Sobre las ciudades, el acceso al agua y los asentamientos informales

En esta segunda entrega de tres sobre el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos titulado 'No dejar a nadie atrás', publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), abordaremos las aplicaciones de la gobernanza en las ciudades, urbanizaciones y asentamientos informales.

El informe señala que las desigualdades en el acceso a los servicios de agua y saneamiento, por lo general, se centran en las zonas urbanas y periurbanas y por ello es necesario “delimitar quiénes se quedan atrás en los entornos urbanos”.

Según el informe de la ONU, es significativa la proporción de residentes urbanos que reciben de forma insuficiente los servicios de agua y saneamiento. Inclusive existe un porción de la población dentro de esta zona que se encuentra en situación vulnerable, que no se cuenta en los métodos actuales para la contabilización de la cobertura de los servicios, por lo que además de contar con servicios ineficientes, forma parte de la población que carece incluso de los servicios en agua y saneamiento.

Áreas que contienen poblaciones como las descritas son zonas periurbanas de grandes ciudades, que incluyen barrios marginales intraurbanos y zonas de bajo ingreso, centros urbanos secundarios, poblados pequeños, y grandes aldeas.

Las áreas periurbanas, sectores residenciales para la fuerza laboral de la ciudad, por lo general son omitidos en los esquemas de servicio debido a que sus residentes, en muchos casos, no pagan impuestos y sus arreglos de arrendamiento son parte de la economía informal. Sin embargo, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto no es aceptable puesto que “a ningún hogar se le debe negar el derecho al agua a causa del estado de su vivienda o tierra”.

Esta condición de diseño genera que quienes tengan mayor poder adquisitivo, obtengan altos niveles de servicio a un costo bajo, mientras que quienes tengan un bajo poder adquisitivo paguen por un servicio de calidad inferior.

Esta inequidad en los servicios impide la eficiencia administrativa de los proveedores formales de servicios, quienes ofrecen tarifas de agua bajas que son incongruentes con los costos de producción, lo que crea un circulo vicioso en cuanto a los diseños excluyentes de redes de abastecimiento y/o servicios de alcantarillados para poblaciones periurbanas.

Al carecer de ingresos por recaudaciones adecuadas a las tarifas, se carece de inversiones en operación y mantenimiento, situación que sigue alimentando nulos o bajos niveles de servicio en los asentamientos informales. Esto a su vez se extrapola en servicios de recolección de desechos y de agua y saneamiento, para educación y salud dentro de estas áreas.

Al comprender los patrones que dan origen a las urbanizaciones es posible cerrar la brecha de las desigualdades en los niveles apropiados.

En el documento 'La matriz de la desigualdad social en Panamá', serie Políticas Sociales, N° 236 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los autores S. Cecchini, R. Holz y A. Rodríguez Mojica indican que “la proporción de la población que cuenta con servicios básicos (agua, saneamiento y electricidad) en Panamá se incrementó sostenidamente y pasó de 69,9% en el año 2014 a 80,2% en el año 2017”.

Los autores mencionan que el aumento de la cobertura se registró mayormente en las áreas rurales, y que en las áreas urbanas cuatro de cada cinco hogares cuentan con servicios básicos.

Sin embargo, en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá Wounaan y en la provincia de Darién la variación de la cobertura es mayor que a nivel nacional, siendo baja la proporción de hogares con acceso a servicios básicos.

Esta publicación señala que “la variación absoluta de la cobertura entre 2014 y 2017 fue mayor en las provincias de Darién (39,7%), Coclé (29,7%), Veraguas (28,8%) Los Santos (23,8%), Herrera (21,0%) y Chiriquí (17,5%%); sin embargo, las provincias donde los hogares cuentan con mayor cobertura de servicios de agua, saneamiento y electricidad son Los Santos (92,0%), Herrera (86,7%), Chiriquí (86,4%), Panamá (82,5%), Coclé (82,5%) y Colón (80,6%).”

Los datos estadísticos del país reflejan la comparación entre las áreas urbanas y rurales; e incluso entre provincias, sin embargo, la ONU sugiere que para monitorear las desigualdades en los servicios de agua y saneamiento es importante redefinir los conceptos de urbano y rural, puesto que las diferencias entre cada una no necesariamente tienen relación con el tamaño, densidad de población o estructuras de gobierno.

Aunque la mayoría de las estadísticas nacionales están desagregadas por rurales y urbanas, es impreciso el patrón de comparación; este es el caso de poblados clasificados como rurales, que presentan características urbanas en términos de densidad de población y modelos de prestación de servicios, por lo que se sugiere que dentro de las diferencias en los niveles de servicio sean utilizadas como un indicador adicional al determinar si un lugar es urbano o rural.

Además de los criterios para determinar si un área es urbana o rural, es importante insertar métodos de encuesta diseñados para resaltar las inequidades en la prestación de los servicios como, por ejemplo, la 'Encuesta de desigualdades urbanas' (UIS, por sus siglas en inglés) de ONU-Hábitat.

Al incluir estos criterios en las definiciones de rural y urbano será posible diseñar desde una visión holística políticas públicas con su respectivos planes, programas y proyectos, basadas en las características de un lugar urbano o rural; así, al comparar provincias o comarcas, será posible crear comparaciones integrales que den origen a acciones que consideren cómo abordar desde varios intereses las desigualdades en los servicios de agua y saneamiento de ese lugar.

La rápida urbanización, acompañada de la carencia de planes de ordenamiento territorial influyen en el sesgo de la distribución territorial, y, por ende, influyen en las decisiones de inversiones de los gobiernos, locales o nacionales, que, sin planificación urbana sostenible apoyan la continuación de barrios marginales emergentes como pequeños centros urbanos.

Esta tendencia de desarrollo de estos barrios debe ser medida y tenerse en cuenta en la planeación de la infraestructura de agua y saneamiento, por lo que es imperante la institucionalidad de planes de desarrollo y estructura urbana, con estrategias claras para el mejoramiento de los barrios marginales que tengan en cuenta los servicios de agua y saneamiento.

Para lograr estos planes es necesaria la recopilación de datos de calidad sobre los indicadores clave antes mencionados, de manera que se construya un marco de monitoreo integrado que utilice sistemas innovadores de recopilación de información sobre estructuras locales, como los comités de agua y saneamiento, sociedad civil, y sistemas de información geográfica para la creación de portales de datos de uso amigable.

Al generar un nuevo paradigma para el monitoreo de las diferencias de los servicios de agua y saneamiento entre áreas urbanas, periurbanas y rurales, se reduce así el costo de inversión y se permite al mismo tiempo un buen nivel de servicio en estas áreas, lo que garantiza “no dejar a nadie atrás”.

La autora es investigadora científica en recursos hídricos e ingeniera civil. También es doctora en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos en la agricultura (Chile).