La gobernanza del agua

Una publicación reseñada en el portal especializado iagua.es y titulada 'La gobernanza y la cultura del agua y sus significados' indica que actualmente “no existe la gobernanza del agua”.

El autor explica que la gobernanza se ejerce entre los actores o personas que intervienen en las fuentes de agua, como las cuencas, acuíferos y ríos, y no sobre el agua per se.

Según recoge territorioindigenaygobernanza.com, la gobernanza se define como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, y su meta es generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos a través de la construcción de instituciones y normas necesarias que permitan gobernar.

Así, la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna, con libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos e información transparente sobre lo que los gobernantes deciden y hacen.

De allí que el agua no se gobierne, sino que se ejerza la gobernanza entre quienes la consumen, es decir que los usuarios con sus diferentes roles, atribuciones e intereses participen en la gestión de la misma a través de una gobernanza.

Según sustenta la publicación 'Buena gobernanza para la gestión integrada de los recursos hídricos' de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la gobernanza del agua es concebida de esta manera, porque su aplicación es transversal a otros temas, tales como, agua y ecosistemas, agua y energía, agua y seguridad alimentaria, agua y cambio climático, y el acceso al agua potable y saneamiento.

Como los procesos de gobernanza del agua son dinámicos y flexibles, la participación ciudadana permite la convergencia de establecer una agenda de trabajo en común con el agua al identificar estrategias para vincular estos temas y resolver los problemas de gobernabilidad asociados a la gestión del agua de todos los usuarios de la cuenca.

La gobernanza, según la OEA, “se refiere a una serie de cambios que se han dado entre el gobierno y la sociedad para reconstruir el sentido y la capacidad de dirección de esta última y su relación con el medio ambiente”.

Además, la gobernanza enfatiza que en los últimos años se ha mejorado e incrementado la capacidad de decisión e influencia que los actores no gubernamentales, como las empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos financieros internacionales, han adquirido en los asuntos públicos, en la definición de la orientación e instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, así como a las nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios relacionados con el agua.

Con esto en perspectiva, la gobernanza surge de los procesos y sistemas a través de los cuales se mueve la sociedad y queda entendida como la interrelación de las estructuras formales e informales, en las que se ejecutan procedimientos y procesos que garanticen el desarrollo sostenible, en este caso del agua.

La OEA describe una buena gobernanza para la gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) como “aquella donde la autoridad establece reglas claras y ofrece espacios de participación a otros actores y sectores en la gestión del agua, donde las decisiones respecto a las políticas públicas son establecidas por consenso con todos los actores que intervienen en dicha gestión del agua”.

“La experiencia en la región demuestra que si se construyen colectivamente las soluciones a través de mecanismos de coordinación, información y rendición de cuentas, y si se involucran más actores sociales en la toma de decisiones, hay más garantía de permanencia y continuidad de las instituciones”.

La OEA plantea que la cobertura en promedio de áreas con acceso a agua potable es amplia, logrando que entre los países miembros el 93% de la población tenga acceso a agua segura, y el 79% a saneamiento.

Al analizar estos porcentajes, la OEA señala que las coberturas son dispares entre regiones y/o provincias, lo que se manifiesta entre las zonas urbanas y las rurales.

Además, señala que “el tratamiento de las aguas residuales no se refleja como una prioridad en las agendas nacionales, con un presupuesto acorde con la magnitud del problema, y que en promedio se trata solo el 13%, si bien hay que reconocer que en algunos países el porcentaje sobrepasa el 50%. Aun así, siendo uno de los orígenes de la contaminación, los recursos financieros no están bien focalizados a la atención del problema”.

Además, remarca que “tratándose de las personas, 75 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua limpia, 116 millones carecen de servicios sanitarios lo que provoca que cada año mueran 34 de cada 1000 niños por enfermedades asociadas al agua” y, tratándose de tipos de usuarios, “el uso agrícola consume el 74% de agua de primer uso, una situación similar a la que se tiene en todo el mundo, pero siendo aún la base de muchas economías del continente muy difícil de cambiar en la región latina, a menos que se impulsen los procesos de modernización y tecnificación”.

Un hallazgo adicional es que no todos los países de las Américas cuentan con una ley de aguas que permita el establecimiento de una política pública a largo plazo, sino que “cuentan con normativa de menor jerarquía, dispersa”, lo que impulsa la toma de decisiones segregadas y enfocadas en plazos cortos que impiden que las instituciones ejerzan una gobernanza del recurso hídrico enfocada en la sostenibilidad ambiental.

Como la proyección carece de la visión a largo plazo, las acciones que se realizan se hacen con base en programas, que tienen la desventaja de ser más fácilmente modificables.

Debido a esto, los retos de gobernabilidad del agua están asociados a la administración del agua a partir de la unidad de ciclo hidrológico, es decir, las aguas superficiales y aguas subterráneas porque la administración requiere gestionarse integralmente para fortalecer las capacidades institucionales públicas, establecer regulaciones claras efectivas para la provisión de servicios eficientes que garanticen la gestión coordinada de los recursos hídricos entre los usuarios de las cuencas y, para formular e implementar políticas efectivas, transversales, coordinadas y ordenadas en función de los usos y usuarios del territorio basadas en una legislación coherente y garante de la Agenda 2030.

La plataforma digital del sitio lawebdelasalud.com menciona en su publicación 'Gobernanza del agua, reto en Panamá y la región' que los agroecosistemas y sus servicios en Panamá están expuestos a las amenazas climáticas, condiciones que los vuelve vulnerables y elevan su riesgo frente a un desastre.

Al carecer de capacidad adaptativa frente al riesgo que representan estas amenazas, Panamá requiere fortalecer la gobernanza del agua en el país a través de la planificación estratégica de intervenciones e inversiones a corto, mediano y largo plazo del gobierno, de manera que se reduzcan las brechas de entendimiento entre los usuarios y se aprovechen las oportunidades de mejora de la gobernanza del agua para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo rural del país y a la resiliencia de los pequeños productores a la variabilidad del clima y al cambio climático”. Este es el mayor desafío.

La autora es investigadora científica en recursos hídricos e ingeniera civil. También es doctora en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos en la agricultura (Chile).