Polémica por la eliminación del Ministerio de la Mujer: voces de alerta ante un posible retroceso

La decisión del Ejecutivo de eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha desatado una ola de reacciones políticas y sociales. El proyecto, aprobado en Consejo de Gabinete, busca volver al modelo institucional previo a 2023, cuando la política de género dependía del Inamu y no de una cartera ministerial autónoma.

La medida, que aún debe ser debatida en la Asamblea Nacional, ha sido considerada por sectores de la sociedad civil como un retroceso en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en un contexto donde los casos de femicidio y violencia de género continúan en aumento.

El Ministerio de la Mujer fue creado oficialmente el 8 de marzo de 2023 mediante la Ley 375, como resultado de una larga lucha del movimiento feminista panameño por dotar a las políticas de género de autonomía, jerarquía y presupuesto propio dentro del Estado.

La exministra de la institución, Juana Herrera, le contó a ‘La Decana’ que durante su gestión impulsó una estructura organizativa completa, reglamentó la ley, aprobó protocolos de atención a víctimas de violencia, firmó convenios con entidades públicas y privadas, y desarrolló la Política Pública de Igualdad de Oportunidades 2020-2024. Además, se abrieron oficinas de atención de pensiones alimenticias y se fortalecieron programas de apoyo a mujeres rurales y trabajadoras.

“Es un franco retroceso a los derechos humanos de las mujeres. No hay justificación técnica ni presupuestaria para eliminar el ministerio”, expresó Herrera en entrevista con La Estrella de Panamá.

“No es lo mismo un ministerio que un instituto: el primero tiene capacidad de ejecución directa, el segundo debe pedir autorización jerárquica”, añadió.

En la Asamblea Nacional, el diputado Ernesto Cedeño se pronunció en contra de la medida. “En vez de fortalecer la institución y dotarla de recursos, la están reduciendo a la mínima expresión. Es incomprensible que se prioricen otros temas por encima de los derechos de las mujeres”, afirmó el parlamentario durante el debate.

Por su parte, la Alianza de Mujeres de Panamá emitió un comunicado en el que calificó la decisión como un acto de violencia institucional. Según la organización, entre julio de 2024 y octubre de 2025 se han registrado 37 femicidios, además de múltiples tentativas y muertes violentas. “El Estado panameño se está convirtiendo en un Estado feminicida, al no garantizar los derechos humanos de las mujeres”, señala el pronunciamiento.

La agrupación exigió mantener y reforzar la estructura ministerial, con recursos suficientes para coordinar políticas con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Órgano Judicial. También pidió una investigación sobre la respuesta de las autoridades en casos recientes de violencia de género.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, hasta septiembre de 2025 se habían contabilizado 12 casos de femicidio en Panamá, además de 9 tentativas y 15 muertes violentas relacionadas. Aunque las cifras son inferiores a las de 2024, las organizaciones advierten que la tendencia sigue siendo preocupante y que la falta de institucionalidad podría empeorar la situación.

El debate panameño ocurre en un momento en que varios países de América Latina revisan o reestructuran sus políticas de género. En Argentina, el presidente Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023, integrando sus funciones a otra cartera y reduciendo su presupuesto, lo que provocó fuertes protestas de organizaciones feministas.

Por el contrario, países como Chile, Colombia y México mantienen ministerios o secretarías con rango ministerial que han impulsado políticas públicas de paridad, atención integral a víctimas y programas de autonomía económica para mujeres rurales. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lidera campañas nacionales contra la violencia doméstica; en Colombia, la nueva cartera ha promovido planes de emprendimiento y representación política femenina.

De aprobarse la eliminación del Ministerio, Panamá volvería a una estructura institucional de menor jerarquía, donde el Inamu quedaría adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, sin participación directa en el Consejo de Gabinete ni capacidad ejecutiva plena.

La exministra Juana Herrera sostiene que esa diferencia es clave: “Pasar de un ministerio a un instituto significa perder poder de decisión, visibilidad y capacidad de acción. Es un retroceso en todos los sentidos.”

Mientras tanto, organizaciones de mujeres preparan manifestaciones y campañas de sensibilización para evitar la aprobación de la medida en la Asamblea Nacional. “Una sociedad democrática empieza por cuidar de las mujeres y de las niñas”, concluye el comunicado de la Alianza de Mujeres de Panamá.