Trabajo forzoso produce $12,000 millones anuales

Los 1.8 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en América Latina y el Caribe generan ganancias anuales por 12 mil millones de dólares a sus explotadores, señaló ayer la directora de la OIT para la región, Elizabeth Tinoco.

La representante para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio estas cifras durante la inauguración de una reunión en Lima de delegaciones de Brasil y Perú con el objeto de diseñar un proyecto de cooperación conjunta para luchar contra el trabajo forzoso.

Tinoco manifestó que el trabajo forzoso genera ganancias por 150 mil millones de dólares anuales, de los que la mayor parte, 99 mil millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.

El Gobierno de Brasil reconoció oficialmente en 1995 la existencia del trabajo forzoso en el país, y desde ese año hasta 2013 ha rescatado a más de 46 mil trabajadores de esa condición, según información del Ministerio brasileño de Trabajo y Empleo.

Tinoco indicó que en Perú se han identificado las prioridades y los sectores donde es necesario actuar con rapidez, como los de minería y tala de madera ilegal. La viceministra peruana de Trabajo, Sylvia Cáceres, informó por su parte de que los funcionarios a cargo de la inspección del trabajo forzoso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) serán capacitados para poder fortalecer su especialización y erradicar este problema en el país.

Cáceres dijo que Perú ha aprobado una directiva sobre prevención de trabajo forzoso en las agencias de empleo, ha creado un grupo especial de inspección de trabajo contra el trabajo forzoso y trabajo infantil, y ha impartido capacitaciones virtuales y presenciales a funcionarios y ciudadanos interesados.

Por su parte, Brasil ha desarrollado los Grupos Especiales de Fiscalización Móvil, integrados por los inspectores de trabajo, los procuradores de trabajo y la Policía Federal, destacó la viceministra peruana.

Además, la OIT exhortó a los Estados a adoptar iniciativas concretas e inmediatas para abordar con medidas de disuasión el trabajo forzoso y la trata de humanos.