Un negocio poco rentable al país

PANAMÁ. Eliminar las equiparaciones de las concesiones es una de las prioridades del nuevo gobierno, que busca fondos para hacer realidad sus promesas electorales.

Y han descubierto que en este renglón, el Estado ha cedido demasiado y de lo que se trata ahora es poner en orden las cosas.

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, sostiene que “ha existido mucho libertinaje”.

Pero lo cierto es que las equiparaciones podrían endosarle a la nueva administración ingresos de al menos 140 millones de dólares anuales.

Vallarino considera que en el caso de los juegos de suerte y azar no se puede aplicar el mismo impuesto a los locales que sólo utilizan máquinas de juego, y a los casinos completos.

La propuesta del gobierno incluye elevar del 10% al 20% los impuestos, lo que le generaría ingresos anuales por el orden de $75 millones en este renglón.

En lo que respecta a las concesiones ubicadas en el sector de Amador los ingresos que se percibiarán rondan los 30 millones de dólares.

El propio presidente de la República, Ricardo Martinelli, en su última incursión por este sector dijo que hay un pequeño grupo de empresarios “que quieren hacerse los locos”.

El caso más sensible lo constituyen los puertos. Los concesionarios pagan al Estado seis dólares por cada contenedor que ingresa a los puertos.

Pero las autoridades consideran que el Estado sólo está percibiendo el 50%, pues argumentan que en todos los puertos del mundo se paga por movimiento de contenedor, cuando entra al puerto y cuando sale. Y además, en Panamá rige una tarifa única, sin importar el tamaño del contenedor. Vallarino declaró hace poco en un programa televisivo que “este es un gobierno de empresarios”, pero eso no significa que vayan a apadrinar estas situaciones.

En el último año los puertos panameños movieron 4.2 millones de contenedores. Fuentes del gobierno indicaron que el Estado obtuvo ingresos por alrededor de 20 millones de dólares en este renglón, por lo que la nueva medida podría adicionar al menos otros 20 millones en ingreso. El tema portuario es el más complejo por las implicaciones legales. Los operadores portuarios se han mantenido cautelosos en este tema, en espera del desenlace de esta situación. Pero el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira, considera que se trata de un asunto “delicado”, donde las autoridades deberán maniobrar con cuidado para salvaguardar los bienes del Estado, sin afectar la seguridad jurídica. El temor de Moreira es que estas acciones puedan desalentar las inversiones extranjeras.