Minería, seguridad social y militarización: los tres ejes del descontento en Panamá

Las protestas que se están desarrollando actualmente en Panamá articulan tres grandes demandas ciudadanas: la oposición a la minería metálica, el rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social y la objeción a la firma de acuerdos internacionales que comprometen la soberanía y el principio de neutralidad de Panamá. A primera vista pueden parecer causas distintas; sin embargo, las tres consignas apuntan al mismo problema estructural: en Panamá, las decisiones estratégicas del Estado, específicamente aquellas relacionadas con el uso y la gestión de los recursos naturales y los activos públicos, no se orientan al bien común, sino que responden a intereses particulares que desplazan a la ciudadanía.

Aunque surgen de ámbitos diferentes —el ambiental, el social y el geopolítico— las tres demandas ciudadanas comparten una misma lógica de fondo: son decisiones tomadas desde el poder político sin legitimidad social, que afectan bienes colectivos y comprometen el futuro del país.

Este conjunto de demandas expresa la maduración de la conciencia colectiva de diversos sectores de ciudadanos que ven con suma preocupación la orientación política que ha asumido el Estado.

Las tres consignas reflejan, en el fondo, la ausencia de legitimidad del Estado para representar y proteger los intereses colectivos, priorizando intereses particulares.

-Un fallo que desnudó la desvinculación del Estado con el interés colectivo-

El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero no solo anuló un acto jurídico. Fue, sobre todo, un reconocimiento desde la más alta autoridad judicial del país de que el Estado panameño no ha cumplido con su deber de tutelar adecuadamente los derechos ambientales y sociales de la población. Que sea el pleno de la Corte quien lo afirme, sin votos salvados ni matices, confiere a esta sentencia un valor singular: no se trata de una opinión política ni de un reclamo ciudadano infundado, sino de una afirmación institucional con el mayor peso jurídico posible. La Corte, al pronunciarse, puso en evidencia una omisión prolongada y estructural: los gobiernos democráticos no han estado al servicio del interés colectivo, sino de intereses particulares.

Frente a este fallo categórico, resulta preocupante la narrativa impulsada por ciertos sectores políticos y mediáticos, que buscan instalar la idea de que fueron las protestas las que frenaron el contrato minero. En su desconocimiento —o conveniencia— omiten un hecho jurídico e institucional clave: fue el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, quien declaró inconstitucional el contrato porque reconoció que el Estado panameño no cumplió con su deber de tutelar los derechos sociales y ambientales de la población. No fue una concesión política ni una renuncia administrativa: fue un fallo contundente que evidenció una omisión estructural del Estado y reafirmó que ninguna lógica de crecimiento económico puede situarse por encima de los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía.

-Seguridad social: cuando los fondos colectivos se convierten en objetivo financiero-

Simultáneamente, la reforma a la CSS ha encendido alertas. Las propuestas conocidas no se enfocan en mejorar la calidad de los servicios ni en fortalecer el sistema solidario, sino en abrir los activos de la institución al mercado financiero. Convertir el fondo de pensiones en una fuente de inversión especulativa podría comprometer su estabilidad y finalidad original.

Según datos recientes, aproximadamente el 60% de los trabajadores en Panamá gana menos de $800 mensuales, y alrededor del 70% gana menos de $1,000 al mes. La tasa de informalidad laboral es de casi un 50%, el salario promedio en el país se sitúa en $734 mensuales, mientras que el costo de vida supera los $1,000 mensuales, lo que indica que muchos panameños perciben ingresos por debajo de sus necesidades básicas.

Estos datos reflejan una realidad económica que afecta a una gran parte de la población y son fundamentales para comprender las demandas sociales actuales en Panamá.

A esto se suma la creciente incertidumbre sobre la tasa de retorno de las cuentas individuales, un modelo que ha fracasado en países como Chile, donde los fondos previsionales han sido gestionados con fines especulativos por la banca privada, afectando directamente las pensiones. Esto no lo mencionan quienes defienden dichas reformas.

Lo que ocurrió con la aprobación de estas reformas no solo dejó claro que se impusieron sin consenso, sin garantías y sin justicia social; también dejó al descubierto tensiones dentro del escenario político. Diez de los veinte diputados del movimiento independiente VAMOS votaron a favor del proyecto, y hoy enfrentan cuestionamientos públicos. La percepción ciudadana de que traicionaron sus promesas ha afectado seriamente la credibilidad personal de quienes respaldaron la reforma. Para completar el cuadro, el presidente organizó una fiesta en una finca privada, a la que solo fueron invitados los diputados que apoyaron la reforma. Más que un gesto aislado, fue una señal de que las prácticas del poder siguen operando de la misma manera.

-Acuerdos que afectan nuestra Soberanía: decisiones estratégicas sin respaldo ciudadano-

El tercer foco de tensión se relaciona con los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. Estos convenios, firmados sin debate legislativo ni consulta ciudadana, permiten la presencia de personal militar extranjero y el uso de instalaciones estratégicas. Esto ocurre en un país cuya Constitución establece con claridad el principio de neutralidad y prohíbe la cesión, total o parcial, de su territorio. En sus declaraciones el Presidente Mulino ha tenido el enorme atrevimiento de decir que quienes defendemos la soberanìa nacional y el principio de neutralidad lo hacemos porque no estamos de acuerdo con que se combata el narcotráfico; sus palabras dejan en claro sus enormes carencias intelectuales, morales y patrióticas.

-Represión y criminalización de las protestas-

No es la primera vez que José Raúl Mulino recurre a la fuerza para intentar imponer decisiones impopulares. En octubre de 2012, cuando era ministro de Seguridad del gobierno de Ricardo Martinelli, Colón fue escenario de una terrible tragedia por la imposición de la Ley 72, que autorizaba la venta de tierras de la Zona Libre. En medio de la represión policial, murió el niño José Patricio Bethancourt Vega, de apenas diez años, cuyo cuerpo fue acompañado por cientos de personas que gritaban “este Gobierno asesino no podrá matar nuestros sueños”. A él se sumaron las muertes de Yamileth Navarro, Jin Dixon Andreve, Irasema Ramos y Mohamed Cañate, además de decenas de heridos y detenidos. Lo que pasó en Colón no fue un exceso aislado, fue el resultado de una forma de ejercer el poder sin diálogo, sin sensibilidad social y con desprecio por la vida. Ese modelo autoritario, que hoy el Presidente Mulino vuelve a intentar consolidar desde la Presidencia, ha demostrado su costo humano y su fracaso institucional.

De 2012 a 2025 la relación entre los gobiernos y la ciudadanía ha cambiado profundamente. Hoy, como bien ha explicado Manuel Castells, vivimos en una sociedad en red, donde la información circula, se organiza y se moviliza desde abajo. Pero el presidente Mulino no ha comprendido ese cambio. Se aferra a una lógica autoritaria basada en la fuerza, la intimidación, la descalificación y la ausencia de diálogo. Esa forma de gobernar ya no tiene espacio en un país con una ciudadanía informada, articulada y vigilante, que no está dispuesta a tolerar el abuso de poder de un presidente sin capital político que va a utilizar la fuerza para criminalizar y perseguir a quienes se les opongan.