Mulino descarta diálogo y señala a sus adversarios; protestas siguen

Una salida política y dialogada ante las protestas está fuera de la mesa. Así lo dejó ver ayer el presidente José Raúl Mulino, quien volvió a cargar contra los distintos grupos que se manifiestan contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

“Al costo que sea este país no se va trancar”, sostuvo el mandatario en su conferencia semanal de los jueves, donde reiteró puntos clave de la estrategia del Ejecutivo ante el incremento de las manifestaciones: endurecimiento de la presidencia policial en las calles y procesos judiciales para las personas que, según dijo el mandatario, “violen la ley”.

“Es una disputa sindical de sectores de izquierda y grupos políticos que se ven afectados por no ser más dueños de la CSS, esa es la verdad de los hechos”, sostuvo Mulino, en referencia a la crisis que vive la provincia de Bocas del Toro tras la huelga y cierres del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), que como el resto de la organizaciones en protesta, reclaman la derogación de la normativa.

Si bien el mandatario calificó los reclamos del sindicato de las bananeras -único actor en protesta con el que el Gobierno tiene conversaciones conocidas-, como un asunto meramente “sindical”, sin relación directa con la Ley 462, el secretario general Sitraibana reafirmó que piden derogar la normativa. Mulino manifestó que de no llegar a un “entendimiento” procederá a abrir la vías. “Si eso no se da, no queda otro camino que abrir Bocas”, dijo.

Acompañado de los ministros Julio Moltó, de Comercio; Jackeline Muñoz, de Trabajo; Frank Ábrego, de Seguridad, y el director de la CSS, Dino Mon, el presidente reafirmó la tesis oficial sobre una supuesta conspiración para “desestabilizar” el país. Aunque no precisó detalles en cuanto a cómo se estaría articulando dicho “complot”, sí les puso nombre a algunos que el Ejecutivo considera “agitadores” de la crisis.

Entre los señalados por el Gobierno de presuntamente estar tras las protestas, estaría el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames, a quien acusó de corrupción en nombramientos en la Asamblea Nacional, luego de que una auditoría de Contraloría revelara abultadas planillas en los despachos de varios diputados.

Igualmente, volvió a recalcar su postura sobre los sindicatos, en particular del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) al que calificó de “mafia” y cuyas cuentas ordenó cerrar en los bancos estatales en agosto de 2024. “Tu fetiche por la represión será diezmado por dignidad y la resistencia popular”, respondió el sindicato en su cuenta de X. Recalcaron además que el sector construcción sigue en paro.

Mulino también cuestionó a los padres de familia que no han enviado a sus hijos a los colegios en respaldo a la huelga magisterial que arrancó el pasado 23 de abril. El Ministerio de Educación informó esta semana de la aplicación de descuentos para al menos 2.000 docentes que se encuentran en huelga.

Descartó cualquier espacio para discutir la Ley 462 y reafirmó que no convocará a sesiones extraordinarias para que la Asamblea la debata. “Voy a hacer valer todos los recursos que me da la Constitución y la ley por la defensa del sistema democrático”, sostuvo.

A la huelga docente se han incorporado trabajadores de la construcción, indígenas, estudiantes y grupos del sector salud, con manifestaciones y cierres en la mayoría de las provincias del país y al menos dos comarcas. La postura de las organizaciones populares se centra en pedir la derogación de la ley, que consideran que “degrada” el sistema de pensiones y ofrece “jubilaciones de hambre” bajo el modelo de cuentas individuales, especialmente por la alta informalidad y desigualdad en Panamá.

Exigencias a las que se han sumado las críticas a los acuerdos recién firmados con Estados Unidos, que distintos grupos denuncian que autoriza instalar bases militares. Ambos reclamos el Gobierno los rechaza y califica de mentiras.

La tarde de ayer hubo enfrentamientos en la región de Arimae, Darién, con duros choques entre grupos campesinos e indígenas con la fuerza pública.

Hubo concentraciones en Panamá, Herrera, Los Santos, Veraguas, Colón y Chiriquí. Bocas se mantiene cerrado con más de una docena de bloqueos, mientras el Gobierno anunció abrirá un puente aéreo para mercancías.

Organizaciones denuncian abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en distintos puntos de protesta. Según datos oficiales, hay más de 190 detenidos y pérdidas económicas, de acuerdo con los gremios empresariales.

La Conferencia Episcopal hizo un llamado el miércoles a dejar de un lado las imposiciones y buscar diálogo.