Los agroquímicos frente a la salud y el ambiente

Los agroquímicos tienen impacto directo en la salud humana y en el medio ambiente. Si bien en un principio su uso era para las necesidades agrícolas, actualmente el incremento de la demanda de alimentos por el aumento poblacional y la aparición de nuevas plagas ha derivado en el uso excesivo de miles de toneladas de productos químicos que se producen anualmente en el mundo.

¿Hasta qué punto somos conscientes de los posibles efectos nocivos que para la salud humana y de los ecosistemas se pueden generar por los procesos acumulativos en el suelo, el agua y los organismos vivos originados por estas sustancias y que derivan en contaminación, degradación y muerte?

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos.

A los plaguicidas usados en relación con las actividades agrarias se les denomina agroquímicos.

La explosión en la producción y uso de estos compuestos químicos se dio a partir de la década de 1950, cuando las técnicas de síntesis y purificación de compuestos orgánicos mejoraron sustancialmente, logrando formulaciones más eficaces y de menor costo.

Actualmente se invierten por año más de $6 mil millones, de los cuales casi $3 mil millones corresponden a nuevos desarrollos de productos fitosanitarios, y el restante a investigación y desarrollo de semillas y biotecnología.

Se calcula que las grandes compañías del mercado agroquímico, como Dow-DuPont, Bayer y Basf, generan ganancias anuales de aproximadamente $6 mil millones.

El uso masivo, y muchas veces indiscriminado, de estos productos ha generado en el mundo problemas de degradación del suelo, pérdida de nutrientes, erosión, contaminación de fuentes de agua, aumento de la resistencia a los plaguicidas y múltiples efectos tóxicos sobre la salud de los animales, envenenamiento de especies benéficas, y afectación a los seres humanos por bioacumulación o envenenamiento directo.

En Panamá, la situación es similar y tras décadas de procesos agrícolas insostenibles, la variedad de productos agroquímicos y fertilizantes ha aumentado debido a una mayor demanda para mejorar los rendimientos de los cultivos en menor tiempo y poder generar ganancias.

Se hace necesario cambiar la visión y apostar por alternativas más sostenibles, como la preparación del suelo con nutrientes específicos para el tipo de suelo, abonos orgánicos, nuevas tecnologías de cultivo que incorporen el uso de sensores y drones para monitorear el estado de las siembras y detectar a tiempo el inicio de una enfermedad, tratamientos de control biológico, así como una mayor vigilancia por parte de las autoridades fitosanitarias y agrícolas, para que se garantice la seguridad alimentaria y ambiental de todos los panameños.

En ese sentido, Panamá es signataria del Convenio de Rotterdam, adoptado por la Ley 12 del 14 de junio de 2000. Este convenio busca promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos de cooperación y vigilancia entre los Estados firmantes, en lo que se refiere al comercio internacional de productos químicos peligrosos, para proteger la salud de los humanos y del ambiente de potenciales efectos dañinos y contribuir a un uso adecuado, para lo cual pueden brindar información científica sobre el producto, que ayude a un proceso de toma de decisión acerca de su importación o exportación e informar a todas las partes.

Al respecto, ¿están las instituciones responsables de cuidar la salud y el bienestar de las personas, cumpliendo con sus responsabilidades y haciendo cumplir cabalmente el Convenio de Rotterdam?

En noviembre de 2021 tuve la oportunidad de hacer un recorrido dentro del área protegida Parque Nacional Volcán Barú y sus áreas inmediatas, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, donde evidencié el avance de la frontera agrícola hacia el interior del parque. Entre los aspectos registrados observé un sinnúmero de agroquímicos en uso en los cultivos dentro del parque, algunos de ellos prohibidos en otros países, pero que son utilizados por nuestros agricultores, además del descarte inapropiado de dichos compuestos químicos, dispersos y expuestos al aire libre en las áreas de cultivo agrícola. Se nota que no existe control eficaz al respecto.

Sin hacer esfuerzo al respecto, en varios puntos con cultivos de cebolla y papa registramos envases de herbicidas como alanex, gramoxone y ferquat, así como del fungicida luxazim.

Luego de una revisión de la ficha técnica de dichos agroquímicos, aparecen datos importantes para tener en consideración. El alanex, cuyo principio activo (PA) es el alaclor pertenece al grupo de las cloroacetamidas y actúa interfiriendo en la síntesis de proteínas en las partes germinativas de las plantas. El alaclor está prohibido en la Unión Europea y Canadá debido a que varios estudios han demostrado que representa un peligro para la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, ya que su degradación produce múltiples metabolitos, que por su naturaleza química no se degradan fácilmente en agua y persisten, generando posibles efectos toxicológicos ambientales.

Para el caso del gramoxone y ferquat su acción es sobre los cloroplastos, ya que generan superóxidos que reaccionan con los ácidos grasos insaturados presentes en la membrana celular de las plantas, destruyéndolos y bloqueando la fotosíntesis. El paraquat es el ingrediente activo y está ampliamente documentado su alto nivel de toxicidad si se ingiere o inhala; además se ha señalado que puede tener relación con el desarrollo de fibrosis pulmonar y aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson.

En los registros fitosanitarios comerciales de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Mida, el paraquat está clasificado como agroquímico restringido, lo que significa que para fines agrícolas y por su nivel de riesgo, su uso debe estar reglamentado y condicionado a prácticas especiales de manejo, lo cual es muy probable que no está ocurriendo.

Según el registro del Mida, en Panamá se usan más de 800 productos como herbicidas y más de 600 productos como insecticidas y fungicidas, que cuentan con registro fitosanitario, con clasificaciones que van desde ligeramente peligroso hasta altamente peligroso.

Por otra parte, el luxazim, cuyo principio activo es la carbendazima, integrante del grupo de los benzimidazoles, es un fungicida de amplio espectro que es absorbido por las raíces y tejidos de las plantas, donde inhibe la formación de la ß-tubulina, una proteína que forma los microtúbulos que participan en la multiplicación celular, matando de esa forma al hongo.

Aunque no hay estudios realizados sobre sus efectos adversos en humanos, sí se ha documentado su acción teratogénica, de infertilidad y atrofia testicular en ensayos de laboratorio, asociado a su acción inhibitoria sobre las tubulinas.

Todo lo anterior expone, una vez más, que tanto las personas que trabajan en los campos agrícolas, como los consumidores y el ambiente estamos expuestos, de forma indirecta o directa, a contaminantes químicos con potencial riesgo para la salud, la biota en general y el ambiente, incluyendo las fuentes de agua superficiales y subterráneas.

Las directrices para el cambio ya están elaboradas, existen indicadores definidos por la Agenda de Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030, enfocados en salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6), producción y el consumo responsable (ODS 12) y por la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15); por las normativas del CODEX Alimentarius, que es el organismo que establece las normas de inocuidad de alimentos y por el Convenio de Rotterdam que es vinculante y que debe aplicarse firmemente.

Urge la acción de las autoridades, quienes tienen en sus manos las herramientas para ejercer el control y manejo adecuado que garantice el bienestar del ambiente y la sociedad. Es necesario dar educación ambiental en medios de comunicación y las escuelas, colegios y universidades, para que se conozcan los peligros de los químicos usados en la agricultura y la ganadería.