La búsqueda continúa. Mientras patrullas de la Policía Nacional recorren comunidades del este de Panamá y las autoridades mantienen operativos para ubicar a los evadidos de La Joyita, el sistema penitenciario enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años.

La fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita no solo desencadenó una operación de recaptura a escala nacional. Marca un antes y un después para las autoridades. No solo por la magnitud de la evasión, sino porque volvió a exponer las debilidades de un sistema que desde hace años enfrenta problemas de infraestructura, seguridad, sobrepoblación y administración penitenciaria.

La propia ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconoció la dimensión de lo ocurrido.

“Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave”, afirmó durante una conferencia de prensa en la que actualizó las cifras de recapturados y defendió las acciones emprendidas por el Gobierno.​

Hasta el último reporte oficial, las autoridades habían recapturado a 148 privados de libertad. A esa cifra se suman tres fallecidos, cuyos casos son investigados por el Ministerio Público.

La ministra explicó que otras cuatro personas se habían entregado voluntariamente, pero hasta ayer al mediodía no habían sido reincorporadas formalmente al sistema penitenciario, por lo que no aparecían en el conteo oficial.

En total, 151 de los 195 evadidos ya habían sido ubicados por las autoridades. La cifra dejaba hasta ayer cerca de 44 personas pendientes de captura.

Para Montalvo, la respuesta estatal debe ser contundente.​

“Uno que nos falte es uno que tiene peligro para el país y nosotros los vamos a encontrar”, advirtió.

El mensaje fue acompañado por un llamado directo a los evadidos.

“El lugar más seguro que tienen en este momento es el centro penitenciario. Regresen. Al final, el Estado los va a encontrar sea como sea”, sostuvo.

El día que todo cambió

La ministra no dudó en definir la fuga como un punto de quiebre para el sistema penitenciario panameño.

“Lamentablemente, el 1 de junio tiene un día antes y un día después de lo que pasó. Todo cambia”, afirmó.

La frase resume el momento que atraviesa la administración penitenciaria.

Las investigaciones avanzan en varias direcciones. La Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional intenta determinar cómo un traslado rutinario terminó convirtiéndose en una evasión masiva. Paralelamente, Asuntos Internos del Sistema Penitenciario revisa actuaciones administrativas y el Ministerio Público desarrolla investigaciones penales relacionadas con la fuga y con las tres muertes registradas durante los hechos.

“Ya definitivamente estamos hablando de un homicidio”, dijo la ministra al referirse a los fallecimientos.

También reconoció que la situación obligó a realizar rotaciones y movimientos de personal.

“Cuando se da una situación como esta, por supuesto que nosotros tenemos que hacer rotaciones inmediatas”, señaló.

Sin embargo, fue más allá. “La corrupción que existía y esos canales de corrupción dentro del sistema que empezamos nosotros a cortar eran un secreto a voces”, manifestó.

Cifras de una crisis

La evasión captó la atención pública, pero los números reflejan que la crisis penitenciaria va mucho más allá de un hecho puntual.

Actualmente, Panamá mantiene una población penitenciaria de 24,831 personas, según datos actualizados al 30 de mayo por la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno.

De ellas, 15,371 hombres y 717 mujeres cumplen condena. Sin embargo, 8,510 hombres y 233 mujeres permanecen procesados. Son personas privadas de libertad que aún esperan una decisión definitiva de los tribunales. En conjunto suman 8,743 detenidos sin condena.

La cifra representa el 35.2% de toda la población penitenciaria nacional.

En otras palabras, más de uno de cada tres reclusos en Panamá permanece encarcelado sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

El dato adquiere especial relevancia porque se produce en un sistema que opera muy por encima de su capacidad instalada.

Las cárceles al límite

Los centros penitenciarios del país fueron diseñados para albergar 14,695 personas. Actualmente alojan a 24,831.

La diferencia equivale a una sobrepoblación de 10,379 privados de libertad. El nivel de ocupación nacional alcanza el 167%.

Algunos centros registran situaciones más críticas. Penonomé alberga más de tres veces la cantidad de personas para las que fue construido. Las Tablas supera cinco veces su capacidad original.

Santiago y Deborah en Bocas del Toro también presentan niveles de ocupación muy por encima de lo previsto.

La Joyita, donde ocurrió la reciente fuga, mantiene 4,788 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 2,837 personas. La Joyita registra 4,872 internos.​

Junto con la Nueva Joya, con 5,599 reclusos estos centros concentran buena parte de la población penitenciaria nacional.

La apuesta por nuevas cárceles

Frente a este panorama, el Gobierno apuesta por una expansión de la infraestructura penitenciaria.

La ministra Montalvo aseguró que la administración proyecta dejar cinco centros penitenciarios construidos o en fase avanzada de construcción antes de finalizar el actual período gubernamental.

“Los hechos hablan por sí solos”, sostuvo al referirse a la necesidad de nuevas inversiones en seguridad penitenciaria.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

La inversión estimada ronda los $130 millones y la instalación tendría capacidad para aproximadamente 2,000 personas privadas de libertad.

A finales de mayo, el proyecto recibió autorización para avanzar a la siguiente fase de estructuración.

Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el modelo permitirá incorporar dentro del contrato no solo la construcción, sino también el mantenimiento y la operación de largo plazo.

El objetivo es fortalecer la clasificación penitenciaria y mejorar los controles de seguridad.

“La mega joya ya se quedó corta”

Para el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, la necesidad de nuevas cárceles responde a una realidad que el sistema viene enfrentando desde hace años.

“La Mega Joya ya se quedó corta a la problemática delincuencial que existe en el país”, afirmó.

Según explicó, el nuevo centro permitirá alojar a privados de libertad clasificados como de extrema peligrosidad y contará con componentes especializados de seguridad.

Torregroza confirmó que la inversión proyectada para esta instalación ronda los $130 millones.

También el Gobierno desarrolla una cárcel para provincias centrales valorada en aproximadamente $172 millones y un Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, cuyo acto público asciende a $85 millones.

“Los centros penitenciarios que están actualmente ya están rebasando la sobrepoblación y es necesario tomar medidas correctivas”, señaló.

La respuesta judicial

Mientras el Ejecutivo impulsa nuevas inversiones en infraestructura penitenciaria y mantiene los operativos para ubicar a los evadidos, el Ministerio Público avanza con las investigaciones penales derivadas de la fuga masiva de La Joyita.

La Procuraduría General de la Nación informó que, hasta la fecha, 145 personas vinculadas a la evasión fueron aprehendidas.

Como resultado de las investigaciones y del trabajo de los fiscales ante los tribunales de justicia, se celebraron 13 audiencias de control de garantías relacionadas con estos hechos.

Las diligencias permitieron obtener siete detenciones provisionales y seis sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena. Entre las sanciones figuran tres condenas de tres años de prisión, dos de tres años y seis meses, y una de tres años y ocho meses.

Estas penas se suman a las condenas que los privados de libertad cumplían antes de protagonizar la evasión, por lo que permanecerán más tiempo bajo custodia del Estado.

En total, la Procuraduría llevó ante jueces de garantías a 54 personas vinculadas a la fuga. De ellas, 48 quedaron bajo detención provisional y seis recibieron condenas mediante acuerdos de pena.

Las autoridades precisaron que todavía permanecen audiencias en desarrollo y que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades relacionadas con la evasión ocurrida en el complejo penitenciario.