Indignación en Tocumen: más de 14 días sin agua y represión para quienes protestan

“Este gobierno de Mulino es represivo y no respeta a nadie”, denunció la representante del corregimiento de Tocumen, Arielis Barría, luego de que, según su versión, fuera golpeada por unidades antidisturbios de la Policía Nacional durante una protesta comunitaria por la falta de agua potable, la noche del martes 15 de julio.

Barría, quien participó en un bloqueo de la vía junto con residentes del sector, aseguró que la agresión ocurrió mientras intentaba mediar entre los manifestantes y los agentes policiales con el fin de lograr la reapertura pacífica del tránsito. “Lo único que hacen es reprimir a las personas que exigen el derecho al agua”, expresó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde también responsabilizó al Gobierno nacional por el uso excesivo de la fuerza.

La protesta tenía como telón de fondo los constantes cortes en el suministro de agua potable que afectan a numerosas barriadas del corregimiento, como La Siesta, Hacienda Santa Fe, Villa Luchín y otras. Los residentes denuncian que han llegado a pasar hasta 14 días sin agua, lo que los obliga a buscar fuentes alternas, comprar botellas o incluso ausentarse de sus trabajos por no poder atender sus necesidades básicas de higiene.

La Policía Nacional negó las acusaciones de Barría. Su director, Jaime Fernández, afirmó que los agentes no portaban toletes y aseguró que la representante del corregimiento adoptó una actitud hostil, llegando incluso a agredir físicamente a tres uniformados, uno de los cuales resultó herido.

A través de un comunicado emitido el mismo 15 de julio, la institución sostuvo que, mientras atendían la situación de orden público en Tocumen, Barría reaccionó de forma agresiva y que, pese a los llamados al diálogo, persistieron las agresiones contra los agentes. Como resultado, tres personas fueron trasladadas a la subestación de Tocumen y el tránsito fue restablecido posteriormente.

“La Policía Nacional reitera su compromiso de garantizar el libre tránsito, tal como lo establece el ordenamiento legal vigente”, expresó la entidad.

En respuesta, la representante exigió al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, la destitución inmediata de los agentes que presuntamente la agredieron. También instó al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, y al presidente José Raúl Mulino, a presentar su renuncia por “incompetencia” ante el manejo de la crisis del agua.

El abogado especializado en derecho penal, filosofía del derecho y derechos humanos, Silvio Guerra, se sumó a las voces críticas por lo ocurrido en Tocumen. En declaraciones a La Estrella de Panamá, calificó el incidente como “una indignación y un reproche absoluto” al accionar policial contra una autoridad elegida que se encontraba acompañando a la comunidad en una reclamación social legítima.

Guerra recordó que la representante no estaba cometiendo ningún delito al participar de la protesta como figura pública del corregimiento. Añadió que la actuación de los agentes fue “contra derecho, ilegal y violatoria de los derechos fundamentales de ella como ciudadana y como representante”.

El jurista explicó que la Policía Nacional no tiene autoridad para ordenar detenciones, ya que estas deben ser dispuestas por jueces u otras autoridades competentes, y agregó que los agentes violaron sus propios protocolos al no respetar lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que exige informar de inmediato y en lenguaje comprensible a toda persona detenida sobre las razones de su privación de libertad.

“La forma en que la Policía procedió contra esta mujer —dama antes que representante— deja mucho que decir”, sostuvo Guerra. Afirmó además que, ante bloqueos en la vía pública, la institución está obligada a aplicar medidas de “disuasión policiva” que privilegien el diálogo y la persuasión antes del uso de la fuerza.

“El hecho de que la representante mostrara heridas visibles en el brazo y la cabeza evidencia un posible caso de abuso de autoridad y una infracción de los deberes de los servidores públicos, tipificada en el artículo 355 del Código Penal”, advirtió.

En redes sociales, el abogado también expresó su respaldo a la ciudadanía que se manifiesta.

Mientras el conflicto institucional sigue escalando, los residentes de Tocumen expresan su frustración con el servicio básico más esencial: el acceso al agua potable. En declaraciones recogidas por La Estrella de Panamá en el sector del Puente de Belén, los moradores dijeron que las tuberías dañadas de cuatro pulgadas, combinadas con el abandono de las autoridades, generan desperdicio de agua en zonas cercanas al río, mientras que en sus casas el agua simplemente no llega.

Manuel Cruz, vecino del área, relató que debe invertir más de 30 dólares al mes en garrafones para abastecer a su familia. “Prefiero gastar eso a que mis hijas y nietos tengan problemas intestinales. Ya no confío en lo que sale del grifo”, dijo. Otros habitantes reportan que deben comprar tanques, bombas y agua embotellada, y que muchos han perdido días de trabajo o han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por no poder bañarse.

Las quejas no solo se presentan en Tocumen, sino en el pleno de la Asamblea Nacional. Diferentes diputados se expresaron ante lo ocurrido el pasado 15 de julio y calificaron el suceso como una “represión”.

El diputado Roberto Zúñiga Alvarado exigió al Estado “generar un plan que defina soluciones a la problemática del agua potable en el país”.

El caso de Tocumen se suma a una cadena de denuncias recientes contra la Policía Nacional por el uso desproporcionado de la fuerza durante protestas sociales. En Bocas del Toro, Changuinola y Arimae, la CIDH ha reportado desalojos violentos, detenciones arbitrarias y ataques a comunidades indígenas. Imágenes documentadas por medios y agencias internacionales muestran a agentes armados operando en zonas de protesta, pese a que el ministro Ábrego ha declarado que ello va en contra del reglamento.

En este contexto, la más reciente encuesta de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, revela que la Policía Nacional es una de las instituciones con menor credibilidad del país, con apenas 5,6 % de confianza ciudadana. Le siguen la Caja de Seguro Social, mientras que en la cima del ranking se ubican la Iglesia católica, las universidades y el Sinaproc.

“Se observa una caída generalizada respecto a marzo en casi todas las instituciones, y un crecimiento sostenido del escepticismo: el grupo que no confía en ninguna institución alcanza 18,6 %”, concluye el informe. En medio de esa desconfianza, incidentes como el de Tocumen parecen profundizar la brecha entre ciudadanos y autoridades.