Nuevo Código Procesal Civil busca reducir de 10 a menos de tres años los procesos

Las reformas al Código Procesal Civil están por cumplir un año desde su implementación a nivel nacional. Este martes 18 de agosto, el Órgano Judicial presentó un balance de los resultados obtenidos y sus objetivos a futuro.

El magistrado Olmedo Arrocha, presidente de la Sala Primera de lo Civil, ha liderado el proceso de implementación del nuevo sistema. Señaló como bajo el sistema anterior los tiempos de espera para resolver una causa civil demoraban entre 2 a 3 años en primera instancia, 3 a 4 años en apelaciones y entre 2 y 3 años para casación. En total, un proceso podía demorar hasta 10 años en resolverse.

En 2023 se aprobó una ley reformando el sistema, y uno de los objetivos fue reducir los tiempos legales. De acuerdo a Arrocha, ahora se debe resolver en 1 año máximo la primera instancia del proceso, en 6 meses la apelación y en 1 año la casación. De cumplirse estos tiempos, en menos de tres años se deberían resolver todas las instancias legales.

Las estadísticas recopiladas por el Órgano Judicial entre octubre de 2025 (cuando entró en aplicación el nuevo sistema a nivel nacional), se han registrado 28,946 ingresos, de los cuáles se ha logrado resolver el 27.2%.

“No quiere decir que estamos atrasados”, aclaró Arrocha. “La norma del Código Procesal Civil establece que la primera instancia debe demorar no más de un año, con consecuencias materiales para el juez que no justifique por qué la demanda. Pero ese año se cuenta a partir de la notificación de la demanda”.

Uno de los retos que enfrenta el nuevo sistema es la liquidación de los procesos pendientes. De los 46,118 expedientes recibidos del sistema anterior, se han logrado liquidar unos 20,751, es decir el 45%.

“Con un poquito más de impulso, en un año, un año y medio, hemos terminado la liquidación. Eso es lo que dicen los números. El modelo está funcionando, sin embargo, requiere continuidad institucional, y esa continuidad también requiere de que recibamos los recursos suficientes que están totalmente sustentados en los números”, afirmó el magistrado Arrocha.

También resaltó el rol de los 2,678 jueces adjuntos, quienes ahora tienen la competencia para evaluar las medidas cautelares.

En el caso del derecho procesal civil es una figura procesal a través de la cual se solicita la cautelación de bienes a la persona demandada para asegurar el pago en caso de vencer en la demanda.

“El tema era que era demasiado liberal y se prestaba para muchas injusticias. Era un incentivo perverso, porque muchos demandaban como algo accesorio a la medida cautelar, porque en verdad la medida cautelar era el objetivo principal, para ver cómo con la medida cautelar lograban someter a la contraparte”, detalló Arrocha. “Éramos como una especie de ventanilla de trámite, porque bastaba con que yo le dijera al juez, voy a demandar a tal persona y quiero que ponga una fianza. Y el juez automáticamente eso era lo que hacía, no tenía que ver absolutamente más nada. Eso se podía prestar para abusos”.

Ahora, los jueces adjuntos pueden revisar y asegurarse que la causa sea verosímil. En total, el 91% de las solicitudes de medidas cautelares fueron aprobadas por jueces adjuntos. De acuerdo a Arrocha, esto muestro que los jueces no están obstaculizando el proceso, pero que sí se está filtrando y revisando correctamente la aplicación de las medidas cautelares.