Salud mental en Panamá: pacientes atrapados en las carencias del sistema

La atención de la salud mental en Panamá enfrenta una serie de deficiencias. La baja inversión en el rubro de salud y los problemas de abastecimiento de medicamentos, ambulancias y camas hospitalarias configuran un sistema que, según familiares y pacientes, no responde con la rapidez y la capacidad necesaria ante una crisis psiquiátrica.

Aunque Panamá cuenta con la Ley 364 del 6 de febrero de 2023 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura a nivel nacional, la prioridad que este componente recibe en los presupuestos destinados a salud sigue siendo limitado.

Solo en 2026, mientras la Caja de Seguro Social (CSS) maneja un presupuesto de inversión de $2,700 millones, el Programa Nacional de Salud Mental ha recibido apenas $64,632 hasta junio, según datos proporcionados por la entidad a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

De acuerdo a la doctora Marlin Cedeño, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS, el monto que aparece en la Antai corresponde solo al presupuesto utilizado para promoción de la salud mental y prevención de trastornos de esta índole, sin embargo, existe un mayor esfuerzo por parte de la institución de salud en motivar a los panameños a buscar atención psicológica.

Hasta junio de este año, el Programa Nacional de Salud Mental reportó una atención promedio de 1,000 personas al mes. En tanto, en todo el año 2025 se registraron 12,000 y una inversión de $129,264, de enero hasta diciembre, de acuerdo a la Antai.

En el Ministerio de Salud (Minsa) también existe un programa de atención en salud mental. No obstante, la información disponible ante la Antai no permite determinar cuánto dinero ha destinado la institución a esta iniciativa. El último reporte con datos disponibles corresponde a enero pasado y registra 4,3 millones de beneficiarios, la misma cifra reportada en marzo de 2025.

La limitada inversión en salud mental se refleja en problemas que persisten dentro del sistema público: el desabastecimiento de medicamentos esenciales, la falta de personal especializado para atender a pacientes en crisis y la rapidez con la que los hospitales estatales buscan dar de alta a personas con trastornos mentales, incluso cuando aún no se encuentran completamente estabilizadas, señalan desde la Asociación Nacional de Familiares, Amigos y Pacientes con Esquizofrenia y otras Enfermedades Mentales (Anfapeem).

Según Joel Garcés, integrante de este colectivo, el sistema público de salud no ofrece un acceso rápido a especialistas en salud mental, una situación especialmente crítica para quienes atraviesan una crisis. “La mayoría de los pacientes que llegan a los centros de salud es porque están en crisis y tienen que seguir el mismo protocolo que los demás. Eso puede demorar varias horas, mientras tanto el paciente sigue desestabilizado”, señaló.

En la CSS, los pacientes deben iniciar el proceso con una consulta de medicina general para luego ser referidos a psicología. A partir de allí, el psicólogo, tras varias sesiones, puede recomendar la evaluación de un psiquiatra si considera que el caso lo requiere. Para una persona cuya condición se agrava, este recorrido puede extenderse durante meses antes de recibir atención especializada.

En los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa), por su parte, las consultas tienen un costo de $10, pero tampoco garantizan una atención inmediata. La disponibilidad de citas puede variar entre dos semanas y un mes, dependiendo del centro de salud, lo que deja a los pacientes en espera incluso cuando necesitan atención inmediata.

En cuanto a los servicios de urgencias, Garcés señaló que todo depende si el paciente es aceptado. “Muchas veces en urgencia no quieren aceptar al paciente, ya que dicen que no amerita estar en el hospital o simplemente le dan un medicamento para que se vaya. Eso ocurre inclusive en el Instituto Nacional de Salud Mental”, explicó.

Pero para Plinio Cerrud, también parte de Anfapeem, el problema no se limita solo al acceso a las consultas. A su juicio, uno de los principales problemas se presenta cuando los pacientes llegan a una crisis y requieren ser trasladados de manera urgente.

Según explica, las ambulancias no siempre están preparadas para atender a personas con trastornos psiquiátricos descompensados. En algunos casos, la familia debe esperar durante horas y coordinar incluso con la Policía Nacional para lograr el traslado.

“Los servicios de ambulancia no son amigables con los pacientes de salud mental”, afirma Cerrud, quien considera necesario capacitar al personal que participa en estas emergencias y contar con profesionales preparados para atender a personas en crisis psiquiátricas.

Las dificultades también se extienden a las hospitalizaciones. Cerrud asegura que familiares de pacientes han expresado preocupación porque algunos son dados de alta todavía descompensados.

Por su parte, Garcés explica que el problema está relacionado, en parte, con la disponibilidad limitada de camas. Los médicos, según su relato, deben estabilizar al paciente en el menor tiempo posible para liberar espacio ante la llegada de nuevos casos. “El sistema les impide ir más allá”, sostuvo.

A esta situación se suma el desabastecimiento de medicamentos esenciales. Garcés menciona casos de fármacos que desaparecen temporalmente de las instituciones públicas, entre ellos el decanoato de flufenazina inyectable, utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia, y el ácido valproico, empleado para tratar trastornos como el bipolar y la epilepsia.

Cuando estos medicamentos no están disponibles en el sistema público, las familias deben recorrer otras instalaciones de salud en busca de existencias o asumir el costo de adquirirlos en farmacias privadas. El problema es que algunos de estos tratamientos pueden superar los $20 por dosis, un gasto que, al tratarse en muchos casos de medicamentos de uso periódico y prolongado, representa una carga económica considerable para los pacientes y sus cuidadores.

Para las familias, la falta de medicamentos genera un círculo difícil de romper: cuando un paciente deja de recibir el tratamiento, aumenta el riesgo de una descompensación y, con ello, la posibilidad de terminar nuevamente en una sala de urgencias.