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28 de Ene de 2023

Economía

Ngäbe buglés se oponen a Chan II

PANAMÁ. Mientras el Gobierno Nacional continúa con sus planes de construir la hidroeléctrica Changuinola II (Chan II) —ubicada en la reg...

PANAMÁ. Mientras el Gobierno Nacional continúa con sus planes de construir la hidroeléctrica Changuinola II (Chan II) —ubicada en la región de Bocas del Toro— los indígenas del área se preparan para manifestarse en contra de su desarrollo.

Hace algunas semanas, el secretario de Energía, Vicente Prescott, indicó que ya había avances del proyecto.

‘Ya hay estudios de impacto ambiental, ya hay todo..., estamos andando rápido’, afirmó Prescott.

En cuanto a los indígenas, el funcionario dijo que se había tenido algún acercamiento con ellos porque —aseguró— se quiere ‘hacer las cosas bien e involucrarlos desde el principio’. Uno de los puntos que se han analizado es su reubicación.

‘Estamos hablando con el grupo de la comunidad que tiene que ser remplazada por el embalse’, aseguró el funcionario.

Este es el único proyecto grande que actualmente está en planes, y con el crecimiento de la demanda se necesita incorporar al sector. Sin embargo, existe un fuerte rechazo de las comunidades indígenas de Ño Kribo (una de las tres regiones en que se divide la comarca Ngäbe-Buglé) al proyecto hidroeléctrico Chan II.

Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de Abril, explicó que este grupo ambientalista se mantiene en alerta puesto que —al igual que los otros proyectos (Chan 75, Tabasará II, venta de tierras en Kusapín, Barro Blanco)— las comunidades indígenas los rechazan, frente a la insistencia de las empresas por defender sus bondades y el gobierno, que de alguna manera intenta respaldar a los empresarios que están detrás.

Miranda agregó que reunidos en el Congreso General —máximo órgano de decisión de la comarca—, el cual fue realizado el pasado 6 y 7 de marzo, todos los caciques acordaron expresar su rechazo a este tipo de actividades.

‘Los proyectos hidroeléctricos no representan ningún progreso, nos quieren desterrar de nuestra Madre Tierra, ya varios hermanos han pagado con su vida esta lucha que hemos venido desatando gobierno tras gobierno y seguiremos en la lucha’, precisó.

Adelaida Miranda, otra indígena que conoce muy bien la realidad de los ngäbe-buglés que viven en las riberas del río Changuinola —donde se construiría la hidroeléctrica Chang II— destacó que la población vive en preocupación constante. Los representantes de este proyecto hidroeléctrico están en el área, incluso recientemente realizaron un foro público, pero resalta que la posición de las comunidades es la misma: ‘no lo queremos’.

Aseguró que más de 500 indígenas tendrían que ser desalojados de sus tierras. Ella se refiere a los moradores de Guayacán, Culebra y Norteño, entre otras comunidades.

Estas áreas no están delimitadas dentro de la comarca ni como áreas anexas, situación que les preocupa.

Cuando se hizo la delimitación de las áreas anexas comarcales no se incluyó las tierras de la región Ño Kribo (Bocas del Toro). Sin embargo, Miranda afirma que si bien es cierto que se tienen que establecer los límites de estos terrenos, muchas comunidades indígenas han heredado estas tierras, que se han convertido en importantes asentamientos que han pasado de generación en generación y por ende —recalca— les pertenecen por derechos posesorios.

La Ley 10 del 7 de marzo de 1997, por la cual se crea la comarca Ngäbe-Buglé, en su artículo 16 señala que ‘el Estado reconocerá los títulos de propiedad y los derechos posesorios de todos los indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, residentes en el área, que quedan fuera de los límites de la Comarca, establecidos de conformidad con las disposiciones legales vigentes y de acuerdo con el inventario tenencial realizado por Reforma Agraria’.

Lo cierto es que el grado de rechazo o aceptación al proyecto Chan II podría despejarse dentro de poco. Ausencio Palacios, secretario de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales, explicó que con respecto a Chan II, en la segunda semana de abril se podría estar realizando una gira de consultas en las comunidades para conocer cuál es su opinión al respecto. La decisión se conocería un año después de lo pactado en la mesa del diálogo, el 15 de marzo de 2012.