Pacientes y Salud miden fuerzas por reforma a ley

PANAMÁ. ‘Si vamos cada uno por su lado, el único que saldrá ganando es el Estado con ese proyecto de ley’, sostiene David Ocálagan, presidente de la fundación que lleva su nombre, una de las agrupaciones de pacientes crónicos que solicitan al Ministerio de Salud (MINSA) retirar el documento de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para que se discuta una propuesta nueva en la que los pacientes tengan derecho a voz y voto.

Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes Renales, en consenso con el resto de los pacientes que se reunieron ayer para determinar las acciones, señala que no aceptarán la discusión en comisión legislativa porque es un documento muy extenso y los criterios técnicos de la discusión no se toman en cuenta porque deben ser dados por profesionales.

Al final de la reunión de ayer en Probidsida, donde participaron representantes de pacientes y familiares, se acordó firmar un documento único en el que se solicita al ministro Franklin Vergara no aceptar discutir a menos que se retire el proyecto de ley de la Asamblea.

Pero no solamente son los enfermos quienes están preocupados por los insertos que tiene el proyecto de ley ‘Sobre medicamentos y otros productos para la salud humana’ que no tenía la normativa vigente que era considerada como modelo en regulación y farmacovigilancia en Centroamérica.

UN RETROCESO DE AÑOS

Ángela Batista, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, se pregunta, si este proyecto es tan bueno como lo vende el MINSA, por qué el ministro de Salud no quiso atenderla como representante de la Universidad de Panamá para dar su criterio científico del tema de los medicamentos.

Batista dice que no se opone a que toda la población tenga acceso a medicamentos, por medio de precios bajos, ‘hay otros mecanismos para bajar los precios, lo que me preocupa es qué calidad van a tener esos medicamentos, porque un fármaco en malas condiciones será una bomba en el cuerpo del paciente’.

La farmaceuta sostiene que la intercambiabilidad que propone la ley nueva en las medicinas no se puede dar así por así, eso se obtiene bajo criterios científicos de bioequivalencia; es decir, que debe existir equivalencia del principio activo entre el medicamento innovador y el genérico. ‘La ley propone quitar ese certificado de bioequivalencia y sin esos estudios no hay seguridad del medicamento’.

‘Como institución de educación debemos contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, nunca a desmejorarla, y nosotros no hemos sido invitados a la discusión de este tema.

Otros de los peligros para la salud es la homologación del registro sanitario de países de alto estándar. ‘Cómo vamos a confiar en países como Perú, Chile, Brasil, donde hay un descontrol en la fabricación de los medicamentos y donde las falsificaciones alcanzan hasta el 25% de la producción’.

La profesora señala que en Europa existe esto porque se rigen por normas, pero

nosotros no somos un país del primer mundo y tampoco tenemos una regulación fuerte como esos países.

‘Que el MINSA diga que mejorarán los precios a costa del sacrificio de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos es riesgo muy alto que al final terminará pagando la población consumidora de medicamentos’, lamenta la farmaceuta.

Por su parte, Leyda Barrios, farmaceuta y vicedecana de la Facultad de Farmacia, advierte que con esta ley se pierde la trazabilidad, lo que permite seguirle la pista al medicamento y por otro lado el Estado se quita toda responsabilidad pasándosela a los trabajadores de las farmacias, que son solamente empleados donde deberán estar vigilantes hasta de los medicamentos falsificados cuando esta debe ser una actividad de los garantes de la salud.