Ley 462: Monseñor Ulloa llama al diálogo; se intensifica protesta en las comarcas

En el marco de la Cita Eucarística 2025, celebrada ayer domingo, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, emitió un mensaje firme y reflexivo ante la crisis que vive el país, marcada por la desconfianza institucional, la tensión social y el hartazgo ciudadano.

“La zozobra y el desencuentro que vivimos en estos días son producto de la suficiencia arrogante del que no escucha, del que da la espalda a las legítimas aspiraciones del pueblo”, expresó monseñor Ulloa ante miles de feligreses reunidos en la tradicional ceremonia religiosa.

El líder de la Iglesia católica panameña advirtió que la violencia y la confrontación “nunca podrán ser el camino para lograr la paz”, y pidió a todos los sectores —especialmente a los responsables políticos— actuar con humildad, apertura y compromiso con el bien común.

Ulloa reconoció el profundo malestar de la población frente a decisiones que afectan el bienestar colectivo y reiteró que el país necesita más que nunca “una escucha real, no de forma, sino de fondo”. En ese sentido, instó a abrir un diálogo genuino, sin imposiciones ni agendas ocultas.

En su mensaje ante miles de fieles, el arzobispo de Panamá alertó que la violencia nunca será solución y que solo el respeto mutuo puede sanar la fractura social.

Durante su homilía, también hizo un llamado a las autoridades para que dejen de lado intereses particulares, y al pueblo panameño, a mantener la esperanza sin recurrir a la violencia ni caer en la desesperanza.

La Cita Eucarística de este año se celebró bajo el lema ‘Caminar juntos en la esperanza’, en un contexto marcado por protestas, reclamos ciudadanos y creciente polarización.

El mensaje de monseñor Ulloa, ha sido interpretado como un llamado directo a la clase política para que se conecte con las verdaderas necesidades del pueblo, en medio de una creciente desafección institucional.

“Panamá no puede seguir perdiendo su alma en medio del ruido de la indiferencia y la soberbia”, concluyó el arzobispo, instando a todos los actores nacionales a recuperar la sensatez y a construir caminos de reconciliación y justicia social.

El país entra en su sexta semana de protestas contra la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones y la Caja de Seguro Social, así como el rechazo de distintos grupos al Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos.

El Congreso General de Guna Yala, a través de su Junta Ejecutiva, condenó con firmeza los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas nacionales, que han tenido participación activa de pueblos indígenas en diversos puntos del país.

La denuncia surge tras la supuesta muerte de un joven indígena de la comunidad emberá de Arimae, quien, según el documento, falleció al recibir disparos de perdigones durante un operativo de unidades antidisturbios y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El hecho, aseguran, se suma a otros episodios en los que miembros de los pueblos ngäbe nuglé y emberá han resultado heridos, incluidos menores de edad.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que no se mantiene información de ninguna persona fallecida. “Circula mucha información falsa y hay quienes deciden creerla aunque se les confirma que lo que circula no es así. El Gobierno Nacional se mantiene garantizando el libre tránsito y en puntos donde hay cierres se mantienen y se mantendrán los estamentos de seguridad garantizando la integridad de todos”.

El Senafront también se pronunció indicando que la entidad no manejan registro de fallecidos hasta el momento.

El Congreso guna también responsabiliza directamente a las autoridades gubernamentales por instruir el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades indígenas que han decidido unirse a las manifestaciones nacionales contra políticas consideradas “antipopulares”.

Asimismo, el Congreso General Guna hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la Iglesia, para que asuman una postura activa ante lo que consideran una “persecución sistemática” contra los líderes indígenas.

La misiva denuncia que, producto de la represión, familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus comunidades para refugiarse en zonas remotas. “Niños, mujeres han emprendido un éxodo, viéndose vulnerados en su derecho a vivir con seguridad y libertad”, concluye el comunicado.