Procurador Gómez: ‘En ningún caso que tramita el Ministerio Público hay intocables’

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, aseguró que la Operación Pandora continuará avanzando para identificar a todos los posibles responsables y que la fase de investigación por el presunto enriquecimiento injustificado contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, ya concluyó.

Durante una entrevista en el programa Noticias 180 Minutos, afirmó que “no hay intocables” en las pesquisas que adelanta el Ministerio Público, y que la investigación, declarada causa compleja, dispone de un período inicial de ocho meses para la práctica de diligencias, prorrogable si así lo requieren los fiscales.

“En ningún caso que tramita el Ministerio Público hay intocables. Aquí se investigan hechos que puedan constituirdelitos y lograr vincular a las personas que lo hayan cometido para presentarlo ante los tribunales”, sostuvo.

El procurador explicó que la Fiscalía Primera de Crimen Organizado mantiene diligencias para determinar la posible comisión de delitos como corrupción, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada dentro del caso.

“Nuestra finalidad es erradicar estos fenómenos y tratar de salvar nuestras instituciones de manera tal que se trabajeen forma transparente y honrada como debe realizarse dentro de las mismas”, dijo.

Actualmente, precisó, la causa registra 22 personas imputadas. De ellas, 16 permanecen bajo detención provisional, mientras que seis cumplen medidas cautelares distintas, decisiones que continúan siendo revisadas por los tribunales tras recursos presentados tanto por las defensas como por la propia Fiscalía.

Indicó que las pesquisas no se limitan al presunto fraude con créditos fiscales, sino que también buscan determinar posibles responsabilidades por delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, además de establecer cómo operaba la presunta red y si existen otros involucrados.

Como parte del balance de la gestión institucional, informó que el Ministerio Público mantiene más de 6,500 causas activas por corrupción, lo que motivó una reorganización de las fiscalías, el refuerzo del personal y la implementación de planes de descongestión para agilizar las investigaciones.

Caso Carrizo

Consultado sobre la investigación por presunto enriquecimiento injustificado contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, explicó que la fase de investigación formal concluyó luego de que una jueza de garantías rechazara la solicitud de la Fiscalía para declarar la causa compleja y otorgar una prórroga.

Indicó que ahora corresponde al Ministerio Público presentar el escrito de acusación para dar paso a la fase intermedia del proceso, y rechazó que la petición de ampliar la investigación obedeciera a una falta de pruebas.

“Estoy seguro que con respecto al ex vicepresidente de la República, la señora fiscal cuando decidió imputar los cargos es porque tenía elementos suficientes para poder transitar a esa fase”, señaló.

Explicó que la intención de la Fiscalía al solicitar la declaratoria de causa compleja era ampliar determinadas líneas de investigación que consideraba importantes para robustecer el expediente, pero aseguró que el Ministerio Público respetará la decisión adoptada por la jueza y continuará el proceso conforme a los plazos previstos por la legislación procesal penal.

Asimismo, insistió en que el hecho de que la causa no haya sido declarada compleja no modifica la imputación ya formulada ni impide que la Fiscalía continúe impulsando el proceso hasta que los tribunales decidan si existen méritos para una eventual condena.

Proyectos del ley Anticorrupción

Durante la entrevista, el procurador lamentó que la Asamblea Nacional rechazara los dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Explicó que una de las iniciativas proponía aumentar las penas para varios delitos contra la administración pública y ampliar los plazos de prescripción, mientras que la segunda buscaba agilizar los procesos judiciales mediante reformas al Código Procesal Penal.

“Buscábamos hacer una modificación al Código Penal (...) y poder llevar las penalidades a un nivel cónsono con lo que está sucediendo dentro de la República de Panamá”, dijo.

Detalló que las propuestas también contemplaban reducir los tiempos para obtener información de otras instituciones, ampliar las herramientas probatorias disponibles para los fiscales, fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y evitar que investigaciones de alta complejidad prescribieran antes de llegar a juicio.

Asimismo dijo que la segunda propuesta buscaba introducir reformas procesales para que las investigaciones fueran “mucho más ágiles, oportunas y que dieran respuesta al país en un tiempo que sea justo”

Entre las medidas planteadas figuraban reducir tiempos para obtener información de otras instituciones, ampliar las herramientas probatorias, fortalecer la cooperación internacional y evitar que investigaciones complejas prescribieran antes de llegar a juicio.

A su juicio, las sanciones actuales para algunos delitos de corrupción son demasiado bajas y dificultan alcanzar condenas antes de que expire la acción penal.

Sobre las propuestas que plantean declarar imprescriptibles algunos delitos, el procurador señaló que este tema requiere un análisis técnico y jurídico antes de adoptar una decisión.

Explicó que, aunque considera necesario ampliar los plazos de prescripción para permitir que las investigaciones complejas puedan avanzar hasta los tribunales, no comparte que todos los delitos deban quedar fuera de los términos de prescripción.

“Yo si en este aspecto debo señalar que debe darse un análisis técnico jurídico profundo considerar que la certeza así como la certeza del castigo es importante ”, manifestó.

El procurador recordó que Panamá ya contempla la imprescriptibilidad en determinados delitos, como los relacionados contra la humanidad, pero indicó que extender esta figura a todas las conductas delictivas requiere valorar sus implicaciones legales.

Afirmó que la prioridad del Ministerio Público es lograr investigaciones eficientes que permitan presentar casos sólidos ante los tribunales, evitando que los procesos concluyan sin una respuesta judicial debido al vencimiento de los plazos legales.

“La Procuraduría General de la Nación va a apoyar todos los proyectos que vayan encausados como indiqué a un combate frontal a la corrupción y por supuesto aquellas reglas procesales que nos permitan aligerar investigaciones, eso sí , en total respeto a los derechos y garantías fundamentales que tienen los individuos que son sujetos de investigaciones”, concluyó.