'El día que morí' y renací en Panamá: un recorrido por la vida del refugiado

Karen (nombre ficticio) tenía dos opciones. Huir, salir de su tierra natal El Salvador o presenciar cómo la Mara Salvatrucha reclutaba a sus hijos y los envolvía en los actos de terror característicos de esta organización internacional de pandillas criminales.

El aviso de que uno de ellos había sido fichado por las maras se lo dio una vecina. “Fue suficiente, no iba a esperar una segunda advertencia. Mi corazón no aguantaría experimentar esas lamentables escenas que han vivido muchas madres aquí recogiendo los cuerpos de sus hijos”, relata Karen.

Hizo el equipaje, se aferró a sus maletas de sueños y junto a tres de sus cuatro hijos huyó del país.

Una mañana de hace ocho años, Karen llegó a Panamá. Es una de las más de 15.000 personas refugiadas y solicitantes de esta condición en el istmo, según cifras acumulativas de tres décadas de la Oficina Multipaís Panamá, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El Acnur apunta que el número total de desplazados y refugiados sigue en aumento en el mundo, supera los 84 millones (noviembre, 2021). Sumado a ello, el pasado lunes 7 de marzo la Agencia declaró más de 2,3 millones de ucranianos refugiados debido a la invasión rusa a su país.

Los refugiados son personas que huyen de su patria por conflicto y persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional. No deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo.

“Un refugiado no es lo mismo que un migrante, pues sale de su país de manera forzada. El migrante elige voluntariamente su destino, no hay una salida forzada”, señala Hussein Pittí, director de la Oficina Nacional para la Atención de refugiados (Onpar), dependencia del Ministerio de Gobierno de Panamá (Mingob).

Imagina que te obligan a abandonar tu hogar, trabajo, estabilidad económica... y en cuestión de horas debes salir del país, pues tu vida y/o las de tus seres amados están en peligro. Un escenario complejo, sin embargo, es la realidad de millones de refugiados. No todos tienen la oportunidad de hacer maletas, algunos por la amenaza simplemente dejan todo y huyen.

Karen fue “afortunada”, así lo considera. “Hay personas que la pasan peor que nosotros, vienen a la intemperie, yo, gracias a Dios, me vine con referencia de los jesuitas, indica. Antes de viajar buscó ayuda con sus familiares y en la empresa donde trabajaba, pero no hubo respuesta. “Necesitaba un lugar más seguro para mis hijos. Fui a la Cruz Roja y de allí me mandaron al Servicio Jesuita a Refugiados, ellos me direccionaron a Panamá”, asegura.

Vivía en Soyapango, municipio ubicado en el área metropolitana de San Salvador, la tercera ciudad más poblada de la nación. La región es “una zona de fuego cruzado de los grupos contrarios. Cuando venían los balazos yo me metía debajo de la cama... Lloraba, no quería que amaneciera, era una pesadilla”, recuerda Karen, quien conoce bien cómo funciona el proceso de reclutamiento de las maras.

“Los asedian. Es difícil tener un hijo varón allá, porque apenas cumplen los 11 - 12 (años de edad) empiezan a hostigarlos. Primero les hablan bonito, buscan convencerlos. Hay jóvenes que cuando no se meten, los matan o amenazan a la familia”, asevera.

Si logran sobrevivir a ello y no ser reclutados, deben enfrentarse al tema de la educación. “No es un lugar seguro para que un chico estudie. No tenía opción de estudio para mis hijos, porque no podían ir a otro sector que no fuera donde ellos vivían. En todos estos lugares se dan esas situaciones, los muchachos tienen que estudiar en la zona donde viven, no pueden salir de allí; si van a estudiar a otro lado habrá problemas con los de esa área”, explica.

Karen renunció a 16 años laborales como educadora en un orfanato, abandonó su sueño de una jubilación y estabilidad económica y viajó con sus hijos de 7, 11 y 13 años; “estos dos últimos estaban en la edad para ser reclutados por las maras”.

