Discriminación y censura, las lagunas de derechos humanos

La crisis humanitaria se agrava cada vez más en América Latina. Desde la violación al derecho de la libertad de expresión hasta los ataques a grupos minoritarios, el 'World Report 2023' de la organización Human's Rights Watch demuestra que existen grandes retos para la región en cuanto a la protección de los derechos básicos de la población general.

“Hemos presenciado líderes mundiales intercambiar cínicamente las obligaciones y rendición de cuentas sobre derechos humanos por victorias políticas de corto plazo. Las crisis de derechos humanos no surgen de la nada, los gobiernos que no cumplan con sus obligaciones para proteger los derechos humanos de manera local, siembran la semilla de descontento, inestabilidad, y finalmente, crisis”, señaló Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human's Rights Watch, en el reporte de este año.

Hay diversos factores que influyen en la situación actual de los países latinoamericanos en cuanto al tema de libertades civiles: gobiernos represores, la corrupción, las desigualdades socioeconómicas y la exclusión histórica de comunidades enteras, son solo algunos de estos.

Sin embargo, es la inactividad de las autoridades competentes el catalizador para el colapso que viven hoy los derechos humanos en Latinoamérica.

Aunque problemáticas como la misoginia, el abuso policial y la explotación, entre otras, también siguen siendo predominantes en la región, estos son las violaciones a derechos humanos más comunes en América Latina según el último reporte de Human's Rights Watch:

La persecución injusta de profesionales de la comunicación, activistas y líderes es una de las preocupaciones más grandes en América Latina en cuanto a derechos.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada 9 de 10 asesinatos a periodistas siguen sin resolverse y de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, en el último año 40 periodistas fueron asesinados, mientras que hasta la fecha 16 siguen desaparecidos y 4 están en la cárcel injustamente.

Es en América Latina donde se produce la mayor parte de ataques mortales hacia profesionales del área periodística, sin embargo, es en países como Bolivia, México, El Salvador, Venezuela y Nicaragua donde se agrava la situación debido al menor acceso a la información, así como la menor seguridad para los profesionales de la comunicación, truncando el derecho humano a la información.

Además de ser derechos civiles, la libertad de expresión y el acceso libre a la información son pilares importantes para la democracia, pero el surgimiento de gobiernos autoritarios a lo largo de Latinoamérica ha comprometido el cumplimiento de políticas establecidas para la protección del oficio periodístico así como los derechos que engloban el acceso a la información.

Aunque en Centroamérica y México la diversidad de preferencias sexuales es completamente legal, y en países como México y Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo es legítimo, la homofobia, la transfobia y la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTQI+ sigue prevaleciendo en América Latina.

El abuso va desde la creación de prejuicios hasta las agresiones físicas, la tortura y el asesinato. Las personas que pertenecen a la comunidad gay son consideradas ciudadanos de segunda categoría y pueden llegar a pasar por más desafíos durante situaciones retadoras, a diferencia de las personas heterosexuales.

De acuerdo con información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el desplazamiento de personas que se vive en la actualidad, quienes forman parte de la comunidad LGBTQI+ son una de las poblaciones más vulnerables y marginadas. Sin contar que en sus países natales existe una persecución estatal y social hacia estos individuos, así como una exclusión económica.

La discriminación etno-racial y la exclusión es otra de las grandes violaciones de derechos humanos en la región latinoamericana.

Las personas afrodescendientes e indígenas son más propensas a vivir en pobreza, debido a ser vulnerables a pasar menos años dentro del sistema escolar, lo que resulta en desempleo y poca representación en cargos públicos o privados, así como en la toma de decisiones.

Según el Banco Mundial, en 2018 la mitad de personas en condiciones de extrema pobreza en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay eran afrodescendientes. Por otro lado, países como Cuba siguen presentando discriminación estructural hacia descendientes de africanos, que implica actos de acoso, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización contra esta población y activistas o periodistas que defiendan sus derechos.

La marginación sigue siendo una realidad que deben enfrentar los pueblos indígenas en la actualidad. Según la ONU, hoy por hoy se les es negado el derecho a controlar su propio desarrollo basado en sus valores, necesidades y prioridades.

En muchas ocasiones son excluidos y no tienen representación política o están escasamente presentes en los procesos de toma de decisiones que los afectan de manera directa, ni son consultados en proyectos que pueden afectar sus tierras o recursos naturales.

Debido al aislamiento que sufren, tampoco cuentan con acceso a servicios o ayudas sociales, necesario para llevar una vida digna como establece la Declaración de Derechos Humanos.

Aunado a esto, las personas que pertenecen a pueblos originarios tienen tres veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema en comparación con personas de otras razas.