Banco Universal detuvieron este proceso.
Posteriormente, un amparo de garantías admitido por el ahora magistrado separado Alejandro Moncada Luna detuvo el proceso de reorganización iniciado por la SMV, y devolvió a los dueños el control de la empresa.