Las dos primeras noches en Panamá durmió en un hotel y luego fue recibida en Hogar Luisa, un centro de acogida de la Iglesia católica para refugiados y migrantes bajo el paraguas institucional del Acnur.

“Allí me recibieron con mis tres hijos menores. Un lugar muy acogedor. Son mi familia, siempre estuvieron pendientes de darme las instrucciones necesarias en cuanto a economía, estudios, salud...”, dice Karen.

Una vez la persona se encuentra en el territorio nacional solicitando la condición de refugiadom empieza el procedimiento para ser o no aprobada como refugiada.

“Se realiza una entrevista legal y una social, en la que la persona hace una declaración jurada y manifiesta lo que sucedió, cómo, cuándo, quién lo hizo y demás preguntas que son parte del proceso para determinar el peligro y temor que la persona pueda sentir y las razones por las cuales acudió a la oficina a pedir protección”, manifiesta Pittí, director de la Onpar.

Luego de ello, si los solicitantes de la condición de refugiado cuentan con elementos probatorios los presentan, si no tienen, corresponde a la Onpar contrastar la información recibida con la situación del país de origen de la persona. “Nosotros llevamos adelante una investigación de la información de contexto, la cual reflejará si existe un patrón similar a lo que el solicitante manifiesta. El procedimiento lleva una serie de factores que determinan si la persona cumple los requisitos para ser refugiado”, detalla.

Sin importar su nacionalidad, quienes huyen de su país y solicitan refugio en otra nación se enfrentan a retos o vulnerabilidades. En Panamá, al Acnur le preocupa el retroceso en el acceso a derechos básicos por parte de las personas forzadas a huir, a causa de la emergencia sanitaria vivida por la covid-19.

“Estamos hablando de temas de documentación, salud, educación. El reto más importante que ellos enfrentan es el acceso a un trabajo, ya sea formal o emprendimiento que les faculte medios de vida sostenibles, es decir, que puedan contar con ingresos que les permitan planificar su vida, que puedan asegurar que sus hijos vayan a la escuela, que tengan acceso a los sistemas de salud, y puedan pagar medicina, renta, servicios... “, indica Ángela Flórez A. asociada senior de comunicaciones de Acnur Panamá.

Pese a que esta población reconoce que el acceso al trabajo es difícil en Panamá, ya que el ambiente laboral es competitivo, según encuestas realizadas por el Acnur, este grupo de personas considera que ese no es el principal reto. “El verdadero desafío es la discriminación y los estereotipos que no tienen que ver con su condición de refugiados, sino por ser extranjeros”, aclara Flórez.

“Cuando se insertan al mundo laboral como profesionales que son, como personas que pueden aportar, con sus maletas llenas de capacidades, habilidades y sueños por cumplir, se enfrentan a discriminaciones y estereotipos usualmente asociados al desconocimiento”, reitera Flórez. “Muchas veces”, continua Flórez, “tenemos la idea de que una persona refugiada no ha estudiado... por otro lado, el tema de las nacionalidades afecta la relación con sus compañeros de trabajo y es allí donde el acceso al trabajo se complica”.

Jorge Ayala, director del Hogar Luisa, refuerza este concepto y agrega que “ninguno de ellos quiere vivir del Estado, de las organizaciones no gubernamentales y menos de la Iglesia, pero por desgracia no logran conseguir actividades económicas sostenibles”.

“En Panamá, el marco regulatorio es muy restrictivo, la mayoría de las profesiones están protegidas”, manifiesta Ayala.

Mientras los refugiados adultos se ocupan de superar los desafíos en cuanto al acceso a una plaza laboral, los menores de edad enfrentan el reto de la educación.

“Los niños no cuentan con los documentos que requiere el Ministerio de Educación (Meduca) para insertarlos de manera formal al sistema público o privado. Todas las escuelas exigen los boletines y créditos”, asegura Flórez de la Acnur. “Hablamos de personas que no planificaron el viaje. En ocasiones las escuelas a los que los niños iban en sus países ya no existen o están cerradas debido a la violencia por la que ellos salieron”, sostiene.

