Panamá busca profesionales, ¿califica usted?

No se trata de una nueva situación. La apertura o nacionalización de profesiones, así como la acreditación de títulos y otorgamiento de idoneidades ha sido motivo de largas discusiones con bandos a favor y en contra. Y probablemente la razón por la cual se mantiene no solo la discusión sino el problema, es porque se piensa que es muy sencillo y que con promulgar una ley o decreto queda resuelto. Sin embargo, una inofensiva bola de nieve puede, con el tiempo generar una gran avalancha que puede truncar el desarrollo del país.

“Para analizar el tema de la reglamentación de las profesiones tenemos que entender que Panamá es un país sin la claridad de un plan de desarrollo nacional consensuado, en el que se establecen estrategias para lograr objetivos. En ese sentido, podemos decir que el país funciona desde el punto de vista de las tendencias del mercado y una acumulación de grandes empresas beneficiadas por esta dinámica. En esa plataforma podemos decir que los intereses para reglamentar pasan por un conjunto de factores que el país necesita atender: el tema educativo, el tema migratorio, el tema corporativo y el tema institucional”, considera el sociólogo José Lasso.

Entonces, son muchos los actores e instituciones involucradas y que en teoría deben trabajar de forma armónica para lograr ese fin común, que es el desarrollo del país.

“Este es un tema más complejo que lo que la gente piensa”, asegura Víctor Sánchez, Secretario Nacional Encargado de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), porque a su juicio, convergen situaciones completamente distintas pero que al final complican más la toma de decisiones y el establecimiento de una dirección.

“El tema de la idoneidad tiene una razón de ser que en muchas veces está relacionada con la seguridad pública. Por ejemplo, el ejercicio de la medicina. La medicina tiene un sistema de idoneidad muy claro, muy exigente con muchos años de preparación teórica y práctica, para que la persona adquiera esa idoneidad”, explica Sánchez.

Y la primera confusión viene con el término idoneidad. Ser idóneo significa estar capacitado tanto en conocimiento como práctica, para ejercer una profesión; llevara a cabo un trabajo. “Confundimos el hecho de no tener idoneidad con el hecho de no cumplir con un requisito de la ley”, argumenta Sánchez. “Hay que diferenciar la capacidad de hacer un trabajo y la capacidad de ejercer el trabajo en Panamá”, agrega.

De acuerdo con Sánchez, “el sistema de idoneidad en este país está dañado. Tenemos un sistema basado pura y únicamente en el título universitario, cuando hace muchísimos años cuando no existía la universidad, las idoneidades se daban a través de una demostración de que podías hacer el trabajo”.

Y no es el hecho de restar importancia a un diploma, sino que deben ser tomados en cuenta otros elementos a la hora de otorgar un certificado de idoneidad: pericia, habilidades físicas, incluso capacidad moral.

“Lo lógico en este mundo moderno en que todos vamos a la universidad es que el título cuente mucho para obtener la idoneidad, pero la idoneidad se tiene que mantener. La idoneidad se puede perder con un uso incorrecto, la idoneidad tiene que ser revalidada constantemente. Si dejas de ejercer la profesión vas a tener que hacer algo para recobrar la idoneidad. Y hay muchos sistemas que se pueden utilizar para eso”. Dice Sánchez.

Para el ingeniero, se abusa del concepto de idoneidad en profesiones donde no esta no tiene un impacto. “Me parece que es una forma simplemente de excluir, es una forma gremial de evitar competencia y eso es nefasto para un país que quiere competir en un mundo globalizado”, asegura.

“Las economías fomentan el desarrollo humano cuando hay intercambio de conocimientos, de ideas y de nuevas formas de hacer las cosas. Cualquier medida que limite la entrada a cualquier mercado (ya sea de bienes o laborales) se debe valorar en términos de si realmente ayudará o facilitará el desarrollo de todas las personas que viven en esa sociedad”, sostiene el economista y sociólogo Javier Stanziola. “Hay poca evidencia para decir que la nacionalidad de una persona las hace mejores o peores profesionales y hay menos evidencia de que estas restricciones incrementan el bienestar del país”, agrega. Sin embargo, más de cincuenta profesiones están reservadas por ley a mano de obra panameña.

“Eso es un problema porque limita el desarrollo del país, entendemos que una de las formas más rápidas y más potentes de buscar ese desarrollo es un proceso de migración controlada para buscar los talentos que necesitamos, como científicos y tecnólogos de primer nivel. Eso es lo que hacen países avanzados, como Estados Unidos. Han reclutado talentos de muchos países, mientras se logra con la educación de los nacionales, ir nutriendo el país con los talentos que se necesitan”, explica Sánchez.

