El agridulce primer año del procurador José Ayú Prado

PANAMÁ. Cuando José Ayú Prado tomó las riendas del Ministerio Público (MP), tras él se disparó la esperanza popular de que, finalmente, se conseguiría sanear la institución de la recurrente y lasciva intervención política.

Ayú Prado ingresó al MP justo cuando sobre la institución se cernía una de las peores tormentas: un escándalo de corrupción vinculado con drogas que dio con la dimisión de su antecesor, Giuseppe Bonissi. Y siete meses antes, un controvertido proceso penal sacó a la titular, Ana Matilde Gómez.

Desde la llegada de Ayú Prado ya pasó un año. El tiempo en el que los escándalos de corrupción y las denuncias de y contra funcionarios de alto perfil del gobierno Martinelli han puesto a la entidad frente a su mayor prueba de independencia del Órgano Ejecutivo de Panamá, un país con el presidencialismo a flor de piel.

Pero, ¿ha conseguido esa independencia?, pregunta La Estrella a dirigentes políticos, figuras del mundo de las leyes y de la sociedad civil. La duda se convierte en la respuesta al unísono. Pero aunque nadie ve mayores avances, la esperanza de cambio se mantiene firme.

‘Ayú Prado no ha hecho nada para demostrar que ha salido de las faldas del presidente’, dice Rogelio Cruz, un abogado que sabe bien qué es estar al frente de esa entidad. Él fue procurador de 1989 a 1993, cuando fue destituido por la Corte.

‘No hay procesos contra ningún alto funcionario. Han habido muchas denuncias, pero no se han formulado cargos’, agrega.

Los principales señalamientos en este año han sido contra los ministros de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu —y miembros de su familia— (por el caso de tierras en Juan Hombrón), y contra el de Seguridad, José Raúl Mulino (por la compra de equipo de seguridad a la compañía italiana Finmeccanica).

Mientras la oposición insiste en que Papadimitriu y Mulino tienen vínculos con los casos, el MP no los ha incluido en las pesquisas.

LOS CASOS

En este período también han llegado a manos del MP otros casos que parecen haberse enredado en los lazos de la justicia, justo tras giros repentinos en el Ejecutivo.

En la lista figura el escándalo por el supuesto cobro para la entrega de visas a ciudadanías restringidas en el Servicio Nacional de Migración, dirigido entonces por la abogada María Cristina González, así como las irregularidades en el programa Mi Primer Empleo (cuando estuvo bajo el paraguas de la ministra Alma Cortés).

‘Continúan los casos rezagados, no se resuelven, y este año ha sido un fracaso organizativo y administrativo. Ha avanzado el deterioro y la destrucción de la institucionalidad’, reclama el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas.

LOS FALLOS Y LOS ACIERTOS

Todas las críticas al MP apuntan a ‘lo servil que parece al gobierno’. Incluso, agrega Sánchez Cárdenas, esto quedó de manifiesto durante el proceso de extradición del exgeneral Manuel Antonio Noriega, desde París, en diciembre.

‘¿Qué tenía él (Ayú Prado) que hacer en Francia? Dijo que fue porque Martinelli se lo pidió. Hay una cultura de obedecer siempre al gran jefe’, plantea.

Cruz, en tanto, cree que, aunque a empujones, las investigaciones que ha adelantado el MP sobre las titulaciones gratuitas de tierras en Paitilla y en Juan Hombrón dan un punto a favor a la gestión de la institución. En esos expedientes solo está siendo vinculada Anabelle Villamonte, una funcionaria de mando medio.

‘Él ha demostrado que quiere manejar con mayor dinamismo la institución y ha manifestado públicamente que no recibe órdenes del Presidente, lo cual —lamentablemente— en un país como el nuestro, tiene que recalcar un procurador’, piensa Carlos Gasnell, de la sociedad civil organizada.

INDEPENDENCIA

En base al primer año, el resto de los tres que le restan a Ayú Prado inquieta a los sectores. ‘No vamos a ver ningún tipo de cambios. Cada día nos volveremos más dependientes’, sostiene Sánchez Cárdenas.

En tanto, a juicio de Cruz, ‘con un presidente inmiscuido en la justicia y con la inestabilidad del cargo de procurador, es difícil’ ver avances en el ente de investigación.

Por eso, insiste, debe haber una reforma que dé al procurador mayor libertad e independencia del Ejecutivo. Cruz plantea que así como el presidente y su vice, el jefe del MP debería de gozar de inmunidad penal para ‘actuar sin temor’ a que se le levante algún proceso y no pueda terminar su período al frente de la institución, tal cual sucedió con Ana Matilde Gómez.

‘En 22 años se ha sacado de sus puestos a dos procuradores. Han sido procesos políticos’, concluye.