Para hacer frente a esta situación, Acnur y otras organizaciones de la sociedad civil han trabajado con el Meduca y se ha generado una mesa de trabajo para que los niños tengan acceso a exámenes de validación, lo que permite establecer en qué nivel están según el pénsum académico de Panamá.

Hias Panamá, una organización internacional de origen judío con más de 130 años de experiencia a nivel global en la protección de las personas migrantes y refugiadas, detalla a La Estrella de Panamá que “el Estado panameño es parte de distintas iniciativas a nivel regional e internacional para fortalecerse como país que promueve el respeto y dignidad hacia las personas refugiadas”.

Sin embargo, continúa Hias, “como en todo contexto hay oportunidades de fortalecimiento como, por ejemplo, permiso de trabajo provisional para los solicitantes de la condición de refugiado mientras esperan una decisión sobre su caso que puede tomar más de seis meses; la empresa privada debe conocer más sobre quién es una persona refugiada y su permiso de trabajo; acceso a programas sociales del Estado, entre otras”.

“Más allá del marco legal, hay otros factores como la violencia de género y la salud mental que son necesidades identificadas en el contexto local”, anota.

Pittí, de la Onpar, explica que tras la promulgación del Decreto N° 5 del 16 de enero de 2018, por el cual se aprueba la Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y que hace una diferencia entre refugiado y migrante, se registró una reducción en la cantidad de peticiones de protección internacional. En 2018 se recibieron más de 10 mil solicitudes, en el año 2019, 9 mil 675; en 2020, 655, y el año pasado, 511 aplicaciones.

Panamá es hogar de personas que han huido en su mayoría de Colombia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba; también llegan en busca de refugio de Haití, México y Honduras.

Alejandra (nombre ficticio) es una de esas personas que huyeron de su país, y estableció en Panamá su hogar.

Marcada por la violencia en El Salvador, para manifestar abiertamente sus emociones y sentimientos sobre lo que vivió en su país y su vida como refugiada en Panamá, decidió escribir y creó el blog “Escritos de un Refugiado” escritosdeunrefugiado.blogspot.com.

“Una persona me dijo que llorar no es malo. Que llorar hace liberar el alma... Llora, pero solo por hoy. Mañana vamos a levantar nuestra cabeza, a sonreír, a vivir. Hace una semana, el Gobierno panameño ordenó el cierre temporal de los negocios, excepto los supermercados, farmacias y bancos. Cuando dijeron cuarentena total me dio miedo. Estar encerrada me recuerda cuando me tenían secuestrada. Me hizo revivir momentos difíciles para mí, los tres días más largos de mi vida. Tres días de 2016. Nunca piensas que algo malo te va a suceder hasta que te pasa. Estaba camino al dentista. Pasé por una parada de bus que estaba llena de personas. Por el rabillo del ojo vi que alguien estaba caminando detrás de mí. La persona detrás de mí me apuntó con un arma y me dijo que siguiera caminando. Ella dijo que, si gritaba o corría, me mataría. Me hizo caminar hacia un auto donde había un hombre detrás del volante. Me golpearon, una, dos... diez veces. El hombre me preguntó dónde estaba mi familia. Él comenzó a conducir. Me llevaron a una casa abandonada. Allí, abusaron de mí”, cuenta Alejandra en su blog.

Los perfiles de los refugiados son variados, pero regularmente los une un aspecto: la violencia en sus diversas formas.

“(Tres días después) me dejaron al costado de un camino, semidesnuda y sangrando. Asumieron que no sobreviviría. Desperté en el hospital. Recuerdo haber visto a mi madre y la expresión de su rostro. Ella estaba petrificada. No quería denunciarlo a la policía. Me preocupaba que quienes abusaron de mí descubrieran que sobreviví. Con mi familia decidimos que lo único que podíamos hacer era irnos. Fingir que efectivamente había muerto. Escapamos a Panamá. Mis familiares celebraron un funeral por mí, el 12 de marzo de 2016. Ese fue el día que morí”, escribe Alejandra.

