La tardía detención del ‘maquillaje’ de la planilla de la Asamblea Nacional

¿Dónde están las “botellas”, esos funcionarios que son conocidos por cobrar sin trabajar? A lo interno del Palacio Justo Arosemena la respuesta a esta incógnita la conocen muy bien los administrativos y la Dirección de Recursos Humanos, que gestiona el pago de $7 millones mensuales en planilla.

En una pasada entrevista al contralor Anel Flores, fue puntual al revelarle a La Estrella de Panamá que son unas 500 “botellas” los servidores públicos que no sustentan su sueldo. En esa oportunidad, Flores prometió que esto sería denunciado ante el Ministerio Público por peculado por parte de la Contraloría General de la República, que desde finales de marzo audita al órgano Legislativo.

Posterior a estas declaraciones y en las últimas dos semanas, buena parte del personal que conforma las planillas más cuantiosas de los diputados ahora ha sido trasladado a las diversas direcciones de la Asamblea Nacional, como la oficina de equiparación de oportunidades, en la biblioteca e incluso en el Parlatino (Parlamento Latinoamericano), participación ciudadana, en las oficinas de las diversas comisiones ubicadas en el corregimiento de Ancón, comunicaciones y bienes patrimoniales, entre otros.

Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, prohibió este tipo de movimientos mediante una circular con fecha del 15 de mayo. (Ver nota).

La nota indica que con motivo de la auditoría de la Contraloría quedan suspendidas, hasta nuevo aviso, las acciones de personal, las modificaciones a la estructura, trámites de vacaciones, traslados y licencias.

Castañeda contestó a La Decana que la medida es “simple, nadie se puede mover mientras esté la auditoría, a fin de que la Contraloría haga su trabajo”.

Pero la circular llegó tarde y, como se indicó, surgió posterior a una reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hace unas dos semanas, liderada por el diputado Marcos Castillero, el segundo con la planilla más jugosa, según la información reportada por la entidad fiscalizadora.

En ese encuentro, Castillero asesoró a sus pares de esta agrupación política sobre cómo liberar las planillas del personal de cada diputado.

Así, por ejemplo, Castillero, quien según la Contraloría al 30 de abril tenía 150 funcionarios trabajando para él, en diversas oficinas tanto en la avenida 5 de Mayo como en su circuito, ahora cuenta con apenas más de una docena, al menos en papel.

¿Fueron despedidos? No. Su planilla continúa siendo la misma, de $226.282 al mes. Esta táctica de trasladar personal fue copiada por otros diputados del PRD que tienen las asignaciones de funcionarios más onerosas.

Este diario intentó contactar a Castillero para conocer el motivo de estos movimientos de personal, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Por eso precisamente mientras esté la auditoría no se puede hacer movilización”, añadió Castañeda al consultarle por estos trámites que concluyeron en buena parte por los diputados perredistas.

¿Por qué se prohíbe ahora y no antes de que esto ocurriera, cuando los traslados son gestiones conocidas a lo interno de la entidad y que se efectúan desde recursos humanos? (Ver nota 2).

¿Hay algún tope para que los políticos nombren personal? ¿Por qué hay diputados que nombran hasta 145 funcionarios, lo que implica un gasto de $261.000 mensuales, mientras que otros pueden operar con solo tres servidores y $10.000 al mes?, tal como es el caso del diputado del PRD Benicio Robinson, y Janine Prado, de la coalición Vamos, respectivamente, que representan dos extremos opuestos en el volumen de sus planillas.

Ante estas interrogantes, Castañeda dejó de atender la mensajería de texto y no atendió más preguntas de La Decana, olvidando al parecer su promesa de transparencia y estar dispuesta a “romper” las botellas.

Tampoco contestó las llamadas telefónicas y mucho menos accedió a una entrevista de este diario, solicitada hace más de una semana para hacer un balance de su gestión presidencial.

Precisamente, La Estrella de Panamá pidió por Ley de Transparencia la lista de todos los funcionarios con el detalle del despacho del diputado para el que están asignados, especificando su oficina y funciones reales, pero desde el 22 de abril el Legislativo no ha dado respuesta.

La Decana publicó una investigación sobre la segunda planilla más cuantiosa, la de Castillero, y desveló la verdadera estructura de la planilla legislativa, evidenciando que mientras que en la planilla de la web de la Asamblea los puestos se describen como “oficinista I o II”, “asistente administrativo I” o “ayudante general”, los diputados entregan sus listas a la Dirección de Recursos Humanos del Palacio Justo Arosemena con otros 34 cargos, entre ellos “promotores culturales, deportivos” y unas 80 funciones diversas.

Debido a esto, un funcionario con el mismo cargo puede tener funciones muy diversas y rangos salariales diferentes.

Buena parte de este personal está asignado a las labores del circuito del diputado, aunque no existe constancia real de su trabajo, por lo que la Contraloría investiga si son botellas o personal cuyos pagos retornan hasta en un 90 % al diputado que lo mantiene en su planilla.

Posterior a esta investigación, la Contraloría publicó el detalle por mes del personal de todos los diputados, liderando los primeros cuatro lugares con el mayor monto los del PRD Benicio Robinson, Marcos Castillero, Jaime Vargas y Crispiano Adames, con pagos mensuales que oscilan entre $261.225 a $164.120, y en quinto lugar aparece Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, con $120.675.