Prisión preventiva para Meneses; enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado

Bernardo Meneses cubría su rostro con una capucha gris. A las 8:40 de la mañana del 8 de julio, en Plaza Ágora, ingresaba al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar cargos por supuesto peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Rodeado por sus familiares, incluyendo a la exdirigente del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera, apenas se le vio, luego de que sus acompañantes se colocaran frente a la prensa para que este no pudiera ser visto.

Más tarde, el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) entre 2019 y 2023 fue imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado. La imputación se sustenta en una auditoría de la Contraloría de la República que reveló un aumento de su patrimonio por $419.331 durante su gestión en la pasada administración, monto que, según las autoridades, no ha podido justificar adecuadamente.

Meneses fue detenido como medida preventiva asignada por los fiscales.

Un día antes, a las 5:30 a.m., fue aprehendido en su residencia en Arraiján por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción. La escena fue meticulosamente ejecutada: decomisaron dispositivos electrónicos, memorias USB, teléfonos y computadoras.

La audiencia del martes no solo fue un momento judicial, sino el clímax de un proceso público que se arrastra desde hace casi tres años y que ha dejado una estela de indignación y estudiantes defraudados.

Meneses, dirigente del PRD y ficha del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) fue detenido la mañana del 7 de julio. La Fiscalía Anticorrupción ejecutó la orden dentro de la investigación por los millonarios “auxilios económicos” entregados durante su gestión. Las cifras no son menores: entre 2019 y 2024 se otorgaron 9.237 auxilios por más de $260 millones, muchos a allegados de figuras políticas y sin criterios públicos de asignación.

Durante su administración, el Ifarhu fue severamente criticado por la opacidad en la asignación de beneficios. Aunque Meneses ha reiterado que actuó bajo el marco legal, los reclamos no cesan. En paralelo, decenas de estudiantes —como Mariel Fuentes o Hillary Ospina, participantes del Concurso Nacional de Oratoria— denunciaron no haber recibido las becas prometidas. A una le ofrecieron apenas $700 de los $20.000 anunciados.

Al mismo tiempo, miles de estudiantes quedaron sin acceso a los beneficios del Pase-U, proveedores sin pagos, comercios afectados. En abril de 2025, el director actual del Ifarhu, Jaime Díaz, estimó que se adeudaban más de $55 millones en becas y confirmó la creación de un fideicomiso para la devolución de fondos mal asignados. Solo dos personas devolvieron el dinero: $45.000 en total.

El punto de quiebre público fue el 25 de octubre de 2022, cuando el abogado Gonzalo Moncada Luna presentó la primera denuncia penal contra Meneses. La motivación: la entrega de auxilios a familiares de políticos con capacidad económica. Su denuncia señalaba peculado y tráfico de influencias.

Desde entonces, el caso ha acumulado una serie de hechos que fueron configurando una bomba institucional: desde la renuncia al fuero penal electoral de Meneses en marzo de 2024, hasta la revelación de que el Ifarhu mantenía una deuda de $178 millones cuando Díaz asumió la dirección.

El 13 de septiembre de 2024, la Fiscalía realizó diligencias en la sede del Ifarhu. Un mes después, se iniciaba formalmente la investigación por peculado. Las auditorías también revelaron sobregiros, becas sin respaldo y fondos utilizados por encima del presupuesto. El 20 de noviembre de 2024, la Procuraduría General confirmó que había múltiples investigaciones en curso, incluyendo una por blanqueo de capitales abierta en julio de 2023 por un informe de la Unidad de Análisis Financiero.

Pese al creciente escándalo, el proceso fue lento. El 12 de diciembre de 2024, la jueza Lizeth Quintero suspendió la audiencia de imputación por la presentación de un amparo de garantías constitucionales. Meneses alegó cooperación y disposición total, mientras la ciudadanía exigía respuestas concretas. En enero de 2025, otra jueza —América Vergara— negó un nuevo intento de la defensa por frenar el proceso.

En paralelo, la administración de Díaz trataba de contener la crisis: reestructuró el reglamento de becas, depuró más de 900 auxilios con potenciales incumplimientos y reportó que solo el 0,02 % de los fondos asignados en auxilios habían sido devueltos.

Aunque Meneses alega que muchos de los pagos pendientes ocurrieron tras su salida, Ileana Molo —su sucesora inmediata— tampoco ha ofrecido respuestas claras. Las investigaciones apuntan a una cadena de omisiones que afectó a más de 200.000 estudiantes y sembró dudas sobre el uso clientelista de los recursos públicos.

El pasado 29 de abril, documentos internos del Ifarhu confirmaron que algunos beneficiarios recibieron auxilios por hasta $200.000 y que el proceso no requería devolución. La nueva administración propuso un sistema de devolución voluntaria, pero las cifras devueltas son irrisorias frente al monto entregado.

Hoy, mientras Meneses enfrenta la justicia y los fiscales analizan su computadora personal, un país observa cómo una institución creada en 1965 para promover la educación terminó convertida en una maquinaria que benefició a unos pocos y excluyó a miles.

Meneses, de 37 años, enfrenta también un procesos por los presuntos delitos de peculado de uso, extralimitación de funciones y malversación de fondos públicos. Al cierre de esta edición aún se mantenía en proceso la audiencia.