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02 de Apr de 2020

Economía

Rechazan ley de equiparación

PANAMÁ. El proyecto de ley que proscribe la equiparación en los contratos con el Estado sigue su curso en la Asamblea Nacional de Diput...

PANAMÁ. El proyecto de ley que proscribe la equiparación en los contratos con el Estado sigue su curso en la Asamblea Nacional de Diputados.

En la Comisión de Hacienda se inició ayer el período de consultas y le tocó el turno a los representantes de los puertos Balboa, Manzanillo International Terminal (MIT), Colón Container Terminal (CCT) y Cristóbal.

Para Carlos Urriola, gerente general de MIT, la ley le resta competitividad a los puertos panameños y sostiene que se debe dialogar para encontrar una salida que beneficie a las partes. De acuerdo con Urriola, antes que se dieran concesiones, los puertos sólo desembarcaban en el país unos 100 mil contenedores al año, hoy la cifra supera los 4 millones.

“Se le está pegando al sector en un peor momento”, cuando el movimiento de carga ha disminuido y las navieras están pidiendo rebajas a los puertos, destacó Urriola.

Rommel Troesch, gerente de Mercadeo de Panama Ports, operaria de los puertos Balboa y Cristóbal, sostiene que se trata de una actividad muy competitiva, donde cualquier medida que afecta el movimiento de contenedores impacta en todo el sector marítimo.

Troesch dijo que en 1997 sólo llegaban dos barcos al mes a Balboa, hoy esa cifra supera los 130 buques, debido a las inversiones realizadas.

En el 2008, los puertos de Balboa y Cristóbal pagaron en impuestos 8 millones de dólares, MIT 11.5 millones de dólares y CCT 4 millones de dólares.

Sólo Panamá Ports en su contrato original con el Estado, se comprometía a un pago anual de 22 millones de dólares.

Las discusiones sobre esta ley se centrarán en la intención del gobierno de cobrar por metro cuadrado de concesión y por cada movimiento (salida y entrada) de los contenedores.

El período de consultas culmina el próximo martes 4 de agosto cuando deberán comparecer las representantes de los casino y del Partido Popular. El presidente de la Comisión de Hacienda, José Blandón, informó que el 11 de agosto se estaría dando el primer debate a este polémico proyecto.

La mayor preocupación del diputado opositor, Freidi Torres, radica en que el carácter retroactivo de la ley, puede afectar la seguridad jurídica, “situación que desalentaría las nuevas inversiones”.