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- 30/10/2014 01:00
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Muchos sectores de la sociedad se preguntan por qué a los candidatos acusados de usar recursos estatales se les permite volver a correr en las nuevas elecciones convocadas por el Tribunal Electoral.
La verdad de todo esto es que la ley electoral les permite participar de los comicios debido a que los candidatos impugnados no han sido condenados; la elección fue, en todo caso, anulada.
La Estrella de Panamá consultó al exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado sobre el tema. Este explicó que la ley dice que si hay causales para anular los resultados de un torneo electoral, deben anularse. Por consiguiente, para que se pueda determinar quién accede al cargo, tendrá que celebrarse una nueva elección.
No obstante, Márquez Amado destaca que el problema radica en que las personas que utilizaron recursos del Estado — razón por la que se anularon las elecciones—ahora volverán a participar de las elecciones puesto que el fiscal electoral no investigó al respecto. Lo único que se ha determinado es que hubo causa de nulidad, pero no se ha dicho quién o qué fue lo que causó la nulidad.
-Se ha dicho que la elección tenía causales que la anulaban, pero no así quién fue el responsable de esas causales; eso le correspondía al fiscal electoral —precisó el exmagistrado. El ha sido un verdadero irresponsable, recalcó refiriéndose al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza.
De acuerdo con Márquez Amado, estas investigaciones no se han realizado porque es materia de un proceso de carácter penal, que tenía que adelantar el fiscal electoral, para luego presentarle una vista a los magistrados y que estos pudieran, entonces, haber condenado a aquellos que resultaran comprometidas, en un proceso distinto al de la impugnación.
El exmagistrado añadió que inclusive hay diputados que están sentados en la Asamblea y podrían ser objeto de investigación por parte del fiscal electoral.
“El fiscal es un encubridor”, señaló.
Lo que se tiene que investigar, según Márquez Amado, es quiénes hicieron regalos, de dónde sacaron el dinero.
“Si son culpables tienen que ser condenados, incluso, ir a la cárcel; y si son condenados a cárcel no pueden volver a ser candidatos a cargos de elección popular. Tiene que haber una condena”.