Concesiones descontroladas

PANAMÁ. El gobierno ha estado muy agresivo en el tema de las concesiones en búsqueda de poner orden y de lograr “pagos justos” para el Estado. Pero de acuerdo con organizaciones no gubernamentales aún queda un tema pendiente: las concesiones de las fuentes hídricas.

En los últimos 10 años se han otorgado 764 concesiones, la mayoría ubicada en la provincia de Chiriquí. El Estado recibe dos centavos por cada litro de agua y es un pago que se hace anualmente.

Pero el cobro se realiza en base a las cifras que proporcionan los propios concesionarios, tal como ocurre en los puertos. Las autoridades no tienen certeza si se realiza una sobreexplotación o se cumple con las normas establecidas en el contrato de concesión.

Cuando se otorga una concesión se publica mediante edictos en los medios de comunicación escritos, para que los interesados presenten sus objeciones, pero el asunto es que éstas, se encuentran en su mayoría ubicadas en zonas rurales, donde la población tiene muy poco acceso a los periódicos.

Yakarta Ríos, presidente de la organización Consumo Ético, considera que la forma como se están otorgando las concesiones, no sólo viola la Constitución Nacional al poner en manos de particulares las fuentes hídricas del país, sino que pone en peligro el acceso a un elemento tan indispensable para la vida humana.

De acuerdo con Ríos las concesiones son otorgadas en un alto porcentaje a perpetuidad y su temor es que, al estarse concediendo sin mayores controles, llegue el momento en que el Instituto de Acueductos yAlcantarillados Nacionales (IDAAN) termine pagando a los concesionarios privados por el agua, pese a ser este un recurso nacional.

Entre las concesiones otorgadas, al menos 10 corresponden a empresas que utilizan el agua del país para embotellarla y enviarla al extranjero, "un negocio redondo donde los panameños están aportando uno de sus mayores recursos cambio de nada", sostiene Ríos.

La organización que preside Ríos, acudió a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional durante el período de consultas de la ley que elimina el concepto equiparación de los contratos del Estado, "pero nadie le hizo caso".

Incluso presentaron una propuesta para suspender el otorgamiento de concesiones hídricas hasta que el Estado realice un inventario de los recursos hídricos del país, tanto a nivel subterráneo, como superficial.

En esa ocasión, el diputado José Isabel Blandón, presidente de la Comisión de Hacienda, comentó entre los diputados de la bancada de gobierno, que para el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, esta sería una información valiosa, porque tendría de donde obtener nuevos ingresos.

Pero el tema no sólo se queda allí. El Tribunal Internacional del Agua condenó a Panamá en el 2008 por estar otorgando concesiones hídricas sin haber realizado un censo de todas sus fuentes hídricas. En otras palabras se están otorgando concesiones sin saber en definitiva con cuantos recursos hídricos se cuenta.

Y tomando en cuenta que el agua ya ha empezado a escasear en otros países, es un tema que debe atenderse con mayor profundidad.

Obtener una concesión dura unos dos meses y la entidad encargada es la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Silvano Vergara es el director nacional de gestión integrada de cuencas de la ANAM, y acaba de llegar al cargo, pero a primera vista se puede observar que es un conocedor del tema. Sin embargo, no puede hacer nada, sino lo que la ley le indica.

El funcionario señala que si alguien considera que la ley que regula el tema de las concesiones hídricas es inconstitucional, debe recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

En lo que sí está seguro, es que el país debe sacar algún provecho del agua, porque al final está termina perdiéndose en el mar, siempre que se haga con racionalidad.

De acuerdo con Vergara las concesiones que se han otorgado no ponen en peligro las fuentes hídricas de la Nación, sino que éstas se otorgan para respaldar el desarrollo industrial y agrícola del país.

Los afectados por el tema de las concesiones son las residentes en las regiones indígenas. Bolívar López, miembro el Consejo General Kuna, considera que si no se regula adecuadamente el tema, muchas comunidades tendrían que desplazarse, porque quedarían sin acceso al agua de los ríos, por estar en manos de concesionarios privados. Y esto se convertiría en un dolor de cabeza para el propio gobierno.