Gobernabilidad y burocracia

PANAMÁ. El Banco Mundial elabora anualmente desde una evaluación denominada Worldwide Governance Indicator (Indicador Mundial de Gobernanza), que mide la situación de la gobernabilidad de casi 200 países.

No existe por cierto un consenso definitivo sobre qué es ‘gobernanza’. Sin embargo, para efectos de esta medición el concepto equivale a la calidad de las instituciones y normas a través de las cuales las autoridades ejercen el poder en un país. Esto incluye entre otros, los procesos a través de los cuales éstas son seleccionadas, rinden cuentas, y los mecanismos mediante los cuales las mismas son eventualmente reemplazadas.

Dicha medición se centra en el análisis de seis indicadores agregados y se basa a su vez en un sistema de ranking porcentual que permite conocer qué nivel ocupa un país frente a todos los demás. Por ejemplo, un ranking percentil de 25% implica que sólo el 25% de todas las demás naciones estarían por debajo y 75% por encima. Entre más alto el ranking, por supuesto mejor situado el país.

Los referidos indicadores incluyen la ‘efectividad del gobierno’, en el cual Panamá obtiene un nivel de entre 59% y 60% en los últimos años, el cual mide la percepción de los encuestados con respecto de la calidad de los servicios públicos en particular del servicio civil así como el nivel de independencia de éste respecto de las presiones políticas.

La definición de gobernanza obviamente apunta hacia la importancia por un lado de la calidad de un gobierno visto en términos de los servicios que provee lo que incluye desde infraestructura pública hasta el procesamiento de trámites (por ende mide la calidad burocrática y los posibles excesos de ésta).

También mide la calidad de la educación y la salud básica pública. Sin embargo, quizá, en lo que sea más crítico, es que mide cuál es la habilidad o capacidad de un gobierno para fomentar de manera efectiva lo que se define como consensos políticos.

Otro criterio, donde Panamá de paso obtiene una buena calificación es en cuanto a calidad regulatoria que en el 2011 fue de 66%, similar a los niveles obtenidos en anteriores años.

Este criterio mide la percepción respecto de la capacidad del gobierno para formular y ejecutar políticas que promuevan la iniciativa privada.

En contraste, un índice en el que Panamá aparece con una clara limitante es en cuanto al control de la corrupción en donde el país presenta un bajo ranking de 41% en el 2011, similar al promedio obtenido en años anteriores. Este factor a su vez mide el grado en el cual se ejerce el poder público con la finalidad de obtener lucro tanto de parte de los propios funcionarios así como mediante el trafico de la influencia de parte de particulares.

No hemos mencionado otros índices interrelacionados que juegan igualmente un papel crítico como voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, y estado de derecho cuyas puntuaciones en el 2011 fueron de 63%, 43%, 53.5% respectivamente.

Visto lo anterior se puede resumir que, el mejoramiento de la gobernanza no persigue exclusivamente un fin altruista per se sino también un objetivo estratégico u operativo. En tal sentido, se ha demostrado estadísticamente que este mejoramiento está asociado a superar problemas tan complejos como la reducción de la pobreza, o tan simples como el mejoramiento de servicios comunitarios —como construcción de aceras o letrinas—.

En materia de efectividad del gobierno (donde Panamá aparece medianamente ‘rankeada’) dicho elemento resultará decisivo en una etapa en la que el país requiere como factor irrenunciable estimular la productividad lo cual exige probablemente ciertas reformas políticamente sensibles.

El autor es analista del Centro de Competitividad