La lucha contra el crimen

Impresiona cómo la sociedad es sacudida por hechos irregulares que vulneran la seguridad colectiva. Un suceso sacude la tranquilidad y cuando aún se siente su impacto, surge otro que va apagando los que preceden.

Algunos de estos hechos son de carácter social y otros son prefabricados. La violencia resulta generalmente un fenómeno social y es el que más abunda.

Lo que llama la atención es la facilidad como suelen manipularse tales hechos para obtener otros objetivos. Lo que deseo es advertir sobre la existencia de esta manipulación para que los asociados no descuiden su malicia.

Al respecto existe un caso representativo, un caso simbólico que generó una fuerte polémica entre civilistas y castrenses.

Ante la creciente ola de violencia, los castrenses intensificaron su campaña contra la disposición legal que establecía que el jefe de la Policía Nacional debía ser un civil. La lucha contra el crimen, decían, debe tener a un militar al frente del cuerpo armado. El presidente de la República se declaró partidario de esta tesis y sin mayor trámite violó la ley, y con la excusa de la transitoriedad colocó a un militar al frente de la Policía Nacional. Los castrenses triunfaron en su esfuerzo y el crimen sería vencido por los nuevos especialistas en la materia.

El tiempo ha transcurrido y la sociedad ha esperado impaciente el cese de la violencia, tan hábilmente preconizado como gestión natural de un buen uniformado.

La realidad, sin embargo, ha sido otra. Lamentablemente la violencia, bajo la dirección militar, ha superado en casos delictivos a los ofrecidos bajo el comando de un civil. La violencia sigue campante y nada tiene que ver con la dirección de una Policía Nacional. Hoy son múltiples los hechos de sangre y otros delitos que espantan a la sociedad. La violencia contemporánea es complejísima y su lenta solución depende de planificadas políticas de Estado que no dejan de lado ningún factor que incide en la estructura social. Y como toda política es un programa de acciones, deben darse las prioridades; la primera guarda relación con la formación moral y educativa del ser humano. Lo que significa que la moral y las luces deben entrar a cada hogar predicando y practicando la igualdad y la esencia de los valores humanos.

Es dura esta lucha porque su solución tiene que ver con la raíz de los males y la cauterización de los síntomas es solo parte de un proceso que mitiga, pero no cura.

La conducta del hombre y el ritmo social, decía Ferri, son determinados por causas exógenas profundas y endógenas, tan variantes, que científicamente se les puede atender con óptimos resultados.

De ahí que la lucha contra el crimen debe abordarse por funcionarios del Ministerio Público, como lo indica la Constitución Nacional, por institutos de criminología técnicamente organizados, etc., y todos con capacidad de conocer los desajustes sociales y las pasiones humanas.

Estos intrincados problemas nada tienen que ver con mantener al frente de la Policía a un militar o a un civil. Entre los panameños esa diferenciación responde a un problema de experiencias, historias y principios. No se trata de una discriminación, sino de una medida cautelar para preservar la democracia.

En la lucha contra el crimen hay otras morosidades. Me refiero al sistema penitenciario referido al trato que debe darse al delincuente, en proceso o condenado. El principio constitucional ordena que las cárceles sean centros de resocialización.

Resocialización significa renovación integral. Para lograrlo es necesaria una revolución penitenciaria, es decir, una adecuada planificación de lo que se desea, todo debidamente financiado por el Estado.

Esta misión también debe encomendarse a funcionarios idóneos que hagan estudios comparados con lo que al respecto se viene haciendo en otros países desde hace muchísimos años.

La construcción de talleres, la organización de centros de enseñanza, la garantía de trabajo para el procesado mientras cumple la pena y algún tiempo después de haberla cumplido, son viejas prácticas en otros países y debemos adaptarlas a las necesidades nuestras.

Al decir anteriormente que el problema del crimen y de la violencia, que tiene saturada a la sociedad panameña, debe responder en su solución a una política responsable del Estado, para ello debe recibir el respaldo de toda la sociedad.

Felizmente existen organizaciones internacionales dedicadas al asesoramiento de estas políticas, y gracias a la función de las universidades que existen en Panamá se puede encontrar el personal idóneo para hacerle frente a la ola antisocial que azota a la República.

Estos apuntes, muy limitados por cierto, tienen el propósito de dejar en claro que la lucha contra el crimen no es cuestión de tener al frente del organismo policíaco a un militar. El problema es más serio y profundo.

Publicado originalmente el 1 de noviembre de 2008.