Pittí, de la Onpar, asiente que, regularmente, los salvadoreños que buscan refugio en Panamá “han sido víctimas de circunstancias a través de grupos conocidos como las maras, que realizan extorsiones, asesinatos, reclutamientos forzados y demás situaciones que generan temor a la población civil y ponen en peligro la vida de muchas personas”.

Karen y Alejandra encontraron refugio, un hogar, una segunda oportunidad en Panamá.

“Luego de trabajar en casa de familia logré traer a mi hijo mayor que había dejado en El Salvador. Hoy me siento completa. No le voy a mentir que tengo mucho, pero tengo lo primordial, esa tranquilidad para mis hijos, ellos pueden salir y nadie me los amenaza, además, gracias a Dios, nunca me ha faltado el arroz y la lentejita”, señala Karen entre un sinfín de palabras de agradecimiento a Dios y a quienes la ayudaron, entre risas que la llevan a recordar momentos difíciles.

“Le cuento una anécdota que nunca se me olvidará. Recién nos mudamos, mi hijo y yo dormíamos en un cartón, y una noche me dice: 'mamá, algún día nos vamos a acordar de esto y nos reiremos', y así fue”, dice.

Según Acnur, se estima que más de 18 millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en América Latina, lo que representa el 20% de la cifra mundial. Esta cifra incluye 5 millones de refugiados y migrantes de Venezuela, unos 500.000 son solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica y más de 110.000 han huido de Nicaragua. También hay más de 8 millones de desplazados internos en Colombia, El Salvador y Honduras.

Además, el movimiento de haitianos en toda la región en su camino a México y EE.UU. alcanzó cifras récord este año.

“En la región y con base en las estadísticas de los Estados”, señala Hais, “el país de acogida que registra el número más alto de personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados reconocidos es Perú con 531.600 solicitantes de asilo y 4.895 refugiados reconocidos. Por otro lado, los venezolanos lideran las estadísticas en cuanto a la nacionalidad con mayores solicitudes de la condición de refugiado en la región”.

De acuerdo con estadísticas de los Estados, según investigación de Hais, la cifra de solicitudes de asilo en toda la región ha incrementado de manera sostenida en los últimos tres años, México, Perú y Costa Rica dan cuenta de este incremento. México recibió más de 130.000 nuevas solicitudes de asilo en 2021, Perú mantiene un backlog (término relacionado con el número de casos pendientes por una decisión) de más de 500.000 solicitudes de asilo pendientes y Costa Rica recibió más de 50.000 nuevas solicitudes el año pasado, principalmente de nicaragüenses.

En general, el nivel de integración de las personas refugiadas depende de los países de acogida y su marco legal de protección. Intervienen varios elementos, principalmente que el marco legal de protección sea inclusivo en términos legales (residencia, naturalización), económicos (derecho al trabajo, oportunidades al mercado laboral) y sociales (integración con la población local).

“Ahora mismo las personas refugiadas enfrentan discriminación y xenofobia y otros riesgos de protección como la violencia de género”, denuncia Hais.

¿Qué debemos mejorar como sociedad? Flórez, de Acnur Panamá, dice que “se debe entender que las personas refugiadas son como tú y como yo, tienen sueños, anhelos, capacidades, emociones, historias de vida y que lamentablemente la violencia, la guerra, la intolerancia, en muchas ocasiones, les puso en pausa esos sueños”.

“Cuando un país le abre la puerta a un refugiado, le salva la vida y eso es lo que Panamá ha hecho con alrededor de 15 mil personas. Ellos vienen a aportar a un país que le está dando la oportunidad de reconstruir un futuro que pensaron que no iban a tener”, puntualiza.