Organizaciones civiles cuestionan gasto en armas del Ministerio de Seguridad

Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el millonario gasto en armamento y municiones realizado por el Ministerio de Seguridad durante los primeros nueve meses del actual gobierno.

Así como reveló La Estrella de Panamá en su investigación publicada en la pasada edición, ‘Armas, municiones y escudos, las compras del Ministerio de Seguridad’, las autoridades han destinado aproximadamente $212 mil en la adquisición de armamento, municiones y equipos de disuasión civil, cifra que representa un incremento del 2020% en comparación con el gasto ejecutado por la administración de Laurentino Cortizo durante el mismo periodo de tiempo.

Entre los equipos comprados destacan subfusiles, fusiles de asalto, rifles de francotirador, municiones de alto calibre, escudos antimotines y otros accesorios tácticos. La mayoría de estas adquisiciones han sido adjudicadas a la empresa Panama Guns & Ammo Inc.

Además, se adquirió entrenamientos especializados, como cursos para escoltas de alto perfil y técnicas de tiro, sumando varios miles de dólares adicionales al presupuesto destinado a la seguridad.

No obstante, esta fuerte inversión en equipos de seguridad contrasta con las cifras de criminalidad registradas en el país, que siguen siendo alarmantes: 434 homicidios, 12.781 hurtos y 3.828 robos entre julio de 2024 y marzo de 2025, según estadísticas del Ministerio Público. Esto representa un promedio de casi 48 homicidios por mes, en un país con menos de cinco millones de habitantes.

Más allá de esto, existe la preocupación de que el armamento utilizado en las protestas y paros que desde inicio de año han tenido lugar en diferentes sectores de la ciudadanía. En este sentido, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana hizo énfasis en que “el Estado está llamado a proteger no a reprimir”.

“La búsqueda de soluciones a través del diálogo es tan importante en una democracia como el orden público. Hacemos un llamado al gobierno y a los actores sociales para que encuentre las vías al diálogo, la democracia participativa lo requiere”, señaló Olga De Obaldía, directora ejecutiva de esta organización a La Decana.

Por otro lado, la Cámara Panameña de Desarrollo Social (Capadeso), aunque reconocieron la necesidad en este tipo de inversión, señalaron la necesidad de no solo invertir en armamento sino en políticas y planes que ayuden a disminuir la criminalidad que afecta a los panameños a diario.

“Consideramos fundamental que estas inversiones vayan de la mano con una estrategia integral que incluya programas de prevención de la violencia, rehabilitación social y fortalecimiento del tejido comunitario. Solo así podremos construir una seguridad sostenible y duradera”, explicó Eileen Ng Fábrega, directora ejecutiva de Capadeso.

Sin embargo, en la investigación publicada por este medio, se señaló que el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino ha defendido su estrategia de seguridad, enmarcada en el llamado ‘Plan Firmeza’, argumentando que se han logrado contener ciertos delitos.

El mandatario también ha responsabilizado al Sistema Penal Acusatorio (SPA) por la liberación de detenidos tras audiencias, lo que —según él— mina los esfuerzos policiales.

Pero expertos como el sociólogo Fernando Murray, de la Universidad de Panamá, advierten que el incremento en la inversión en armamento no garantiza una reducción del crimen. Señala que la lucha contra la violencia requiere también de políticas públicas orientadas a la inclusión social, el acceso a oportunidades, el deporte y la cultura en comunidades vulnerables.