Corte Suprema de Justicia decidiría el posible conflicto de interés del MOP

El posible conflicto de interés del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, será remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su investigación por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai ).

Un reporte periodístico de La Estrella de Panamá, del 8 de junio pasado, reveló que como ministro, Andrade, inspeccionó, recibió a “satisfacción” e incrementó el costo de una obra en la que nueve meses antes formaba parte del consorcio como contratista.

Ante estos hechos, activistas de derechos humanos, abogados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la exdiputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, y el expresidente de la organización Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, habían solicitado a la Antai investigar la situación, pero la institución había reiterado que no tenía la competencia legal.

La nueva posición de la Antai surge tras una petición del exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, que le recordó a la Antai sus facultades de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 316 de 2022 que Regula Situaciones de Conflicto de Intereses en la Función Pública.

“Reconozco el comunicado emitido previamente por la Antai. Sin embargo, la solicitud no es a dirigir la investigación, ni a dictaminar sanciones en este caso. La solicitud es a que la Antai, a través de su Directora General, cumpla sus funciones y considere los hechos que a mi juicio configuran una violación a la ley de conflicto de interés y que, de coincidir, lo remita a la Corte Suprema de Justicia o a la autoridad que considere competente”, cita la petición de Vásquez con fecha del 3 de julio.

Posterior a esta misiva, Sheyla Castillo de Arias, directora de la Antai, concluyó remitir al Pleno de la CSJ la petición presentada por Vásquez “toda vez que la Antai no es competente para iniciar un proceso administrativo, por tratarse de una función privativamente atribuida al Pleno de la CSJ respecto de las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado”, señala la resolución de la Autoridad.

A su vez, pondrá a disposición del pleno del máximo tribunal del país las declaraciones juradas de Intereses particulares presentadas por Andrade en los años 2024 (inicial), 2025 y 2026, “para lo que en derecho corresponda y de conformidad con el procedimiento establecido”.

Castillo de Arias confirmó a este diario que mañana miércoles remitirá lo pertinente al pleno de la CSJ, tal como se comprometió en la resolución institucional del 9 de julio.

La puerta giratoria en el MOP

La investigación periodística “Ministro del MOP: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto” dio origen a los reclamos de una investigación prolija por la Antai, mientras que el mandatario José Raúl Mulino dijo que se trataban de “conflictos inventados”. Reveló el juego de roles, lo que posteriormente fue admitido por Andrade quien se escudo en “la buena fe” de sus actos.

Este medio detalló que la rehabilitación de la carretera El Tigre de los Amarillos -a la Playa Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, fue adjudicada en febrero de 2024 por $10,6 millones al consorcio conformado por las empresas: Inversiones Los Tres S.A., cuyo accionista y presidente era Andrade y Asfaltos Panameños, S.A.

El 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños adquiere todos los derechos y obligaciones del consorcio, excluyendo a Inversiones Los Tres, y en marzo de 2025 Andrade, ahora como ministro del MOP, firmó una adenda con Asfaltos Panameños para incrementar el costo de la pavimentación a $12.3 millones.

También, en noviembre de 2024 había firmado otra adenda para aumentar y disminuir algunas actividades con “balance cero” y en mayo pasado inspeccionó y recibió la obra a “ satisfacción”, según los documentos publicados en el portal de compras estatales: Panamá Compra y las notas institucionales del MOP.

Pero, contrario a esto, la Ley 316 de 2022 indica que en contrataciones públicas no podrán ser adjudicados aquellos actos en los cuales exista conflicta de intereses entre algún sujeto obligado de la entidad contratante y el contratista.

El sujeto obligado, sea el ministro o viceministro de Estado, debe manifestar su conflicto ante el superior jerárquico y separarse inmediatamente del conocimiento de tales asuntos.

La declaración de impedimento es para conocer asuntos en cuyo despacho interesen a empresas en cuyo asesoramiento o administración hubieran tenido parte dos años anteriores a la toma de posesión del cargo público, cita la norma.

“No [declaré impedimento al abordar el proyecto de Santa Catalina] por desconocimiento de la norma y porque estaba actuando de buena fe. Sin temor te lo digo, deconocía la norma”, respondió Andrade en el programa Panamá en Directo de la emisora Arca Media.

“Yo no tengo ningún problema ni me asusta que Antai o la Contraloría haga un audito al proyecto porque fue bien llevado”, acotó, ante la citada estación. A La Estrella de Panamá no le contestó al respecto.

Por su parte, Vásquez le comunicó a la Antai que el desconocimiento de la ley no elimina la necesidad de verificar con objetividad el cumplimento de las obligaciones legales.

Recordó que los actos administrativos emitidos en un entorno de conflicto de interés probado se encuentran viciados de nulidad absoluta, según la normativa.

Posteriormente, otra publicación del 21 de julio de La Estrella de Panamá reveló que Asfaltos Panameños, la empresa que se asoció con la de Andrade en diversas obras en el gobierno pasado, se ha convertido en una de las favoritas del MOP en la actual administración.

La exsocia de Andrade ha obtenido 14 contratos que superan los $100 millones y de estos al menos once fueron adjudicados de manera directa por el MOP entre el 1 de julio de 2024 al 4 de junio de 2026.

“La confianza ciudadana en las instituciones exige que el régimen jurídico de conflicto de intereses sea aplicado con independencia, objetividad y rigor, sin excepciones derivadas de la jerarquía del servidor público involucrado”, concluyó la petición del fundador del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez.