Cuando los Estados venden sus activos

ESPAÑA. Grecia vive estos días acuciada por un déficit y una deuda públicos galopantes.

Como todos los países desarrollados —aunque en mayor medida que el resto—, el nuevo Gobierno de Atenas tiene que hacer frente al pesado legado de la crisis financiera.

Llega la hora de pagar la factura y no hay arcas que lo resistan.

El Ejecutivo de Giorgos Papandreu ya ha anunciado un plan de ajuste que incluye rebajas de salarios de funcionarios, recortes de partidas presupuestarias, una reforma para combatir la evasión fiscal.. y un plan de privatizaciones.

Es la vuelta de las privatizaciones como fórmula para intentar reducir los graves desequilibrios presupuestarios.

La situación de la economía española no es tan acuciante, pero tampoco es fácil.

Un déficit previsto para este año del 9.5% del PIB y una deuda equivalente al 66% el año que viene vuelve a suscitar el debate de las privatizaciones como instrumento para facilitar el ajuste.

En España, la venta de empresas y activos en manos del Estado tuvo dos etapas claramente diferenciadas.

La primera comenzó a mediados de la década de los ochenta, bajo gobierno del PSOE, que abrió el proceso de desinversión en las grandes empresas públicas, en su mayoría monopolios como Endesa, Repsol o Telefónica, y la liquidación total de posiciones en empresas de tamaño pequeño y mediano, como Textil Tarazona, Seat o Marsans.

En total, según datos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde 1984 se realizaron en España en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas. En términos monetarios, el Estado ingresó más de 13,200 millones de euros hasta 1996.

Pero la gran fase privatizadora estaba por venir. Entre 1996 y 2002, con el Gobierno del Partido Popular, se produjo la venta de las llamadas joyas de la corona.

Esa etapa convirtió a España en el segundo país en privatizar una parte mayor de su economía y una de las que más rápidamente lo ha hecho, sólo superada por la época thatcherista en Reino Unido. De ahí que lo que quede por privatizar, a efectos de hacer caja, sean participaciones muy reducidas.

La última gran privatización fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003.

Después se procedió a la privatización de Turbo 2000, empresa del sector aeronáutico, en el año 2004, operación que marcó, claramente, el fin del periodo.

Porque las operaciones llevadas a cabo desde entonces responden a la venta de algunas pequeñas empresas o de las participaciones residuales en Aldeasa, Altadis y Endesa, así como un 8.5% de Red Eléctrica y de algunos activos de IZAR en liquidación.

Por ejemplo, la participación que el Estado mantiene en Iberia, el 5.16% del capital, no reportaría a los precios actuales ni 100 millones de euros para las arcas públicas.

De otras empresas, no existe ningún plan de privatización pese a que pueda parecer extraño que algunas de ellas estén bajo control público.

Tampoco hay planes para ninguna de las empresas públicas del sector de la comunicación, la agencia Efe y el Grupo Radio Televisión Española.

“Eso sí que sería una decisión política, no dependería de nosotros, sino del Gobierno”, advierten desde la SEPI.

Como Grecia, otros países también acuden a la venta de activos públicos para cuadrar las cuentas públicas.