Todo por la excelencia: la lucha para proteger el futuro de los galenos

En vista de la alta demanda de personal médico por una pandemia de 12 meses, la llegada de la Resolución No. 1 del 3 de marzo que buscaba modificar el puntaje máximo del examen de certificación médica de los estudiantes graduados de medicina para su ingreso al internado, del 41,5% al 34,5%, fue recibida como un golpe a la moral y al gremio.

El documento presentado en la Gaceta Oficial del 5 de marzo, firmado por el doctor Américo Lombardo –quien renunció al Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina (Cicbm)–, establecía “de manera temporal y hasta que se levante el estado de emergencia nacional, el puntaje mínimo de aprobación para el examen de certificación básica en medicina”. El examen de certificación básica fue realizado por 364 egresados de medicina el pasado 5 de marzo, y será evaluado conforme al porcentaje habitual, que fue restituido el pasado viernes.

La derogación de la resolución No. 1 del 3 de marzo fue aprobada por el Cicbm bajo la resolución No. 3 del 12 de marzo, que deja sin efecto la flexibilización del proceso de certificación y restituye la calificación mínima en 405 o 41,5% para iniciar el internado. “El examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido; cualquier otra medida es un retroceso”, expresó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un tuit acerca de las modificaciones de la resolución.

El examen de certificación es elaborado por el National Board of Medical Examiners (NBME), institución que se dedica a revisar y calificar los exámenes de estudiantes graduados en medicina, para luego ser enviados al país remitente. Los estudiantes deben obtener el puntaje aprobado por el Cicbm para solicitar al Consejo Técnico de Salud la autorización para ser aspirantes a las plazas de internado médico del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

Para los gremios y diversas asociaciones, la idea de bajar el puntaje de calificación “no es beneficioso para el Estado, la población ni para los estudiantes”, ya que reducir la barra de requerimientos de la academia, es una medida en detrimento de la calidad de la formación profesional.

Según el médico general Aruxi A. Hidalgo, la baja en la excelencia en los futuros médicos afectaría al Estado, “quien tendría que absorber en internados del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a profesionales que no estarán preparados”, lo cual expondrá a los pacientes, parte de la sociedad general, “a riesgos de salud innecesarios, ya que los graduados doctores no tendrán las herramientas necesarias ni la formación fundamental que se necesita para fortalecer el sistema de salud nacional”.

Esto hace eco de las palabras del diputado Mariano López, de llevar “oportunidades iguales” a todos los estudiantes de medicina del país a través del proyecto de ley 525, que modifica la Ley 43 de 2004 y crea el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas técnicos de la Salud, el cual ha sido criticado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, quienes llevaron a cabo una marcha al respecto el pasado 11 de marzo, para solicitar el retiro del anteproyecto.

“Llevar al sistema a personas con una formación insuficiente puede abrir puertas a un mal manejo de la salud de los panameños”, señaló Hidalgo; “los dirigentes del Minsa y de la Universidad de Panamá deben atender el llamado que recibieron y entender la responsabilidad que conlleva formar a los futuros encargados de velar por la salud nacional”.

El profesional en salud hizo hincapié en recordar que la prueba de certificación es obligatoria para obtener la idoneidad, y que abre la puerta para que los médicos generales graduados realicen la práctica correspondiente “con los conocimientos que ya poseen y que deben ser excelentes para realizar los diagnósticos y tratamientos correctos”.

“El intento de dar de baja a la excelencia significa reducir la oportunidad de competitividad de nuestros futuros profesionales en diversas especialidades dentro y fuera del país, afectando el legado de excelencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá”, apuntó a este diario el presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, Carlos Gálvez.

Por su lado, Hidalgo anotó que se deben tener en cuenta las asociaciones médicas del país al tomar decisiones que involucren cambios en el sistema educativo superior de salud: “Cada asociación cuenta con cientos de profesionales de ramas específicas que pueden aportar conocimientos clave para el mejoramiento del sistema de salud y que se apoyan entre sí con fundamentos científicos y de trayectoria”.

Gálvez añadió que durante la pandemia se evidenció que “nuestro personal médico es limitado” y no se ha mejorado la distribución en el país “por la falta de decisiones políticas en pro de beneficiar a lugares de difícil acceso con incentivos para el personal de salud”.

“No podemos sanar a una sociedad construyendo únicamente hospitales”, expresó, “se requiere de líderes de la salud con visión salubrista, que entiendan que la falta de agua potable, alimentación sana y reducción de la contaminación son factores que seguirán enfermando a la población, aunque haya grandes cantidades de medicamentos en los estantes y se den diagnósticos todos los días”.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública aplaudió la presencia de los jóvenes graduados de la Facultad de Medicina “que se levantaron en contra del proyecto de ley que busca bajar la excelencia que se requiere como profesionales”.

“Hay una mayoría absoluta del personal recién graduado que exige que perdure la excelencia que se les exigió y que les ha certificado como médicos excelentes”, enfatizó, “no están pidiendo que se les trate con guantes de seda, sino que se mantenga el alto nivel de preparación porque de esa manera se preserva un alto nivel de salud en la población y es algo que los dirigentes también deben entender”.