Yadira Pino: 'Abogamos porque se haga la apertura de las clases en condiciones adecuadas'

Algunos gremios magisteriales consideran una voluntariedad la forma en que el Ministerio de Educación les ha solicitado el retorno a clases. Yadira Pino, representante de la Federación de Trabajadores y Educadores de Panamá, aduce que es totalmente ilegal la medida. Durante la entrevista reiteró que están dispuestos a volver a clases, pero apuntan entre varias condiciones, una que altera el proceso de vacunación establecido por el Ministerio de Salud, como inocular a los conductores de colegiales y administrativos. A principios de mes el Meduca puso como fecha de inicio de clases semipresenciales el 12 de abril, pero luego de un análisis con el Ministerio de Salud, indicó que referiría una nueva fecha a pesar de que se publicó el protocolo de bioseguridad para tal efecto.

No, es que nosotros hemos hecho un análisis profundo de las secuelas que ha dejado la pandemia en los centros escolares por el abandono de la autoridad en los distintos gobiernos y por eso tenemos estas condiciones. No se trata de eso, desde que se anunció que se debía volver a las clases, nuestra posición en el caso de la FTPE, fue que sí, porque nuestros niños están en números altos de exclusión.

Lo que pasa es que estamos hablando de una pandemia en la que hay condiciones en el ambiente.

No, debe ser gradual. Iniciamos en los centros en los que los rangos epidemiológicos son más bajos, ahí no solamente hay que ver el tema de que se vacune a los docentes, puede ser que sí y los niños quedan expuestos. Pero algunos sectores de la comunidad deben avanzar en la vacunación y si no, en la medida en que se tengan los otros planes tanto de bioseguridad como de seguridad ocupacional, se pueden dar las previsiones. De ahí poco a poco se va avanzando, pero en estos momentos la vacunación es un solo desorden, porque se iba a dar en el interior, pero se está vacunando a los docentes en la capital y no ha habido una congruencia. Por eso es por lo que hablamos de la improvisación de la ministra de Educación.

El ambiente de un supermercado o comercio son distintos, aquí estamos hablando de niños, menores de edad a los que hay que cuidar. Espacios donde la interacción social es fuerte, por ejemplo, en la escuela y en el transporte. No es suficiente la vacunación para la inmunidad comunitaria.

No es así, porque entonces nosotros no hubiéramos hecho la propuesta que hicimos. Tiene que haber un plan estratégico y en este momento no lo hay. La propuesta legislativa, porque lo que ha ocurrido en Chile y en otros países, es que no tenían una reglamentación o regulación. Se fue con la vacunación y no hubo una regulación en el proceso del desarrollo educativo. Entonces, qué ocurre, nosotros tenemos que regular que vamos a entrar y debe contemplar más allá porque se puede interrumpir el proceso por los rangos epidemiológicos que alcance el virus.

Nosotros hemos tenido que llevar la educación adelante con muertos, no por pandemia; niños que han muerto porque las condiciones de la escuela no son las adecuadas, porque no hay un botiquín. Niños desnutridos porque no hay la alimentación en las escuelas. Hemos tenido que luchar con eso.

Si ahora se le puede dar, también es importante porque hay un dinero destinado para eso. Pero si la escuela no tiene agua potable...

Ahora el Minsa ha salido a hablar sobre el tema de evaluar. Si el Minsa lo hubiera hecho, le aseguro que hubieran hecho una conferencia de prensa en la que el Minsa hubiese publicado que ya estaban las escuelas certificadas. Fue la ministra de Educación quien llevó a cabo el proceso de certificación que no había sido verificado por el Minsa, porque nosotros venimos planteando desde hace tiempo la coordinación con el Minsa cuando se habló de presencialidad. Ese fue nuestro primer planteamiento. Aquí hay directores de centros educativos que estaban en la lista y que comenzaron a dudar sobre si iniciar o no, porque ellos no pensaron que iban a ser los primeros. Les entregaron una certificación, sí, pero no pensaron que iban a iniciar el 12 de abril. Ya han empezado a hablar, porque el temor es que no hay una preparación para eso y que las escuelas no tienen las condiciones reales. El ministerio avanzó con jornada extendida, ¿cuáles fueron las condiciones de estas escuelas? ¡Falso! En ningún momento nos lo presentaron. Aquí hubo una transformación curricular exitosa, y ¿quienes fueron los que más sufrieron? Los estudiantes de agropecuaria. Y así, nos someten a una y otra cosa, no hay condiciones y nosotros somos los que sufrimos al final.

Claro que llevábamos ya un atraso, pero no porque todo repose en la responsabilidad del docente, sino que los niños están expuestos a factores negativos que influyen en el rendimiento que pueden tener. Abogamos porque se haga la apertura de las clases en condiciones adecuadas, las mínimas, y en esa medida habrá que combinar las clases presenciales con las virtuales, por eso es necesaria una regulación.

