La castración química, una discusión sobre la mesa

La castración química es un procedimiento que se aplica a violadores, pederastas y otros agresores sexuales; consiste en la administración de medicamentos para reducir la libido y la actividad sexual, aunque el proceso es reversible una vez que se interrumpe el tratamiento.

Recientemente, la discusión sobre su posible implementación se posicionó en Panamá, luego de que una iniciativa de ley que plantea emplearla como pena a los abusadores sexuales fuera presentada por la diputada de la Asamblea Nacional Fátima Agrazal.

No obstante, para la vicepresidenta de Funda Género, Haydée Méndez Illueca, según el Código Penal “hay violación no solo cuando hay penetración con el pene, sino que puede efectuarse con cualquier objeto”, es decir que la castración química solo obstaculiza la erección, pero no impide que un agresor sexual o cualquier individuo con una enfermedad mental cometa una violación sin tener erección.

“La castración dura pocos meses y puede revertirse. Este procedimiento es costoso para el Estado y creo que no sería práctico llevarlo a cabo por esa razón”, expresa.

Para la abogada y defensora de derechos humanos, la solución radica en acabar con “la impunidad” y que la justicia obligue al culpable a cumplir con la pena asignada. “La justicia panameña debe castigar a los violadores de forma ejemplar; si esto se hace, los infractores sabrán que hay certeza del castigo y que no saldrán absueltos de su crimen”.

Méndez está de acuerdo con que en Panamá se haga un registro de agresores sexuales condenados, que incluso está establecido en la Ley 82 del 2013, pero no se ha llevado a cabo. “El presidente de la República vetó el artículo que creaba por segunda vez la lista de agresores, pese a que ya existe en una ley, no entiendo lo que pasó ahí, hubo una confusión porque ese artículo no hacía más que repetir uno ya existente”.

“Por ejemplo, en Estados Unidos (en algunos estados) se cuenta con esta lista de agresores sexuales que ayuda a que los mismos no trabajen cerca de niños y los tienen identificados de manera que en el área donde residen la gente sabe que debe cuidar a sus hijos de esos individuos, o sea que se les limita su área de influencia”, explica.

Con relación a su propuesta, la diputada Agrazal ve con buenos ojos el anteproyecto de ley que modifica el Código Penal a fin de establecer la castración química para quienes cometan los delitos de violación sexual contra menores de edad.

“Uno de los pilares del anteproyecto es el registro de los agresores sexuales. Estoy convencida de que este tema será discutido ampliamente en los tres debates. En el primero convocamos a la sociedad civil y a médicos porque queremos nutrir la ley”, manifiesta.

Con el documento también se propone crear una junta técnica con psicólogos, psiquiatras y pediatras para evaluar y tratar a presos condenados por delitos sexuales.

Agrazal dice estar preocupada por los altos índices de abusos sexuales en el país, ya que a la fecha el Ministerio Público registra 3,203 casos de violación y otros delitos sexuales en su informe sobre los 'Delitos contra la libertad e integridad sexual'.

“Durante todo este tiempo no se le ha prestado la debida atención a la situación. Debemos poner un alto y cuando estos sujetos cumplan su condena y se reincorporen a la sociedad, el Estado debe garantizar la seguridad para el resto de los ciudadanos que ellos no representan”.

Asimismo, comenta que desde la Asamblea Nacional se han presentado otros proyectos de ley con relación a este tema. “Dimos a conocer el comité interinstitucional consultivo que se amparaba en la prevención, el tratamiento psicológico y terapéutico tanto a los niños abusados como a los agresores sexuales, entre otros; sin embargo, tratamos de incluir el aumento de pena, pero el Ministerio Público nos rechazó la propuesta de ley que solo llegó a tercer debate y fue vetada por el presidente de la República”.

Análisis y prevención

El sociólogo José Lasso opina que la castración química reúne a diferentes actores en la discusión. “Creo que principalmente hay que evaluar si estos métodos han funcionado o no en términos de atención al problema de la pederastia”.

En países como Argentina, Rusia, Estonia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, Suecia y Polonia se aplica la castración química contra violadores, según reseña la revista Forbes.

Para Lasso, la costumbre de atender los síntomas y no la causa es un enorme problema; es decir, que las autoridades se enfocan en el problema y no en la prevención, aunque cree que es importante debatir sobre la castración química y la lista de los infractores.

“Hay que crear las condiciones necesarias para que los niños no estén en riesgo. Lastimosamente se han abandonado los estamentos de prevención que están ligados a la educación sexual, esto a causa del fanatismo religioso y paradigmas ideológicos. La familia juega un rol fundamental, por eso es importante fortalecerla ya que tiene la responsabilidad de cuidar a los niños”, comenta.

Considera que la castración química se llevará a discusión, pero no resolverá el problema de abuso a los menores de edad. “Se puede castigar al que cometa este acto, pero lo mejor es que esto no suceda o al menos que los índices se redujeran”, dice.

En términos generales señala que la población ha convertido en un “mito” la educación sexual, a tal grado que “se asustan al hablar de estos temas con los niños”.

En esa línea, la vicepresidenta de Funda Género coincide con Lasso en que la clave para luchar contra los agresores sexuales está en la prevención. “Desde hace mucho tiempo tenemos el problema de la falta de educación sexual en los colegios. Es muy importante que se imparta, porque con esta se les enseña a los niños y adolescentes que se tienen que cuidar de los pedófilos y pederastas. También hay que educar a los padres de familia”.

Abuso sexual infantil

La exjueza de familia Elizabeth Huerta anota que uno de los mayores desafíos en esta materia es que el país no cuenta con un presupuesto exclusivo para la atención, prevención y erradicación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes; sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Delitos Sexuales, anualmente asigna “un promedio de $4 millones a organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población, incluyendo a niños, adultos, jóvenes y personas con discapacidad; y casi $1,5 millón se utiliza para ayudar a niños maltratados, debidamente comprobado”, arguye.

Huerta afirma que la mayor cantidad de víctimas de abuso sexual son personas menores de edad, es decir, niñas y adolescentes que muchas veces han sufrido el abuso en silencio por un determinado tiempo y que finalmente han decidido hablar, expresándolo a algún maestro o profesor, o por motivos de embarazos o sufriendo de alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS).

“Lo más lamentable es que existe un alto porcentaje en que el abusador está entre los parientes, amigos, vecinos, maestro o personas de confianza de las propias víctimas de abuso sexual; tanto es así, que en muchas ocasiones la propia madre de la víctima tiene conocimiento de ello y tampoco lo denuncia”, asegura.

El Estado panameño, con el apoyo de diversas instituciones públicas, oenegés, entre otras, incorpora estrategias de campo en las comunidades con el fin de conversar con estos grupos sobre dichos temas de la mano del Ministerio de Salud (Minsa); no obstante, desde el confinamiento por la covid-19 estas estrategias han sido suspendidas o disminuidas, según Huertas.

La abogada recuerda la importancia de continuar y crear mecanismos de divulgación hacia este sector de la población y que estos mecanismos abarquen a toda la población infanto-juvenil.

Panamá ya se ha comprometido con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que han reconocido la condición de vulnerabilidad de las víctimas niñas y adolescentes, pero el respaldo presupuestario sigue siendo, entre otros, un obstáculo que impide la real efectividad contra estos abusos en perjuicio de la niñez y adolescencia.