Para el investigador, prohibir el ejercicio profesional por no ser panameño es un problema para el propio país. Es cuestión de establecer 'yo quiero este conocimiento, ¿quién lo tiene? ¿No lo tienen los panameños?, pero lo necesito como panameño' tengo que traerlo.  Así como se decide contratar a un técnico para la selección de fútbol porque ese es la mejor oportunidad de ir al Mundial, yo también tengo que pensar cómo voy al Mundial de la ciencia, cómo voy al Mundial del conocimiento. Necesito tener acceso a gente que tiene por otras razones una perspectiva diferente del país, sobre todo un país que es tan globalizado como Panamá”, insiste.

“En Panamá aceptamos con los brazos abiertos a negocios extranjeros, pero no a trabajadores extranjeros. Por supuesto que nos beneficiamos cuando una compañía extranjera se establece en Panamá, pero hay que preguntar si esta empresa está contratando personal de alta gerencia, de investigación y desarrollo y de tecnología en general que sea de Panamá”, argumenta Stanziola.

Se cuestionan temas como si se está dando la transferencia de conocimiento de la empresa extranjera a los panameños y si están pagando impuestos sobre la renta. “Pero con los trabajadores la respuesta es un simple no, sin hacer ninguna clase de cuestionamiento”. El economista considera que se evitan conversaciones sobre por qué ciertos sectores económicos sienten la necesidad de pedir leyes que los protejan de la competencia extranjera. “No queremos hablar de la situación de limitada productividad de esos sectores porque en Panamá tenemos un modelo económico que explícitamente beneficia unos sectores y deja a un lado a otro. No queremos hablar de la poca inversión que se hace en la educación terciaria en estos sectores, comparados con otros países”.

Para Stanziola, el tema aquí no son los trabajadores extranjeros. “El tema es que, desde la época de la colonia, pasando por Porras y luego Torrijos, hoy seguimos sin invertir lo suficiente en la investigación en nuestro sistema educativo terciario lo que pone en desventaja al sector laboral y creamos políticas o medidas para atraer extranjeros”.

La situación se ha complicado en los últimos años, cuando por situaciones políticas o económicas convulsas en países vecinos, Panamá ha recibido una buena cantidad de migrantes que buscan una forma de llevar el sustento a sus familias. El Decreto ejecutivo no. 9 de 23 de abril de 2019 estableció nuevas disposiciones sobre el otorgamiento de trabajo para extranjeros con permisos de residencia permanente. Claro, siempre y cuando no ejerza ninguna de las más de 50 carreras limitadas a los panameños, lo que genera otras situaciones como la imposibilidad de estas personas de ganarse la vida o que recurran a la práctica ilegal de la profesión.

Agrupaciones como la Unión Nacional de Organizadores de Eventos, Productores y Proveedores (UNOEPP), empresarios afines de la industria de comunicación, publicidad y mercadeo, han denunciado en forma constante una competencia desleal por parte de extranjeros que llegan al país y solo cuentan con una visa de turista y a golpe de tarifas muy bajas han distorsionado el mercado generando pérdidas a empresas nacionales legalmente constituidas.

“En términos absolutos y en principio, sin analizar el caso particular, las normas deben ser equilibradas y justas”, manifiesta Giulia De Sanctis, presidenta del centro de Iniciativas Democráticas. “No podemos impedir que una persona, legalmente residente en Panamá, no pueda ejercer la profesión que estudió y no aprovechar ese conocimiento y talento para beneficio del país, simplemente por  no ser panameño.  Eso es completamente discriminatorio”, establece. Pero también se hace necesario insistir en que haya “más claridad en las normas migratorias y en su aplicación. Si el extranjero tiene visa de turista, no está autorizado a trabajar”.

Se debe señalar que algunas de las leyes que restringen el ejercicio de profesiones solo a nacionales, contemplan la participación de extranjeros, considerando las necesidades que tenga el país.

Lasso considera importante reglamentar las profesiones de forma que haya una coordinación y ordenamiento en la participación de profesionales de otros países en la dinámica nacional, el fortalecimiento de la educación y el perfeccionamiento de nuestros profesionales que generará un intercambio de crecimiento de las profesiones en el país, pero esto debe estar unido a una educación nacional fuerte y de calidad.

“Para que ese intercambio se dé en igualdad de condiciones debe fortalecerse el sistema educativo y debe tenerse presente un plan de desarrollo que indique hacia dónde vamos y que necesitamos y necesitaremos para lograr los objetivos del país”. Mientras tanto, opina, “debe haber claridad y preferencia de nacionales en el ejercicio profesional en Panamá”.

La preocupación de muchos es que, si no se regula la participación extranjera, el panameño lleva las de perder. Stanziola considera que estas preocupaciones son válidas. “Son decenas de años de pésima inversión en la educación a todo nivel, sobre todo en la educación terciaria. Las universidades deberían ser centros de investigación, de desarrollo, de creación e implementación de soluciones sociales, de emprendimientos comerciales, sociales, científicos, en fin, centros de conocimiento”, detalla. “En lugar de sentir que el problema son los extranjeros, debemos dirigir la mirada al gobierno, a las autoridades de las universidades, a los profesores y preguntarles si realmente estamos recibiendo el conocimiento, las habilidades y la empatía social necesaria para contribuir en el mercado laboral global”.

