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30 de Mar de 2020

Economía

Tarjetas de crédito, en la mira de la Asamblea

PANAMÁ. Las tarjetas de créditos son un negocio redondo. . En Panamá existe más de medio millón de tarjetas de crédito con un saldo ce...

PANAMÁ. Las tarjetas de créditos son un negocio redondo.

En Panamá existe más de medio millón de tarjetas de crédito con un saldo cercano a los 800 millones de dólares. Pero se han atendido muchas quejas sobre los abusos cometidos por algunos agentes económicos en contra de los consumidores.

El tema se discute actualmente en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados a través del proyecto de Ley Nº 50, “por el cual se tutelan los derechos de los usuarios de la tarjetas de créditos y otras tarjetas de pago electrónico. Una subcomisión presidida por el diputado Miguel Alemán iniciará hoy el período de consultas.

El proyecto de ley busca establecer intereses fijos, limitar la capacidad de endeudamiento y conferírselo a las entidades financieras con licencia bancaria expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para la prestación de este servicio.

Para el proponente del proyecto, el diputado Alcibiades Vásquez se trata de un tema que debe regularse “porque existen muchos abusos y no hay límites en los créditos e intereses”. Las personas reciben a veces dos o tres tarjetas, sin tener un idea exacta sobre las consecuencias de no manejar adecuadamente este mecanismo, advirtió.

La Asociación Bancaria de Panamá no fue tomada en cuenta en la elaboración del proyecto, pero aún así el vicepresidente ejecutivo de la ABP, Mario De Diego, dijo que están dispuestos a participar en el análisis del proyecto. Y aunque ya la banca está debida y rigurosamente regulada, “sí se debe adoptar una reglamentación para aquellas empresas que, como señalan los proponentes en su exposición de motivos, operan sin ningún tipo de reglamentación ni supervisión”, detalla De Diego.

En representación de la ABP participa en las discusiones Jaime Moreno, gerente general del BAC. Sin embargo, De Diego advierte que el limitar las fuentes de crédito obliga a las personas a recurrir a los oferentes de préstamos informales con “costos criminales” y sostiene que una industria tan sensitiva como la banca, “no debe estar sujeta a una supervisión multidisciplinaria y confusa”.