Aguas residuales, una tarea pendiente

PANAMÁ. Las empresas panameñas caminan a paso lento en el tema del tratamiento de las aguas residuales, una exigencia de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) que fue establecida en el año 2000, y cuyo último plazo para cumplirla se venció en el mes de junio de 2007.

Un año después, sólo 195 empresas aplican prácticas de producción limpia y un 60% está en trámites de adecuar su sistema de tratamiento de las aguas residuales, de un universo 2 mil empresas que ha contabilizado la ANAM, requieren establecer este proceso.

El objetivo es que todas las empresas reutilicen sus aguas residuales o la descargen libre de contaminación al sistema.

Natalia Young, directora de Protección de la Calidad del Ambiente de la ANAM, sostiene que se han dado avances, pero aún queda mucho por hecer. Pero, de ¿dónde nace esta exigencia?

Las autoridades sostienen que se trata de una medida necesaria para elevar la competividad del país, cumplir con las exigencias de los convenios comerciales internacionales y sobre todo evitar que se continúe descargando en los ríos y quebradas, aguas contaminadas.

Sólo durante el pasado mes de octubre se impusieron sanciones cercanas al millón de dólares a empresas que incumplían las normas de uso de agua de suelo.

Young sostiene que no hay excusa para que los empresarios e industriales no empiecen a cumplir con esta normativa, porque, según dijo, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado apoyando este programa.

Y fue aún más allá, y expresó que los empresarios que argumentan que se trata de un proceso muy costoso que le resta conpetitividad, son aquellos que “se han quedado retrasado”.

Las sanciones a las empresas que rehúsen tratar sus aguas residuales pueden llegar hasta los 10 millones de dólares, dependiendo de la actividad que realice y el lugar en donde está descargando.

Pero el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Valerio De Sanctis, considera que a las industrias locales le será muy difícil cumplir con esta normativa, por lo oneroso que representa y añade que no tiene sentido potabilizar el agua que será enviada de vuelta al sistema de desagüe.