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Tráfico ilegal de migrantes, el peligro que persiste en las fronteras
- 12/12/2022 00:00
El contrabando ilegal de inmigrantes sigue siendo uno de los crímenes más comunes en el recorrido entre países, ¿cómo funciona y qué hacen las autoridades al respecto?
La crisis de migración impulsada por la búsqueda de una vida mejor empeora cada vez más. Más de 100 millones de personas migran o buscan refugio fuera de sus países de origen, según las últimas cifras registradas en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
De estos millones, miles de migrantes recurren a métodos ilegales para poder llegar a sus destinos, lo que ha propiciado un auge de organizaciones dedicadas al transporte ilícito de personas.
Esta problemática afecta a decenas de países, pero las rutas principales donde se presenta el tráfico ilegal de migrantes son la de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Panamá no es una excepción a esta realidad.
El último caso de tráfico de inmigrantes en el país se registró hace algunos días cuando el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) capturó a ocho hombres colombianos dedicados a esta actividad delictiva.
El grupo de delincuentes transportaba por el Darién a 60 migrantes a los que les cobraron $1,400 por cada uno por sacarlos de la selva, según las declaraciones de los inmigrantes.
La realidad de las fronteras
El tráfico ilícito de migrantes es el cruce ilegal de personas de una frontera a otra con el fin de obtener beneficios financieros. Las redes centradas en el transporte de inmigrantes lo ven como una actividad comercial con bajos riesgos de ser descubiertos y un alto margen de ganancias.
La gran parte de migrantes que entra a los Estados Unidos sin los papeles necesarios para residir son introducidos por contrabando. Aquellos que vienen de África se trasladan por mar o tierra de Panamá a la nación norteamericana.
Según la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), estos grupos criminales son numerosos y cuentan con personas encargadas de diferentes posiciones como: reclutadores, conductores, personas encargadas de proveer documentos ilegales a los migrantes y otros que proporcionan el alojamiento en medio de las rutas.
Por otro lado, las personas que son víctimas del tráfico ilícito son propensas a diferentes tipos de abuso y explotación. Además, ponen sus vidas en peligro ya que tienen el riesgo de morir asfixiados en el interior de los contenedores donde son transportados, fallecer en medio del desierto o ahogarse en el mar.
La mayoría del proceso de acuerdos entre los migrantes y los criminales suele realizarse en línea.
Estas redes utilizan el internet o la dark web para ofrecer sus servicios, dar información sobre las rutas y comunicarse.
P ara los inmigrantes, ponerse en contacto con las organizaciones dedicadas al transporte ilegal no es muy diferente a hacer una reservación para un hotel en vacaciones, aunque la realidad sea otra.
La relación entre los contrabandistas y los migrantes es de carácter temporal, lo que dificulta que las autoridades le sigan la pista a los delincuentes. Además, usualmente la única comunicación que existe entre ambas partes se da por medio de chats cifrados donde los perpetradores utilizan pseudónimos.
Dinero ilegal
Datos de la Onudd, estiman que solamente en la región de las Américas este crimen genera anualmente $6,750 millones.
Dentro de las personas que perfilan en las organizaciones que trafican migrantes también se encuentran transportistas o dueños de pequeños hoteles con negocios legítimos, estos ven el contrabando de inmigrantes como una “entrada extra” a las ganancias que generalmente hacen con sus trabajos legales.
Este tipo de actividades fomentan la corrupción de las autoridades mediante técnicas como el soborno. También auspicia el crecimiento de la delincuencia organizada en los países de origen, tránsito o destino de los migrantes.
¿Qué están haciendo las autoridades?
En Panamá, la Ley 36 del 27 de mayo de 2013 condena el transporte ilícito de migrantes y actividades conexas con una sanción de cinco a doce años de prisión, sin embargo, en muchas partes del mundo no existen legislaciones contra este tipo de crímenes, asegura Acnur. Esto solo facilita a las redes de transporte ilegal seguir operando.
La Onudd informa que los Estados que han tomado acción contra el tráfico ilícito de migrantes y actividades similares carecen de la capacidad de hacer las investigaciones pertinentes para poder enjuiciar a los perpetradores de este tipo de delitos.
También hace énfasis en que la labor de los gobiernos ante este crimen es dar prioridad a la realización de investigaciones profundas acerca del tema y tener presente las circunstancias que hacen del tráfico ilegal de migrantes un crimen grave, para poder contribuir a la erradicación de este delito y convencer a los grupos organizados a abandonar el contrabando.
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