Convivienda: “Pudo haber excesos”

PANAMÁ. Las acusaciones contra la banca vertidas por el director General de Ingresos, Luis Cucalón, sobre irregularidades en la entrega de subsidios de interés preferencial a viviendas, sigue generando reacciones.

Como se recordará, el pasado día lunes el funcionario solicitó a bancos involucrados que devuelvan “varios millones de dólares” a las arcas del Estado por haber cobrado subsidios a viviendas que superaban los 80 mil dólares, entre otras razones.

Dentro de sus señalamientos, Cucalón también se refirió a empresas promotoras de viviendas como partícipes de irregularidades encontradas en la investigación.

Al respecto, Eduardo Ameglio, presidente del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), asociación que agrupa a 18 promotoras y 7 bancos, indicó que no descarta que se hayan podido producir irregularidades en algún proyecto.

“Toda actividad del ser humano es susceptible a dos cosas fuera de lo normal: errores y vivezas”, señaló, aunque no cree que esta situación “sea la regla general”.

Ameglio afirmó que posiblemente algunos vendedores de inmuebles se pudieron haber prestado para esta irregularidad presionados por alcanzar las cuotas de ventas exigidas por las empresas.

A su juicio, para esto se requiere de “un cliente vivo, una inmobiliaria inescrupulosa y un banco que se preste”.

El empresario defendió, sin embargo, la necesidad de continuar con la ley de interés preferencial, señalando que si hay errores en la aplicación, la función del Estado es regular las leyes y hacerlas cumplir.

Al paso de las denuncias de la DGI salió Mario de Diego, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, quien indicó

que la medida de suspender préstamos hipotecarios a bancos que han infringido la ley debe adoptarse solamente con aquellas instituciones que están cometiendo irregularidades, sin afectar a los bancos que están cumpliendo con la ley.

“No he tenido ninguna comunicación con la DGI. Se trata de un asunto oficial entre esta institución y los bancos investigados”, indicó.

Planteó que bajo la administración de Gisela de Porras, directora General de Ingresos del gobierno de Torrijos, surgió una situación similar. En aquella ocasión, mediante reuniones entre bancos y la DGI se aclararon las dudas en cuanto a la aplicación de la ley.

Por lo pronto, esta situación ha dejado sin efecto cerca de 2 mil préstamos cuyos propietarios deberán pagar con tasas más altas sin interés preferencial.