Medidas cautelares enfrentan a abogados y la Procuraduría

¿Intereses ‘ocultos' o decisiones en derecho? La aplicación de detenciones preventivas a exfuncionarios acusados de corrupción generó ayer debate entre abogados, tras las denuncias de la defensa del exdirector del PAN Rafael Guardia, sobre la ‘discrecionalidad' con la que actúan los fiscales.

‘Si me robo millones, me meten preso, le digo luego al fiscal que de los millones le devuelvo uno para que me den medida cautelar y así se cuadra la operación', aseguró el jurista Víctor Orobio. Eso, planteó, es ‘comprar a la justicia'.

Su reclamo ha capitalizado el descontento de los defensores de los acusados por corrupción, que desde una esquina, harto cuestionada, sostienen que, a cambio de medidas de casa y país por cárcel, los fiscales del Ministerio Público piden la ‘colaboración eficaz' que implica delatar a cómplices o artífices de los supuestos delitos.

‘El tema es que ha habido un mal manejo de la percepción sobre cómo se determina la asignación de una medida cautelar. El Ministerio Público siente que si estás siendo investigado y entregas dinero, puedes ir a casa', insistió el abogado Eduardo Sequeira, defensor del exministro Frank de Lima, acusado de fraccionar partidas para bloquear el escrutinio legislativo de los fondos que utilizó el PAN para comprar con sobrecostos.

LOS CASOS

Bajo ese razonamiento, la Procuraduría ordenó casa por cárcel para los empresarios Cristóbal Salerno, que después de ser acusado por el cobro ilegal de comisiones para Cobranzas del Istmo, y haber devuelto $21.6 millones, evitó pasar el proceso en prisión. También el exvicepresidente Felipe Virzi.

Por su parte, los empresarios Carlos Araúz y Roberto Carretero, acusados de vender con sobreprecios al PAN, endosaron $1 millón al Tesoro Nacional y fueron a casa.

Víctor Almengor, abogado de la empresaria Poulett Morales, acusada de vender mochilas al PAN sobrevaloradas, dice percibir que en el intento de hallar responsables, las fiscalías presionan con medidas cautelares a cambio de acusar.

‘Tal vez Orobio se siente frustrado por todo lo que está pasando. Si tiene medios para probar lo que ha dicho, que lo haga', insistió Almengor.

El reclamo de la defensa de Guardia ha llegado dos días después de que el Ministerio Público ordenase la detención de dos de sus hijos (Jonathan y Loraine), acusados de blanquear al menos $17 millones que su padre obtuvo ilegítimamente.

LA CONTRALECTURA

En el otro lado, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, cree que las denuncias son parte de la ‘confrontación natural' de procesos judiciales tan sensibles como los del PAN. De ahí se extrajeron, según las investigaciones preliminares, unos $1,200 millones con contratos tramposos.

‘Tenemos que confiar en la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público. Y más cuando hemos visto cómo han sido sus primeros meses', insiste.

El jurista llama la atención sobre otro dato clave: ninguno de los jueces de los procesos que han ido a audiencia ha llamado la atención sobre los supuestos excesos en las medidas cautelares.

Hay otras influencias que están definiendo este tipo de medidas selectivas.-- Víctor Orobio-- Abogado de Rafael Guardia

Víctor Chang es defensor del periodista detenido Julio Miller (acusado de lavado de activos en el escándalo para la construcción del sistema de riego de Tonosí). Para él, la retención del comunicador ha sido ‘exagerada', tomando en cuenta que se le requiere judicialmente por irregularidades en el cobro de $20 mil a Hidalgo e Hidalgo (contratista del proyecto).

Sequeira agrega al debate: ‘lo llamativo es que se le ha aplicado la medida cautelar de detención preventiva a personas que se han acercado voluntariamente a declarar'. ‘Eso no es indicativo —rebate Araúz—. Cada caso es un universo distinto'.

LA MIRADA OFICIAL

La procuradora Kenia Porcell esquivaba ayer los cuestionamientos a las decisiones de sus fiscales. ‘Las medidas cautelares no son un tema discrecional del fiscal. La ley establece un catálogo de medidas cautelares y se parte de la detención preventiva cuando las penas inician con cuatro años de prisión', planteó.

Porcell aseguró que en el caso de Guardia, sus hijos han quedado detenidos porque son acusados de un delito que empezó con otro grave: atentar contra la administración pública. ‘Se perdió dinero del Estado que pertenecía a los panameños', justificó.

Araúz, del CNA, cree de todos modos que, para escurrirse de las críticas, el Ministerio Público debe explicar todos los razonamientos que le llevaron a determinar prisiones preventivas. ‘Así —dice— no quedan dudas de que el poder discrecional de los fiscales ha quedado atrás'.

(Con información de Adelita Coriat)