Un tratado que levantó el rechazo de parte de la población

Aunque la reivindicación de la soberanía nacional a través de la recuperación del Canal de Panamá era un tema crucial para el pueblo panameño, existieron sectores de la sociedad civil que se opusieron a la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, ya que consideraban que era lesivo a la soberanía y a la dignidad nacional.

Miguel Antonio Bernal, abogado, era parte de aquellos que rechazaban el Tratado. Comenta el también catedrático que en ese momento, en medio del régimen castrense, no había democracia, ni libertad de expresión y la única voz que existía en ese entonces era la de la dictadura militar. Por su oposición, Bernal debió exiliarse en México por un tiempo .

Uno de las muestras de rechazo más dramáticas a los tratados fue la inmolación del periodista panameño Leopoldo Aragón quien se prendió fuego afuera de la embajada estadounidense en Estocolmo, Suecia, el 1 de septiembre de 1977.

Luego de la firma del Tratado, el documento debía ser ratificado tanto en Panamá como en Estados Unidos. En el istmo, la ratificación sería a través de un plebiscito que se realizó el 23 de octubre de 1977 y, en el país del norte, por votación del senado. El grupo opositor panameño, que se movía en la clandestinidad por temor a represalias, aprovechó la circunstancias para exponer sus razones y hacer campaña en contra de los Torrijos-Carter a través de la consigna ‘Bases No’.

Las razones que tenían los opositores para su rechazo era que, consideraban, los documentos, daban continuidad a las bases militares. Según ellos, con el Tratado, se legalizaba que los estadounidenses tuvieran tropas en el territorio panameño.

Al final, la votación arrojó un 64% a favor del ‘Sí’. Sin embargo, el plebiscito estuvo envuelto de extrañas situaciones que ponían en tela de duda su completa veracidad. Por ejemplo, que todo el personal que trabajó en esta jornada fue elegido por el gobierno militar y el hecho de que no se utilizó un padrón electoral. El único requisito para sufragar era presentar la cédula y ya. El difunto abogado, Julio Linares, expuso que para la ratificación de los Torrijos-Carter ‘votaron más panameños de los que se registraron en el padrón electoral de las elecciones siguientes’.

El también abogado, Julio Berríos, dice que, como consecuencia de la aplicación de los Tratados, ‘Panamá aún continúa en las garras de los Estados Unidos’. Berríos considera esto por el hecho de que el ejercito del ‘Tío Sam’ puede intervenir en el istmo, siempre y cuando considere que el Canal de Panamá está en peligro.

El hoy parte del equipo de abogados de Manuel Antonio Noriega se refiere específicamente a la enmienda introducida a última hora por el senador Denis De Concini, la que consagra la posibilidad intervencionista de Estados Unidos en Panamá.

La enmienda, parte del Tratado de Neutralidad, concede al Gobierno norteamericano el derecho a tomar cuantas medidas estime oportunas, incluida la de usar fuerzas militares, para mantener abierto el canal cuando este hecho se vea amenazado por cualquier tipo de alteración y señala que este derecho no deberá ser entendido como una intervención estadounidense en los asuntos internos de Panamá.

El abogado, quien critica la cláusula DeConcini, lamenta aún más que no hay una cláusula en los Tratados que permita que este sea modificado para eliminar este punto donde pone el Canal de Panamá en manos del gobierno estadounidense. Para Berríos, una modificación a la cláusula DeConcini es poco probable porque se requeriría el consentimiento de Estados Unidos y él duda que ellos colaboren.

A pesar de esto, Julio Berríos resalta que el pacto del 7 de septiembre tiene cosas buenas. Por ejemplo, señala que lo positivo de este tratado fue que se consiguió que el Canal sea administrado por los panameños, así como la reversión de los bienes que se habían apoderado los norteamericanos de Panamá como es el caso de los puertos.