Desigualdad económica impacta derechos infantiles en Panamá

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 31 años desde que los gobiernos del mundo se comprometieron a proteger el derecho a la vida, salud, educación, a la libertad de expresión y opinión de los niños y niñas para alcanzar su desarrollo adecuado y máximo potencial.

Tras más de tres décadas de haber oficializado una responsabilidad que debe ser innata no solo de los estados sino de todo adulto; ¿cuáles son los avances y retos en materia de derechos de los niños en Panamá?

El 20 de noviembre es un día relevante pues no solo se celebra el Día Universal del Niño, también se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño.

La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1959. Está basada en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924 y agrupa 10 principios. Tras esta declaración, 65 años después, en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Las principales diferencias entre ambas recaen en que el cumplimiento de una convención es obligatorio y la de 1989 cambia el enfoque considerando a las niñas y niños como sujetos de protección y no solo como objetos de la misma.

“Los derechos son los que nos garantizan que nuestra vida sea plena y en un ambiente de paz, algo que el Estado, la sociedad y la familia están comprometidos a cumplir”, señala Yasser Reina, miembro del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Panamá y ex diputado Juvenil.

Reina, estudiante del Instituto América considera que en Panamá pese a que se respetan los derechos, “hay aspectos que se deben mejorar”.

“Quiero enfatizar dos”, afirma el joven. “Primero el derecho a la libertad de expresión y opinión. Cuando se hacen encuestas sobre los derechos de los niños las preguntas van dirigidas únicamente a los adultos. No es el caso cuando se habla sobre los derechos de, por ejemplo, las feministas, allí le preguntas a las feministas, igual cuando se abordan los derechos de la comunidad LGBT se escucha y platica con personas de este grupo”, manifiesta Reina.

El joven estudiante asegura que los niños, adolescentes y jóvenes saben qué les afecta. En este orden, indica que el acceso a áreas de recreación, la falta de participación real en los temas que les compete y la violencia en los hogares maquillada por una forma de crianza son aspectos que le aquejan en la actualidad.

El ex diputado juvenil manifiesta que el otro elemento en el cual Panamá debe mejorar es en el derecho a la protección. “En nuestro país y en muchas partes del mundo se ha venido inculcando que los golpes y este tipo de crianza son educar y enseñarles a los niños. Esto es completamente falso”, dice Reina. Según la Encuesta MICS 2013, (la última realizada sobre el tema) 45% de la niñez en Panamá sufre disciplina violenta.

Contrario a estos aspectos, Reina considera que en Panamá se defiende “muy bien” el derecho a la vida, “porque no es legal el aborto”.

Según la ONG internacional Humanium, pese a tener un sólido crecimiento económico, Panamá está plagada de enormes desigualdades económicas que afectan a muchos niños y adolescentes, especialmente a los que viven en zonas rurales y comunidades indígenas.

Aunque el país registra un progreso en cuestión de derechos infantiles, “la situación de los niños y adolescentes en el país permanece relativamente inestable”, apunta la ONG internacional de apadrinamiento de niños comprometida a acabar con la violación de los derechos infantiles en el mundo.

El índice de cumplimiento de los Derechos del Niño en Panamá es de 8,44 siendo 10 la mejor puntuación, según la clasificación mundial esto equivale a una “situación satisfactoria”.

A pesar de estas alentadoras cifras, los infantes en Panamá no gozan en su totalidad de sus derechos.

Todos los niños y las niñas tienen el derecho a la vida. Aunque la tasa de mortalidad infantil en el Istmo se ha mantenido estable entre los periodos 2012 a 2017, sigue siendo alta en provincias como Bocas del Toro, donde se registraron 24 defunciones por cada mil niños nacidos vivos en 2017. Aproximadamente 14 defunciones por cada mil nacidos vivos es la tasa nacional (2017), revela un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En cuanto al derecho a la identidad, a menudo en las áreas rurales del país y en las poblaciones indígenas los niños no son registrados cuando nacen, generalmente debido a la falta de conocimiento de la importancia de esto, lo que es más común en las áreas rurales y en las poblaciones indígenas.

Un niño que no está registrado con las autoridades de su país es invisible a los ojos del Estado y de la sociedad, lo que acarrea la violación de otros derechos. Frente a esta situación, las autoridades hacen esfuerzos para difundir información a los originarios y moradores de zonas apartadas sobre el valor de darle identidad a todo recién nacido.

En el panorama de salud, la calidad de los servicios es “preocupante”, indica Humanium, especialmente entre la población más vulnerable, en zonas rurales y las comunidades indígenas

Cifras publicadas por la ONG establecen que el 12% de los niños en Panamá son víctimas de la desnutrición. Aunado a esto, la tasa de mortalidad infantil en las comunidades indígenas es muy alta (entre 35.2 y 62.3%). La nutrición es crucial para garantizar el derecho a la salud y la educación.

Pese a los esfuerzos de poner en marcha programas estatales y no gubernamentales, no todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con las mismas oportunidades para desarrollar su potencial.

En el campo del derecho a la educación no pocos niños abandonan la escuela a temprana edad y pocos son reintegrados al sistema escolar, esta situación al igual que las anteriores, ocurre en las zonas más pobres del país.

Según datos de Unicef, la cobertura de servicios de desarrollo infantil es desconocida y la tasa de matrícula en preescolar es del 69 %. La tasa neta de matrícula en primaria era de 90% para el año 2018. Esta tasa disminuye al 69% en pre-media y a 52% en media. Se estima que 6% de los estudiantes en primaria estaban en sobre-edad en 2018, mientras que 17% lo estaban en pre-media y 15% en media.

Los infantes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta se tenga en cuenta en los asuntos que le afectan. En este sentido, ¿qué opinan sobre la educación sexual? “Es un tema complejo que lleva a controversia. Hay que tomarlo con calma. Los niños, niñas y adolescentes estamos en desacuerdo en que se brinde educación sexual en los colegios, pero creemos que esta educación debe ser integral, no solo para nosotros sino también para nuestros padres, profesores y maestros; todos debemos estar preparados”, indica Reyna.

Detalla que en el hogar deben abordarse “temas privados como conocerme a mí mismo, descubrir mi cuerpo, cómo debo reaccionar frente a situaciones que se me pueden presentar en la vida como el acoso, la violación…”, mientras que “en el colegio nos deben enseñar temas científicos, sobre las enfermedades”.

“Si hay niños o adolescentes que sienten más confianza con sus maestros o profesores estos deben abordar los temas necesarios con ellos, por ello todos debemos estar preparados”, dice.

Los niños y adolescentes por su edad y al estar en un proceso de crecimiento y desarrollo no cuentan con los recursos necesarios para protegerse, por ello es tarea de la sociedad, desde la familia hasta el Estado, velar por su bienestar.