Plan Panamá Solidario es calificado A+ por el contralor, pese a exclusión y clientelismo

Insuficiencia del contenido de las bolsas de comida, debilidad en cuanto a la inclusión o exclusión de personas como beneficiarios y ausencia de políticas públicas que atiendan necesidades en las comunidades. Estos fueron algunos de los resultados que arrojaron las auditorías sociales al Plan Panamá Solidario, el programa estatal de ayuda social en pandemia.

La veeduría de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia católica entregó este lunes a la Contraloría General de la República el informe con los resultados de las auditorías sociales, del cual se desprenden 454 denuncias al plan, siendo los meses de julio y agosto los de mayor incidencia. 

En términos generales, el contralor Gerardo Solís sustentó que durante la pandemia “la Contraloría aplicó el Control de Corrección Previa a un total de $2,682,916,966.69 mediante subsanaciones en 50,071 documentos que brindaron soluciones oportunas a un precio justo y razonable a la necesidad de miles de panameños”. “El programa tuvo una eficiencia del 99.96%. Eso quiere decir que el programa social ha tenido una calificación de A+”, aseguró Solís.

Del total de reportes ciudadanos, 147 se ingresaron a la plataforma “Cuidemos Panamá Solidario” de la Contraloría de los cuales 59 fueron investigados y cerrados y 88 están aún bajo investigación; mientras que 307 fueron valoradas como quejas, informó el director nacional de Fiscalización, Jorge Quijada, en conferencia de prensa.

Hasta el 19 de abril de 2021 en las zonas urbanas y rurales bajo la veeduría al Programa Panamá Solidario se distribuyeron 7.3 millones de bolsas de comida, 3.09 millones de bonos solidarios.

Las provincias con más denuncias fueron:

La mayoría de los casos que se publicaron en la web corresponden a la provincia de Coclé. Los equipos de auditores consideran que estas irregularidades deben ser investigadas por las autoridades, detalla un extracto del informe.

Para la elaboración de este documento, se realizaron 278 giras a 305 corregimientos; es decir, se visitó el 45% de 679 corregimientos del país. Fue en estas visitas de campo que los auditores registraron la insuficiencia del contenido de las bolsas, ya que aunque el Plan Panamá Solidario no pretendía llevar el menú completo a cada familia, se reportaron muchas quejas de que las bolsas no alcanzaban ni para una semana en familias pobres, rurales o indígenas del país.

El programa mostró debilidad, continúa el informe, en cuanto a la inclusión o exclusión de personas en las listas de beneficiarias porque se hizo muy complicado para algunas juntas comunales y juntas técnicas decidir a quién sí y a quién no darle ayuda.

La desproporción entre el valor de la bolsa y los bonos provocó además un alto índice de insatisfacción entre la población beneficiaria.

“En general se evidenció la situación de pobreza permanente y la entrega de bolsas de comida fue percibido por la población, luego de tantos años de abandono, como un acercamiento de las autoridades a la realidad social de las familias”, señala el informe preparado por Rigoberto Pittí Beitia, coordinador nacional de proyectos.

La auditoría social, señala un extracto del informe, permitió observar la ausencia de políticas públicas que atiendan de manera integral las necesidades de las comunidades, sobre todo de aquellas que garanticen la eficiencia y eficacia de los programas como el Plan Panamá Solidario en los territorios donde se implementó.

El proceso de la auditoría permitió determinar, por otro lado, que aunque se observó voluntades y compromiso de algunos funcionarios con el programa “sigue marcando la cultura clientelar por parte de las autoridades locales cuando se trata de la administración de distribución de los recursos del Estado”.

En las giras de campo realizadas por los auditores se encontró, por un lado, que la población en general valora de manera positiva la ayudas del Estado; sin embargo, se constataron varias situaciones irregulares a nivel comunitario, que a muchas familias necesitadas no les llega la ayuda; otras comunidades se han organizado para retirar con sus propios medios la ayuda a los centros de acopio.

A nivel de juntas comunales, donde se han realizado la mayoría de las giras, se percibió, según el informe, que lo más recurrente ha sido el hecho de que prevalece el amiguismo, la discrecionalidad y el favoritismo al momento de llevar las ayudas. 

“Existe preferencia en muchos de los corregimientos hacia familiares, amigos y copartidarios. También se ha percibido cierto grado de desorganización, sobre todo al inicio, donde no había líneas claras de autoridad, demoras en las entregas, inconformidad por la entrega de bolsas en vez de bonos, las megabolsas no son tal como se diseñó para las comarcas y comunidades de difícil acceso en cuanto al contenido, personas extranjeras que no han recibido las ayudas, entre otros”, indica el documento.

En los niveles de coordinación provinciales del Plan Panamá Solidario, resalta la auditoría, se observó ambigüedad en el sistema de logística utilizada para hacer llegar la ayuda, incluso a algunos corregimientos se les asignó bonos y a otros las bolsas; asimismo algunas autoridades de los partidos de oposición quedaron al margen de toda participación; y la asignación de bonos para algunos corregimientos era insuficiente, provocando malestar en la población.