Un sistema electoral antidemocrático

El régimen electoral vigente comenzó en 1978, durante la dictadura militar. Tenía como propósito crear un sistema de partidos con partido dominante –al estilo del PRI mexicano– para hacer creer que existía en Panamá una democracia partidista.

El sistema de partidos estaría dominado por el PRD. Las demás agrupaciones operarían como satélites, a las cuales se arrojarían las migajas del pastel siempre y cuando se acoplaran a las reglas del juego.

El régimen electoral de la dictadura se ha emparchado varias veces desde 1978 pero sus rasgos fundamentales, que favorecen al PRD, no han cambiado. En consecuencia, desde su fundación en 1979 –45 años atrás– el PRD se mantiene como partido dominante en Panamá.

Su dominio no obedece a que recibe una mayoría absoluta de votos en las elecciones populares. Obedece a un sistema electoral sesgado, antidemocrático y fraudulento, que ha puesto los consejos municipales, los gobiernos distritales, la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo bajo la preponderancia del PRD.

Un simple análisis de las cifras electorales conduce inequívocamente a esta conclusión. Desde la transición a la democracia, hemos tenido seis comicios generales: en 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019.

Cada vez ha habido cuatro elecciones: para presidente, diputados, alcaldes y representantes. En total: 24 elecciones desde mayo de 1994.

El promedio de la votación recibida por el PRD en esas 24 ocasiones es 32%. En otras palabras, si sumamos el porcentaje de votos recibidos por el PRD en cada una y lo dividimos entre 24, el PRD ha recibido, en promedio, poco menos de un tercio de las simpatías del electorado.

Ese tercio le ha servido para controlar el ejecutivo en tres períodos (1994-1999; 2004-2009 y 2019-2024), así como para dominar la Asamblea Nacional, acaparar el mayor número de alcaldías y obtener el mayor número de representantes de corregimiento, con sus respectivos presupuestos, exponencialmente engrandecidos en tiempos de descentralización.

Enfoquémonos en las elecciones de 2019 para obtener una idea más precisa del carácter antidemocrático del sistema electoral. Ese año, con 31% de la votación presidencial, sumado al 2% que aportó Molirena, el PRD obtuvo el control del ejecutivo nacional.

Eso no sería tan grave si operaran en Panamá organismos de control funcionales, como existen en otras democracias, con capacidad para detener las arbitrariedades del ejecutivo. La disfuncionalidad del Estado panameño, sin embargo, significa que los sufragios de un tercio de los votantes proporcionan carta blanca para que el ejecutivo abuse, durante cinco años, sin consecuencia alguna, del poder que constitucionalmente se le confiere.

Pero no solo son antidemocráticas las elecciones presidenciales. Con 30% de la votación para diputados en todo el país, en 2019 el PRD consiguió 37 de las 71 curules en la Asamblea Nacional, lo que representa el 52% de la cámara.

En otras palabras, el corrupto sistema de elección para diputados le permitió al PRD conseguir 16 escaños más de los que hubiese obtenido con un sistema electoral verdaderamente democrático y proporcional (30% x 71 = 21; 37 – 21 = 16).

Este corrupto sistema, patrocinado y avalado por el Tribunal Electoral, incluye aspectos informales, como la compra de votos, la manipulación y la trampa, y formales, como la esperpéntica fórmula para el reparto de curules en los circuitos plurinominales (incluyendo el nefasto “residuo”).

No son estas las únicas distorsiones que menoscaban la democracia en Panamá. En 2019, el PRD recibió el 32% de la votación para alcaldes a nivel nacional. Ese minoritario 32% le sirvió para obtener 38 de 81 alcaldías, lo cual equivale al 47% de los ejecutivos municipales.

Los resultados en las elecciones para representantes y concejales son una réplica. El 31% de votos que el PRD consiguió en esa votación le sirvió para obtener 322 del total de 688 representantes y concejales elegidos en 2019, lo cual equivale al 47% de esos cargos.

En 2019, como a todo lo largo del mal llamado “período democrático”, el PRD, a pesar de haber obtenido una votación minoritaria, ha conseguido una mayoría desproporcionada de los cargos de elección popular. La razón detrás de su éxito no es su reputación ni su transparencia, honradez, efectividad, capacidad de respuesta a los problemas nacionales, patriotismo o defensa de la soberanía.

La razón es un sistema electoral cuyos cimientos fueron puestos en 1978, durante la dictadura militar, para favorecer al partido oficialista que próximamente se crearía y cuyo predominio se quería asegurar eternamente.

El rasgo principal del sistema de elecciones es el predominio de las circunscripciones uninominales sin segunda vuelta electoral. Volvamos a 2019 para entender mejor la situación.

Ese año se eligieron 841 cargos principales mediante votación popular directa. Del total, 796 se eligieron en circunscripciones uninominales: 1 presidente de la república, 26 diputados, 81 alcaldes y 688 representantes y concejales.

Solo 45 diputados fueron elegidos en circuitos plurinominales mediante un supuesto sistema de representación proporcional. Pero, hasta en los pocos espacios de asignación supuestamente proporcional, la pervertida fórmula del residuo tergiversa la voluntad popular.

En otras palabras, de los 841 cargos elegidos, 95% se eligió en circunscripciones uninominales sin segunda vuelta.

¿Quién tiene las mayores posibilidades de ganar en una elección multipartidista llevada a cabo en demarcaciones uninominales? Nada menos que el partido que goza del apoyo de una tercera parte del público votante; posee enormes recursos –públicos y privados, legales e ilegales– para financiar campañas políticas; tiene gran experiencia en fraudes electorales y dictaduras (como lo dijo hace poco su propio presidente); y controla una enorme burocracia estatal de 275.000 empleados públicos, y, por ende, a la fuerza pública y al Tribunal Electoral.

Tocará al próximo gobierno, ineludiblemente, democratizar el sistema electoral, descartando los criterios engendrados durante la dictadura militar. Los cuerpos colegiados deben ser elegidos conforme al sistema estrictamente proporcional, en un solo circuito nacional para la Asamblea y en circuitos municipales para los concejos.

Para todos los cargos ejecutivos –presidente y alcaldes– debe introducirse, sin excepciones, la segunda vuelta. Además, urge democratizar el Código Electoral y reestructurar el Tribunal Electoral. Solo así se podrán corregir las antidemocráticas distorsiones del sistema panameño de elecciones.