Países buscan una ley que promueva la escolarización gratuita

Casi la mitad de todos los niños del mundo no inician su educación preescolar al no estar matriculados, mientras que solo un 45% de los adolescentes ha completado sus estudios secundarios, a pesar de que ambos niveles educativos siguen siendo barreras importantes para superar la pobreza y desigualdad, de acuerdo con la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

Según esta entidad, el fracaso del acceso gratuito a un ciclo educativo completo obstaculiza el progreso y desarrollo de la sociedad, debido a que la formación integral es un fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determina que la educación es una “inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas”, pero la realidad es que 57 millones de niños en el mundo todavía no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, de acuerdo con datos de esta organización.

El desarrollo sostenible depende cada vez más de la capacidad de los gobiernos para implementar políticas enfocadas a grupos marginados e ir suprimiendo barreras para el aprendizaje continuo y la incursión al mercado laboral.

Aunque se han logrado avances significativos en cuanto al acceso a la educación y capacitación de las niñas en las últimas décadas, todavía sigue siendo una de las demográficas con el menor acceso a esto mismo, es por eso que se necesitan políticas específicas para resolver estos retos con urgencia.

Con este objetivo, organizaciones como Human Rights Watch, la ONU, Plan International y Girls Not Brides se embarcan en una nueva iniciativa de la cual se espera producir grandes avances y que se reconozca legalmente el derecho de todos los niños y adolescentes a una educación gratuita desde el preescolar hasta la educación secundaria.

Con la ayuda de países como Panamá, Colombia, República Dominicana, Bulgaria, Luxemburgo, Rumania, Sierra Leona y Nauru se reunirán en el Consejo de Derechos Humanos para abordar la necesidad de un nuevo marco jurídico que haga hincapié en la intersección fundamental entre la educación preescolar y secundaria gratuita y los derechos humanos, especialmente para lograr el empoderamiento de las niñas y las mujeres.

La deserción escolar es otra de las problemáticas que afectan la educación e impiden el progreso de los niños y adolescentes en su camino hacia el progreso individual. De acuerdo con la ONU, quienes abandonan la escuela a una edad temprana son vulnerables al desempleo, a la pobreza, al matrimonio prematuro y al embarazo.

Solo en Panamá hay un índice de deserción escolar del 5%, que se traduce a 15.293 estudiantes, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca que aunque las niñas tienen más dificultades para acceder al sistema educativo y son más propensas a no asistir al colegio, los niños corren mayor riesgo de repetir el año, no progresar o no terminar sus estudios.

La pobreza, el género, la discapacidad, las catástrofes familiares, la guerra o la percepción de que la educación no genera beneficios económicos tangibles son algunos factores que propician la deserción escolar.

Naciones como Kirguistán, Madagascar, Nepal y Sierra Leona han dado pasos significativos en cuanto a la formación gratuita en la infancia y adolescencia, a pesar de ser países de ingresos bajos y medios.

Estos son de los pocos países que cuentan con leyes que garantizan educación gratuita en la etapa preescolar y la secundaria por al menos un año.

Sin embargo, el derecho internacional, los derechos humanos y los gobiernos del resto de los Estados no han seguido el ritmo de estas iniciativas. Human Rights Watch denuncia que el tratado de derechos del niño de la ONU, ni la Convención sobre los Derechos del Niño obligan a los países a brindar educación secundaria gratuita en las mismas condiciones inmediatas que la educación primaria, ni hace referencia explícita a la educación de la primera infancia.

Según la organización de derechos humanos, estas diferencias entre los sistemas educativos del mundo y sus marcos jurídicos está fomentando el apoyo internacional para la creación de un instrumento legal que procure la educación gratuita y la inclusión educativa: una nueva ley internacional que impulsará una mayor implementación de la educación gratuita en países donde todavía se cobran tasas por estudiantes.

“Es imperativo que otros Estados se unan a esta iniciativa. Juntos, pueden garantizar que todos los niños y adolescentes puedan aprender y alcanzar su potencial, sentando las bases para un futuro más justo y equitativo”, detalló esta organización.