La sentencia final está en manos de electores

Independientemente del fallo del Tribunal Electoral (TE), abogados coinciden en que el verdadero juicio y castigo para los políticos que usaron dineros del Estado en la pasada campaña política lo tienen los electores.

Carlos Afú, el primer impugnado que enfrentó la justicia electoral por esta causa, podría participar en nuevas elecciones si se anulan las de mayo pasado.

Auditorías del TE, las cuales son determinantes, según el magistrado ponente, Eduardo Valdés Escoffery, revelaron que Afú utilizó más de $5 millones.

En la audiencia, Humberto Sánchez, alcalde de Río de Jesús (Veraguas), confirmó que manejó $2.5 millones de Afú.

El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal dice que los magistrados llamarán a nuevas elecciones, y que en las urnas ‘será el juicio final’.

El TE tiene dos caminos en este caso: Entregar las credenciales a Afú o anular los resultados y llamar a nuevas elecciones, pero no pueden impedir su participación.

‘Como el fallo del Tribunal Electoral no es una condena’, explica Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, no se puede excluir la participación de Afú en las elecciones.

Para impedir la participación del exdiputado del circuito 7-1 debe existir una condena. El exmagistrado aseguró que el único culpable es el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, por no hacer las investigaciones, e insistió en que ‘estamos frente a un delincuente que no cumple con su trabajo’.

Por su parte, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional (Panamá), asegura que si se convoca nuevamente a elecciones, como la sociedad está tan vigilante, seguramente no habrá apoyo estatal descarado para comprar conciencias, y la sentencia, tal vez, permita que los votantes reflexionen mejor sobre cómo ejercen su derecho al sufragio.

El analista político Menalco Solís se suma a quienes dicen que ‘los electores tienen en sus manos hacer justicia’.

Para Carlos Lee, vocero de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la participación de Afú en una próxima elección, si se anula la de mayo, demuestra el vacío legal que existe, por lo que el tema debe ser visto en las reformas electorales.