Habría que ver eso porque la ministra de Educación habla de voluntariedad, y han dicho a los docentes que hagan una [carta] personal en la que describan que ellos son los que quieren volver. Cuando un trabajador va a laborar bajo su propia responsabilidad –eso es totalmente ilegal porque los empleadores tienen una responsabilidad con el trabajador y aún más en pandemia– entonces no creo que ellos estén de acuerdo con eso. En las escuelas particulares que volvieron, como los directivos decidieron, ellos se vieron sometidos. Eso no es tan real que los docentes estén de acuerdo de ir sin condiciones. Cuando hablamos de esto no es un tira y jala de forcejeo.

Más que la resistencia fue la crítica a que la vuelta fuera segura, si hubiera sido así, hubiéramos seguido con el 12 de abril.

No depende de eso, lo que pasa es que tenemos una responsabilidad, hacemos la crítica y la propuesta. Nosotros sugerimos que se hiciera una regulación para que todos fueran responsables, los docentes, el Estado y los padres de familia, para que cada uno asuma su responsabilidad. Pero si realmente hubiera habido seguridad, la ministra hubiera avanzado, créame que lo hubiera hecho.

La posición desde la Federación de Trabajadores de Panamá es producto de un análisis técnico del manejo de la pandemia por parte del Meduca. Primero, hemos planteado que no hay un informe sobre el proceso de las clases a distancia y entornos virtuales. No existe ese informe del uso del Fece en todo el año 2020 y ni siquiera cuáles son las condiciones de este fondo con el cual trabajan los centros educativos y los directores para dar funcionamiento a los colegios. Tampoco hay un informe claro de los resultados de las inversiones que se pudieron haber hecho o no, de las guías que se mandaron a hacer fuera del país. Teniendo esto como base, hay una especie de desconfianza de la comunidad educativa, no solo de los docentes, sino de padres de familia y personal administrativo porque la administración no ha sido eficiente. Teniendo esa situación como preámbulo, era dudoso creer en la vuelta a clases semipresenciales. No teníamos objeción en volver, estábamos de acuerdo con la ministra que debían ser semipresenciales, pero cuando dicen que será gradual, estaba en tela de dudas porque primero planteaban 18 centros educativos que estaban certificados, pero no hay una verificación científica que tienen las condiciones de bioseguridad. Lo otro es que un regreso gradual voluntario, seguro, no es real porque se habló de 18 colegios certificados y 427 en tutoría, es decir, que ya están en presencialidad sin haber sido certificados. La voluntariedad es totalmente ilegal, porque la figura no existe en la Constitución.

Nuestra posición no es oponernos o medir fuerzas, estamos haciendo propuestas. Si la ministra es seria y revisa las propuestas y en el tiempo se están dando las condiciones, nosotros no nos vamos a oponer.

Es el manejo administrativo, es decir, la administración tiene que demostrar transparencia, que usa los recursos y que estos llegan a la población. Si no se pudo democratizar el internet, y las guías no pudieron llegar ni a tiempo ni de manera adecuada. Las guías llegaron meses después, los que teníamos acceso a la virtualidad pudimos avanzar, los otros tuvieron que esperar a que llegaran las guías.

Llegaron en 2020, en octubre y noviembre; en 2021 se están usando las guías que no se habían repartido a la mayoría de los centros educativos y se estaban repartiendo en la primera semana de clases.

Nosotros tenemos aproximadamente 300 estudiantes y hay que atenderlos por grupos y de manera individual. Es muy difícil tener un horario, los atiendo a toda hora porque es comprensible que hay situaciones en los hogares y no permite que haya un horario para todos.

Nosotros queremos que se avance en el tema de educación, estamos dispuestos a volver a las clases y sería un avance, así como en la vacunación y que se provea a las escuelas de agua potable. Se puede hacer de manera gradual en las comunidades donde hay menos riesgos, eso es posible hacerlo, pero hagámoslo con las condiciones de bioseguridad y de manera gradual. Lo que estamos planteando también es que se haga una evaluación de las plataformas y que se democratice más el acceso a internet y puedan aprender, mientras tanto lograr entornos virtuales con mucho mayor acceso a internet. Para eso es necesario un trabajo en ambas vías, porque nosotros hemos tenido que adquirir dispositivos nuevos, los padres de familia otros celulares porque no les alcanzaba para la cantidad de hijos, y los docentes hemos tenido que pagar internet más costoso para brindar el servicio. La comunidad educativa ha hecho un aporte en esta vía, queremos volver a la escuela, pero provean las condiciones, poco a poco. Si el Estado provee los recursos y da las finanzas para eso, podemos volver.