El peligro del golpismo

A partir de la caída de la dictadura militar en diciembre de 1989 se ha venido desarrollando en el país una positiva transición democrática. Los procesos electorales celebrados en los años 94 y 99 no estuvieron marcados por el fraude y dieron paso a gobiernos estables y legítimos. La transición registra como hecho alentador el cambio partidista en la cúpula del poder en las dos últimas elecciones presidenciales. Siempre se ha tenido la alternabilidad como un presupuesto esencial en la democracia.

En el pasado político era frecuente el desconocimiento y la burla de la voluntad popular, y los resultados fraudulentos de las elecciones propiciaron el descontento nacional y algunas conjeturas golpistas. Como el objetivo primario de los partidos era tomar el control del gobierno –con o sin votos, pero sí con el respaldo de las balas– se fue creando esa súper estructura llamada Guardia Nacional. Más interesaba su apoyo al fraude que el respeto al resultado limpio de las urnas. La participación popular se fue ignorando, y los cuarteles asumieron un protagonismo creciente en la conducción de la cosa política.

La nación vivió durante muchas décadas la arbitraria conducta de las fuerzas militares y la abominable irresponsabilidad, también delictiva, de muchos partidos y de muchos personajes. Afortunadamente, con el advenimiento de la democracia política, aun cuando fuese formal, quedaron atrás la usurpación del poder y las prácticas totalitarias. También quedó atrás, como gran conquista, la militancia deliberante y activa Fuerza Pública. Durante los quinquenios de Guillermo Endara y de Ernesto Pérez Balladares no hubo brote subversivo alguno, salvo la breve mueca de Eduardo Herrera, ni era tema de nadie especular sobre un golpe de Estado.

Por tanto, la transición democrática que se inició en 1989 se ha venido perfeccionando, y se ajusta a la posición legítima de los demócratas al postular que todo gobernante elegido democráticamente debe terminar su período sin interrupciones, y que no se debe volver a la época en que los encargados del Ejecutivo no tenían períodos fijos y eran reemplazados abruptamente por la camarilla policíaca. Tal posición además de legítima es propia del sistema democrático, es parte de su médula, y se adecúa plenamente a las normas del derecho y a los criterios de los organismos internacionales que tienen el golpismo como recurso anacrónico en la lucha por el poder, y concretamente el golpe de Estado como una incidencia en el manejo político. En el presente prima el criterio entre la gente responsable de que nada podría explicar ni justificar un golpe contra un presidente elegido democráticamente y que se comporta como un demócrata en el ejercicio del cargo; ni nada podría explicar ni justificar un golpe de Estado perpetrado por quienes tienen el poder económico y la asistencia de los servicios de inteligencia extranjeros o ejecutado por quienes son poseedores de las armas. Esta clase de atentados siempre son censurados con dureza en la historia.

Es verdad sabida que el ordenamiento constitucional y legal prevé los procedimientos que deben seguirse dentro del sistema democrático, y en garantía de él, cuando un presidente viola normas que por violarlas se da fundamento al juicio político. Si un grupo de personas se sale del contexto constitucional para trillar en la subversión, lo que lograría ese grupo es un ordinario golpe cuartelario, como ocurrió en el año de 1968 contra el presidente constitucional Arnulfo Arias o un vulgar golpe legislativo como el pretendido contra Enrique A. Jiménez cuando era presidente provisional de la República. Solo deja de ser repudiable la conspiración si enfrenta a un gobernante que llegó al poder como fruto del envenenamiento de las fuerzas del sufragio o se mantiene en él, a sangre y fuego, conculcando las libertades públicas. En ambos casos el alzamiento es un mandato moral irrenunciable.

Las consideraciones que vienen expuestas las traigo a cuento porque siento que el ambiente está sometido a una atmósfera enrarecida, que no se identifica con la transición democrática y que envía señales alarmantes en perjuicio de la estabilidad institucional. En los dos gobiernos anteriores, como queda dicho, no se dieron tales señales, pero en el actual de Mireya Moscoso pueden interpretarse algunos episodios de sus contrarios, no necesariamente políticos, como de dudosa ortografía democrática. Son hechos que pueden tener de por sí un origen inocente, pero unidos con otros de procedencia inequívocamente sospechosa, pueden desembocar en una auténtica rebelión o en un soberano chantaje en beneficio de sus inspiradores. Pero independientemente de su real propósito, se crea de modo inmediato la confusión, que siempre se encuentra en la antesala de otros males.

En las nuevas técnicas de los golpes de Estado se indica cuáles son los medios para desestabilizar. En primer lugar, se examinan cuáles son los problemas que más agobian a los pueblos; se hace una selección y se tiene la inteligencia de establecer prioridades. Se magnifican luego los que causan irritabilidad y los más crónicos. Estos son los que ocupan las pancartas emblemáticas: la seguridad social, la pobreza, el desempleo, la injusticia. Son asignaturas pendientes que van dejando los gobiernos, de años y de años; realidades acumuladas y agolpadas todas de súbito en el rostro del gobierno de turno como deficiencias del tal gobierno, sin que la atmósfera crítica diferencie responsabilidades. Tal es la nueva técnica de los golpes de Estado y es lo que viene ocurriendo en este país. ¿Hacia dónde nos puede conducir esta probable insubordinación? Necesariamente al caos. Porque cuando se satura a la comunidad de malas noticias o de acciones anárquicas, no se busca un voto de castigo en las urnas para el año 2004. Y si paralelamente se le dice al mundo que este país está en la lista negra de los lavadores de dinero, se dice temerariamente que los vicepresidentes, ministros y diputados se entregan a repugnantes relaciones carnales con menores de edad, es porque se prepara el terreno a lo interno y a lo externo para justificar cualquier atentado contra nuestro ordenamiento constitucional y democrático.

Esta campaña de mala fe viene cobrando sus dividendos. Se había pedido la sede para Panamá de la Unicef –organismo consagrado a velar por los niños del mundo– y cuando se considera la petición surgen las informaciones de investigadores especiales, que nos indican como violadores de la inocencia de los niños. ¿La Unicef instalada en “Sodoma”? ¿Coincidencia o manipulación? Se ha llegado a tales extremos de desafíos que, para algunos, solo hay eficiencia en la empresa privada y que por lo mismo, el gobierno debe ser privatizado o algunas parcelas de él. Y todo conduce a perder la fe en nuestra propia personalidad.

Es totalmente contraproducente y negativo que tome aliento cualquier aventura golpista. No podemos vivir otras experiencias, como la ecuatoriana, donde sus identidades democráticas han sufrido traumatismo múltiple. Ni podemos volver a las aventuras propias que solo dieron zozobra, cierre de medios de comunicación, suspensión permanente de las garantías individuales y sociales, brutales viernes negros, derrocamientos presidenciales continuos y decapitaciones de hombres y de instituciones. Hay que valorar lo que tenemos. Hay que comparar con lo que teníamos. Hay que valorar lo que podríamos perder y lo que podría costar recuperarlo. Reorientar y perseverar es tarea de todos. Rectificar lo que debe ser rectificado y ratificar lo que debe ser reafirmado. El empeño de vivir en democracia y en un estado de derecho debe ser siempre reiterado como el gran compromiso de unos y de otros. Es la coraza protectora del sistema contra los peligros reales o imaginarios.

Publicado originalmente el 28 de junio de 2000.