Tras las concesiones hídricas

PANAMÁ. La llamada “guerra a las concesiones” que implantó desde el primer día el gobierno de Ricardo Martinelli contra los rellenos en Amador, también se extenderá a las hidroeléctricas. El mandatario precisó que el gobierno hará revisiones.

Grupos ambientalistas preparan un estudio completo que será presentado de manera formal en los próximos días a las autoridades del gobierno para que se haga una revisión exhaustiva a las concesiones hidrícas otorgadas por la administración Torrijos, y en especial a la ley de normativa de agua, que ellos consideran está desfasada.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, manifestó que debe existir más responsabilidad de parte del gobierno en el tema ambiental, especialmente sobre los recursos hídricos. “La manera en que el gobierno anterior entregó esas concesiones deja entrever que lo que existe es un negociado con el tema agua”, indicó.

Agrega que debido a la escasez del vital líquido a nivel mundial, los recursos hídricos se están adquiriendo más valor. “El recurso agua obtiene cada día más valor que el oro. Hay algunos países que se pelean por tener agua y muchos otros más por venderla”.

En el tema de concesiones hidroeléctricas, es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) la encargada de otorgar estos permisos a las empresas que participen en estas licitaciones, pero en los últimos meses, la ASEP ha sido blanco de denuncias.

César Lisak, un empresario que licitó en dos proyectos hidroeléctricos, demandó al antiguo director de la ASEP, Víctor Urrutia por favorecer a las empresas del magnate mexicano Carlos Slim en dos proyectos hidroeléctricos, que ya había ganado su empresa.

Asegura que luego de realizar los trámites correspondientes obtuvo la resolución para realizar el Estudio de Impacto Ambiemtal (EIA) para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Baitún.

La empresa Complejo Hidroeléctrico Progreso S. A, a su cargo era la encargada de desarrollar el proyecto, teniendo resuelto todo, hasta ahi todo iba bien, pero de repente cambió.

Una demora en los trámites produjo que la empresa perdiera la concesión por incumplimiento de contrato. “Esta situación creó el escenario favorable a los propósitos de terceras personas, para cancelar la firma del contrato de concesión”, dijo Lizak, asegurando que la demora se debió a una serie de preguntas que tomaron más de un año.

Señala que la excusa que dieron las autoridades fue la demora en la “realización de los trámites”, pero sostiene que esta demora no se produjo por la concesión de agua, ni por el EIA, sino porque la aprobación de la ANAM tardó 27 meses para aprobar el EIA. Empero, a las empresas del grupo de Slim se las aprobaron en 47 días, el proyecto, que Lizak asegura, fue “plagiado”.

Sostiene que la excusa del atraso “se complica más para el ex director de la ASEP” porque su empresa solo pidió ocho meses para firmar el contrato pensando en que la Contraloría General de República toma mucho tiempo para estas cosas, situación que no pasó en el caso de Slim. “El mismo día que firmaron el contrato de concesión firmaron el de aprobación de la ANAM”.

En vista de esta situación solicitó una explicación a la ASEP, que tardó cinco meses en llegar. La institución a través de una resolución canceló el contrato.

En cambio un proyecto donde era socio Ubaldino Real y Eduardo Vallarino, dice, le dieron hasta cinco años para firmar el contrato de concesión y le resolvieron la solicitud en 17 días. “Esto no lo critico, porque es lo justo y normal, pero si cuestiono que no sea igual para todos”, concluyó.