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Panamá busca blindar sus infraestructuras críticas antes del despliegue de la tecnología 5G
- 23/07/2026 00:00
El despliegue de la tecnología 5G y la digitalización de sectores estratégicos impulsan a Panamá a acelerar la aprobación de un marco legal para proteger las infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas. Especialistas advierten que el país necesita una regulación integral para fortalecer la ciberdefensa, garantizar la seguridad nacional y alinearse con los estándares internacionales
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Agrega La Estrella en Google ↗️El avance de la tecnología 5G y la acelerada digitalización de los sectores estratégicos han puesto sobre la mesa una prioridad para Panamá: contar con un marco legal que proteja las infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas cada vez más complejas.
Actualmente, el país trabaja en un anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), cuyo objetivo es establecer las bases para la ciberdefensa nacional, proteger los servicios esenciales y fortalecer la gestión de riesgos en áreas estratégicas.
La iniciativa se complementa con el Decreto Ejecutivo 36 del 7 de mayo de 2026, promovido conjuntamente por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), que reconoce las tecnologías emergentes como un asunto de seguridad nacional.
El anteproyecto contempla la creación de un Centro de Operaciones de Ciberdefensa, un Servicio Nacional de Ciberdefensa, así como mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de las empresas contratistas y restringir la participación de compañías condenadas por corrupción.
Un paso importante, pero insuficiente
Aunque especialistas consideran que el proyecto representa un avance significativo, también advierten que la regulación debe aprobarse e implementarse cuanto antes para evitar que el desarrollo tecnológico supere la capacidad normativa del Estado.
La preocupación radica en que el despliegue de redes 5G servirá de soporte para servicios esenciales como hospitales conectados, puertos automatizados, transporte inteligente, redes eléctricas, operaciones financieras en tiempo real y otras infraestructuras cuya interrupción podría afectar el funcionamiento del país.
En ese contexto, la regulación deja de ser un asunto exclusivamente tecnológico para convertirse en un tema de política pública, resiliencia nacional y seguridad del Estado.
Un país más conectado también enfrenta mayores riesgos
La posición geográfica y económica de Panamá convierte al país en un punto estratégico para el comercio y las comunicaciones internacionales.
El Canal de Panamá, los puertos, el centro financiero, la conectividad aérea y la red de cables submarinos hacen que el territorio concentre infraestructuras cuya importancia trasciende las fronteras nacionales.
Precisamente por esa relevancia, el país también está más expuesto a amenazas cibernéticas sofisticadas, incluidas aquellas vinculadas a disputas geopolíticas o a actores patrocinados por Estados que buscan afectar servicios estratégicos.
El debate internacional también ha puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar los riesgos asociados a determinados proveedores tecnológicos sujetos a marcos jurídicos y geopolíticos distintos, incluidos algunos fabricantes de origen chino, con el fin de fortalecer la seguridad de las redes críticas mediante procesos transparentes y sustentados en evidencia.
La llegada de 5G amplía los desafíos
La quinta generación de redes móviles permitirá conectar millones de dispositivos y facilitar nuevas aplicaciones industriales y gubernamentales.
Sin embargo, esa misma capacidad también incrementa la superficie de exposición frente a posibles ciberataques si no existen estándares mínimos de protección, protocolos de respuesta y mecanismos efectivos de coordinación entre el Estado y el sector privado.
Actualmente, Panamá ha impulsado iniciativas de transformación digital y ha creado instancias de coordinación para fortalecer la ciberseguridad. No obstante, aún carece de una legislación integral que regule específicamente la protección de las infraestructuras críticas y las redes 5G.
Aspectos como las obligaciones de los operadores, la coordinación entre instituciones, la gestión de riesgos y los protocolos para responder a incidentes permanecen dispersos en distintas normas.
Referentes internacionales
Diversos países ya han avanzado en este tipo de regulación.
La Unión Europea, mediante la Directiva NIS2 y el EU 5G Security Toolbox, fortaleció la protección de sectores esenciales y estableció criterios para evaluar proveedores considerando riesgos geopolíticos y de la cadena de suministro.
Por su parte, Estados Unidos, a través de la Secure and Trusted Communications Networks Act, restringió el uso de fondos públicos para adquirir equipos considerados de alto riesgo e impulsó su sustitución en redes existentes.
En América Latina, Costa Rica aprobó un Reglamento de Ciberseguridad para Redes 5G que vincula esta tecnología con la protección de la privacidad, la resiliencia y la seguridad nacional.
Estos modelos coinciden en un principio: las redes de telecomunicaciones constituyen infraestructura estratégica y requieren una regulación específica.
Más allá de la tecnología
La regulación moderna en materia de ciberseguridad no solo establece requisitos técnicos. También incorpora responsabilidades institucionales, intercambio de información, notificación obligatoria de incidentes, planes de continuidad operativa, cooperación público-privada y mecanismos para evaluar la confiabilidad de la cadena de suministro.
Para Panamá, consolidar este marco legal también representa una oportunidad para fortalecer sus capacidades institucionales, unificar estándares entre operadores públicos y privados, mejorar la respuesta nacional ante incidentes y ofrecer mayor seguridad jurídica a las inversiones vinculadas con la economía digital.
Con el despliegue de la tecnología 5G cada vez más cercano, el desafío ya no es únicamente cuándo llegará esta infraestructura, sino bajo qué reglas operará y cómo se protegerán los servicios esenciales que dependerán de ella. La aprobación de un marco integral de ciberseguridad se perfila como uno de los principales retos para garantizar un entorno digital más seguro, resiliente y competitivo durante la próxima década.
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