Y para ello, en lugar de enfocarnos casi exclusivamente en el porcentaje del presupuesto que va a la educación y en “las guías sobre la familia”, la atención debe fijarse en el tipo de educación que recibimos. “Nos enfocamos en el título, pero hay poca cobertura sobre qué se está compartiendo como conocimiento científico, social y literario en las escuelas, qué se está haciendo en las universidades para que tanto profesores como estudiantes generen conocimientos. Cualquier estudiante de cualquier nivel educativo que pase más tiempo escuchando a un profesor o a una profesora dar una charla magistral que debatiendo, haciendo o creando dentro de un centro educativo, no está recibiendo lo que necesita para contribuir a esta sociedad”, afirma Stanziola.

“La protección a los nacionales nace de un nacionalismo mal entendido y de políticas económicas del siglo XX y para un mundo que ya no existe”, insiste De Sanctis. Y a lo largo del tiempo se ha mantenido una permanente fricción entre los que abogan por el proteccionismo y los que abogan por la apertura. “Sin demeritar los argumentos de los primeros, el hecho cierto es que el éxito económico de Panamá siempre ha sido su apertura.  Esa protección a mediano y largo plazo es autodestructiva y su resultado es la mediocridad de nuestros profesionales, ya que impide que los profesionales nacionales compitan e interactúen con otros de otras partes del mundo, lo que nos da una gran oportunidad para ser mejores”, declara.

Pero lo que está fuera de discusión es que no se pueden abrir las profesiones sin restricciones, sin verificar los conocimientos y capacidades mínimas de los postulantes, por lo que se hace necesaria una validación de títulos.

“Es normal que un país tenga ciertos controles de calidad de las personas cuando dicen tener una profesión, de saber si ese título es válido o no. Eso está bien, pero la validación de títulos universitarios tiene que ser bajo normas bien claras de qué es lo que yo quiero que un título universitario tenga”, plantea Sánchez. Esto debería ser un trámite sencillo, en tanto se ha estado trabajando en un sistema de acreditaciones universitarias.

Es menester de las universidades nacionales y según Sánchez, pudieran ser mucho más ágiles y más abiertas al hacerlo. “Tu trabajo es asegurarte que el título que te están dando es de una universidad que existe y es reconocida. Todas las universidades tienen un secretario general al que se puede llamar y conocer si realmente ese diploma es real. Luego el problema es que tú necesitas eso para dar una idoneidad, allí es donde se complica todo”, razona.

Se hace necesario considerar los casos en los cuales una idoneidad no es otorgada por el título en una universidad extranjera. Si no lo hace en el país de origen, tampoco tiene que hacerlo en Panamá. “No es lo mismo, por ejemplo, ser ingeniero, que tener la autoridad de firmar planos. Se trata de dos situaciones distintas”, reconoce Sánchez. Pero en la mayoría de los casos, “estas regulaciones hacen no imposible, pero muy difícil el reconocimiento de títulos de panameños que muchos de ellos lograron a través de una beca y al final, lo que termina definiendo el título es un cursito”, reclama.

“Para la mayoría de las profesiones, el proceso que haría una compañía para escoger a su personal sería suficiente. Esa es la experiencia en países como los Estados Unidos y el Reino Unido donde yo trabajé por dos décadas. En Panamá fue la primera vez que me pidieron la traducción de mi diploma con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero para profesiones como medicina o que manejan directamente con la salud de los pacientes, creo que sí es necesario un  proceso tipo ventanilla única eficiente enfocado no en llenar formularios pero en demostrar las capacidades de la persona”, sugiere Stanziola.

“Se puede confirmar la idoneidad mediante exámenes de conocimientos, pero que además deben realizar los nacionales”, considera De Sanctis. Esta propuesta la secunda Sánchez. “Se deben realizar exámenes como los de barra, para validar los títulos y verificar que no solo los extranjeros, sino también los nacionales sean idóneos para ejercer la profesión en el país”, opina.

Lasso considera que la autorización y revisión por parte de juntas técnicas son importantes para el control de la calidad y la participación de profesionales en el país. “Debe ser supervisada por las instituciones internas con los controles específicos para ello”, declara.

Y, para ello, se requiere de una participación más comprometida de los colegios profesionales en velar por la excelencia de la profesión y no limitarse al blindaje contra los extranjeros o panameños que hayan estudiado fuera del país. “Cada profesión tiene sus particularidades, por ello cada colegio debe establecer sus requisitos”, indica Sánchez.

Son muchos los cabos que hay que amarrar y muchas las discusiones que deben seguir ocurriendo para llegar a un camino consensuado que eleve la calidad profesional del país y pueda lograrse el anhelado desarrollo. Y debe ser más temprano que tarde.