DGI podría cerrar y multar empresas

PANAMÁ. Una multa de hasta $5 mil y —en segunda instancia— el cierre del negocio, podría ser el pago que tendrán que asumir los empresarios, de no cumplir con la utilización de una impresora fiscal, así lo informó José Rivera, socio principal de la firma de abogados RBC Attorneys at Law, consultores de los aspectos legales del cambio de recaudación de impuestos.

NORMATIVA

De acuerdo con la Ley 8 de 2010, a partir del 1 de octubre todo contribuyente en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, profesionales o similares que expida una factura o documento equivalente, deberá utilizar una impresora fiscal.

Es decir, un equipo con un sistema especializado que le permita a la Dirección General de Ingresos (DGI) asegurar un registro verídico de las transacciones y evitar que los contribuyentes puedan alterar la información.

Según Rivera, este proceso de recaudación de impuesto a través de esta tecnología es tan obligatorio para cualquier empresa, como lo es tener un aviso de operación y es totalmente inviolable.

EXCEPCIONES

Las únicas empresas que no tendrán que acoplarse a la nueva norma de recaudación de impuestos serán aquellas que aún estén registrando sus ingresos a través de recibos, las que realicen operaciones de transporte nacional de personas y aquellas cuyos ingresos sean del sector agrícola.

Las operaciones bancarias, ya sea de financieras o cualquier entidad de ahorro y prestamos, también están exentas de la utilización del equipo fiscal.

Mientras que las empresas de bienes raíces, solo estarán exoneradas cuando se trate de ventas de inmuebles, mas no cuando se trate de arrendamientos.

COSTOS

El precio de los equipos fiscales oscilan entre los $800 y $1,500, dependiendo del modelo requerido para la empresa. Sin embargo, la DGI podría reconocer a los usuarios un crédito fiscal por un monto equivalente al 50% o hasta $700 —el que sea menor—, calculado en base al valor total de la inversión de cada uno que se haya adquirido hasta el 30 de septiembre de 2011.

Desde el pasado 8 de junio, la DGI autorizó a siete empresas con 13 equipos fiscales para la distribución de más de 150 mil máquinas a nivel nacional, según los comerciantes.