Cumplir un ‘dream’

Cuando uno habla con los DREAMers —esos inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres— lo que se oye más a menudo es que lo que quieren es proseguir con sus vidas.

Estos jóvenes están en la versión legal de un agujero negro. Pero a diferencia de muchos de los que escogen venir a este país ilegalmente, no pueden encontrar el camino a casa. Porque ésta es su casa.

Encontrar la manera en que los DREAMers se queden en el país es sólo el primer paso. Después de eso, proseguir con la vida significa obtener una licencia de conducir, un permiso de trabajo, poder solicitar el ingreso universitario y —el rubro de la lista al que a menudo no se presta atención— poder pagar la matrícula, una vez que a uno lo admiten.

En muchos casos, es necesario un número de Seguridad Social válido para solicitar asistencia financiera federal, y pasar por ese proceso es un requisito para poder solicitar asistencia económica de una universidad. Así pues, los DREAMers están estancados.

Ahora, dado que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son hispanos —de México, El Salvador, Guatemala, etc.— el Hispanic Scholarship Fund (HSF) quiere ayudar a sacarlos del estancamiento.

En 2012, el HSF concedió 5.116 becas a estudiantes hispanos que se las merecían y que planeaban asistir a una universidad acreditada, o que estaban ya inscriptos en una de ellas.

El presidente y Director Ejecutivo de HSF, Fidel Vargas, recientemente anunció que su organización —que dona unos 30 millones de dólares por año— planea otorgar becas a inmigrantes indocumentados que piensan asistir o están actualmente inscriptos en una universidad acreditada.

He aquí el problema: Para poder recibir una beca —cuya cantidad promedio es 2.500 dólares— un estudiante debe haber recibido del gobierno de Obama una acción diferida temporaria, por medio del programa conocido como Acción Diferida para los que Llegaron de Niños (DACA, por sus siglas en inglés).

Bajo DACA —que se creó no por medio de una acción ejecutiva sino por una modificación de normas en el Departamento de Seguridad del Territorio— los estudiantes pueden obtener un aplazamiento de la deportación de dos años y un permiso de trabajo. El programa fue dado a conocer por el presidente Obama el 15 de junio de 2012. Según datos reunidos por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, entre el 15 de agosto de 2012 y el 30 de junio de 2013, se recibieron 537.662 solicitudes de acción diferida y se aprobaron 400.562.

Las becas en cuestión no provienen de fondos públicos, sino de dinero privado. Aún así, esta medida será probablemente controvertida.

Así pues, busqué a Vargas —que además es un viejo amigo y mi ex compañero de cuarto— y le pedí que me explicara el cambio de política y los estudiantes a quienes intenta beneficiar.

‘Están en una zona gris,’ me dijo. ‘Técnicamente, tienen documentación. Pueden trabajar y recibir otros beneficios. Tienen categoría legal dentro de los Estados Unidos. Y por eso, otras organizaciones sin fines de lucro y nuestro asesor legal han sugerido que estos estudiantes estén habilitados para recibir becas’.

Pero y qué de aquellos estadounidenses —entre ellos muchos hispanos nacidos en los Estados Unidos— que dirán que los programas de becas como éstos deben tener el principal objetivo de asistir a ciudadanos estadounidenses? Vargas no está de acuerdo.

‘Es miope pasar por alto estudiantes talentosos que están procurando ser parte de los primeros de la clase, tanto en la secundaria como en la universidad,’ dijo. ‘A los efectos prácticos, son estadounidenses. Aún deben competir con los otros estudiantes solicitantes, con las mismas exigencias —ensayo, calificaciones, recomendaciones, necesidad económica. … Y los que son indocumentados [y no tienen categoría diferida] no están habilitados.’

Como DACA no fue el producto de una orden ejecutiva, no está en terreno firme. El Departamento de Seguridad del Territorio podría rescindir esa norma en cualquier momento. También podría hacerlo el presidente y los tribunales podrían revocarla. Conectar un programa de becas con una medida tan inestable parece arriesgado.

‘Si el programa DACA es declarado inconstitucional o ilegal,’ dijo Vargas, ‘entonces rescindiríamos esa política.’

Para mi amigo —que tiene una Maestría en Administración de Empresas de Harvard y llegó al HSF de un mundo de administración de patrimonios privados— el objetivo de la nueva política no es sólo proteger los sueños de los indocumentados. Es también proteger una inversión.

‘Si invertimos en nuestro capital humano, entonces debemos continuar reinvirtiendo con el correr del tiempo,’ dijo. ‘Los hispanos serán pronto el 30 por ciento de la población de Estados Unidos. Gran parte de ello se debe a la inmigración. Por lo tanto, algo como esto es bueno para Estados Unidos.’

Una buena idea que es beneficiosa para los Estados Unidos. Parece de sentido común.

LA COLUMNA DE RUBÉN NAVARRETTE